En el mismo informe en que daba su aval a las previsiones económicas enviadas por el Gobierno de España a Bruselas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal llamaba la atención sobre una circunstancia: la información proporcionada por el Ejecutivo no le había permitido evaluar la consistencia de los supuestos sobre los que estaban construidas esas previsiones y, por tanto, sería necesario un análisis más profundo la próxima semana para afinar más ese diagnóstico y las mayor o menor plausibilidad de las mismas. Uno de esos supuestos -esencial, por ejemplo, a la hora de estimar los ingresos fiscales de 2020- es que la remuneración por asalariado en España va a crecer este año un 2%, exactamente lo mismo que lo hizo en el pasado ejercicio en un contexto de recuperación económica y presión al alza de los salarios que a día de hoy evidentemente ya no existe. ¿Es eso posible?
Tanto la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicaron en la rueda de prensa de presentación de estas cifras que su previsión en este sentido se sostenía en las subidas salariales medias acordadas en la negociación colectiva hasta la fecha (1,96% de media hasta el mes de marzo) y también en el hecho de que cerca de tres millones de funcionarios también han visto crecer sus salarios en un 2% este año 2020, como consecuencia de la aplicación del último segmento de la subida salarial plurianual pactada en el año 2018.
El Gobierno parece dispuesto a hacer su parte en este 'trato' y no tocar las retribuciones de los empleados públicos, cuyo mantenimiento en sus actuales condiciones se había puesto en duda en las últimas semanas. En la documentación enviada a Bruselas no sólo hablan de mantener la subida salarial "de hasta el 2,3%" prevista para este año sino también de cumplir con el compromiso del tramo de equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil comprometido para 2020.
Sobre esa base, y también sobre el bien entendido de que las personas que perderán su empleo están situados en los tramos retributivos más bajos, sostienen que la recaudación por IRPF y Renta de no Residentes apenas caerá un 2,4%, en un contexto en el que la economía se desplomará un 9,2%. El argumento proporcionado por la vicepresidenta de Asuntos Económicos se basa en que las medidas de contingencia dispuestas por el Gobierno se han orientado a sostener las rentas de varios millones de trabajadores -7,1 millones, según los datos oficiales- que de otro modo tal vez las hubieran perdido por completo.
La confianza gubernamental en el mantenimiento de los planes salariales que tenían las empresas para este año casa mal con lo que las organizaciones miembro de CEOE han trasladado al equipo de Antonio Garamendi. En las reuniones internas de la organización empresarial la habilitación de mecanismos ágiles que faciliten el descuelgue de sus compromisos salariales a las empresas más afectadas por la crisis ha sido una preocupación desde el minuto uno de la pandemia y, de hecho, la Junta Directiva de la organización ha mandatado a su equipo directivo para que acuerde con los sindicatos mayoritarios un mecanismo dentro de la negociación colectiva que facilite esa adaptación de manera pacífica a las empresas en problemas, en previsión de que se convirtiera en un problemas sino generalizado sí habitual.
Un dato avala el plan del Ejecutivo. A mes de marzo, empresas y sindicatos habían cerrado más de 2.300 acuerdos sectoriales, territoriales y de empresa que comprometen subidas salariales para seis millones de trabajadores. Pero estos acuerdos no están escritos en piedra y el propio Estatuto de los Trabajadores habilita canales para que las empresas puedan descolgarse de esos acuerdos cuando su situación financiera sea frágil o ponga en cuestión la propia supervivencia del negocio. Fuentes de la asesoría y la consultoría laboral reconocen que durante el mes de abril se han multiplicado las consultas de empresas en relación a este asunto. "La conclusión es clara: o salarios o empleo", indican.
¿Qué pasará con la regla de los seis meses?
El plan del Gobierno parece responder implícitamente a esta aparente alternativa: ¿Salarios o empleo? Salarios y empleo. El Ejecutivo no solo espera que los sueldos suban exactamente igual que lo hicieron en 2019 sino también que la sangría del empleo sea más o menos contenida.
Para el conjunto del año se espera que el número de empleados a tiempo completo sea inferior en cerca de 1,8 millones respecto a 2019, pero con la esperanza de que a final de año se llega con un número de ocupados inferior en alrededor de un millón a los que había un año antes. Teniendo en cuenta que según las estimaciones gubernamentales hay más de cuatro millones de trabajadores en ERTE y más de un millón de autónomos en cese de actividad, el Gobierno descuenta que de esos cinco millones de trabajadores al menos cuatro volverán a la actividad o se recolocarán antes de que finalice el año.
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