Acelera la petición a la Comisión

Calviño se lanza a por 70.000 millones de créditos UE en plena crisis de Ucrania

La vicepresidenta activa la maquinaria para incorporar una adenda al Plan de Recuperación y solicitar más fondos a Bruselas, incluidos los préstamos. Moncloa ultima el paquete específico de respuesta a la guerra.

Calviño
Calviño se lanza a por 70.000 millones de créditos UE en plena crisis de Ucrania
Europa Press

A la economía española le han sobrevenido dos crisis seguidas y, cuando el tejido productivo todavía no se había recuperado de la pandemia mundial, el conflicto bélico en suelo europeo amenaza con graves consecuencias a las empresas en el terreno nacional por la escalada de los precios de la energía y de las materias primas industriales, lo que presionará al alza la inflación e impactará en la capacidad adquisitiva de los hogares. Por eso el Gobierno trabaja a dos velocidades. Mientras la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, acelera la maquinaria para pedir a Bruselas el segundo tramo de los fondos europeos de recuperación y captar también la parte de los préstamos, Moncloa coordina un paquete de medidas interministerial para lanzar con carácter urgente un plan nacional de respuesta al impacto de la guerra.

En el marco del Plan de Recuperación, España ya ha cumplido con la mayoría de los 40 hitos y objetivos fijados -30 de reformas y 10 de inversión- para solicitar el segundo pago de fondos no reembolsables. Recordemos que este tramo de 12.000 millones, que depende, entre otras, de la reforma laboral y de la primera parte de la reforma del sistema de las pensiones, es el más voluminoso y se sumaría a los 10.000 millones de euros recibidos a finales de 2021 y a los primeros 9.000 millones que se entregaron en concepto de prefinanciación. En paralelo, Calviño prepara ya la solicitud de los 70.000 millones que corresponden a España en concepto de préstamos, según la asignación aprobada por Bruselas, que será revisada en función de la evolución real del PIB en 2020 y 2021. 

Para activar esa segunda fase, en la que España se endeudará para captar dinero adicional, el Gobierno tendrá que incorporar una adenda al Plan de Recuperación con la que será la primera petición de ayudas reembolsables, es decir, créditos. Pero no se trata de un mero apéndice al documento, sino que la solicitud tendrá que ir acompañada de un plan revisado que incluya hitos y objetivos adicionales. Y, según el reglamento, la Comisión tiene hasta el 31 de diciembre de 2023 para conceder al Estado miembro que lo solicite un préstamo para la ejecución de sus planes de recuperación.

Calviño, que hasta ahora estaba reteniendo la solicitud del segundo tramo y de los créditos, ha activado la maquinaria para iniciar cuanto antes el proceso, porque los trámites son procelosos y porque en el nuevo contexto que se abre tras el estallido de la guerra en suelo europeo urge captar recursos financieros. Fuentes del área económica del Gobierno admiten esta necesidad, aunque evitan concretar si el apartado de préstamos, acompañado de ese nuevo apéndice con hitos y objetivos adicionales, podría destinarse por alguna vía a paliar el eventual impacto del conflicto bélico sobre la economía española. Además, desde el Ministerio recuerdan que el plazo para realizar esta solicitud concluye en este primer semestre del año.

El desafío no es menor, pues a la escasa ejecución de los fondos se sumaría la incorporación de los créditos y el reto de que penetren adecuadamente en el tejido productivo es mayúsculo. "Es como regar un campo encharcado, Primero hay que dejar que el agua permee en la tierra antes de seguir inundando el terreno", compara un analista con experiencia en la gestión de administraciones públicas. "Si a esto sumamos que la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan gran parte de las empresas tras el golpe de la pandemia se va a ver agravada por el impacto económico de la guerra, el desafío al que se enfrenta el Gobierno para dar una respuesta adecuada a esta segunda crisis sobrevenida es mayúsculo", concluye.

Moncloa cambia el paso

Pero el Ejecutivo quiere cambiar ya el paso. En Moncloa son conscientes de que el foco de la preocupación social ya no está en la pandemia ni en los fondos europeos, sino en la crisis económica que pueda provocar la guerra iniciada por las tropas de Vladimir Putin en Ucrania, especialmente en la escalada de los precios de los productos energéticos y otras materias primas. Por eso, mientras Calviño acelera la petición de fondos de recuperación, Moncloa ultima el prometido paquete de medidas para dar respuesta al conflicto bélico. Se trata del bautizado como 'plan nacional de respuesta al impacto de la guerra', que anunció el presidente Pedro Sánchez la semana pasada y que se está terminando de perfilar con la colaboración de todos los ministerios y de los agentes sociales, a quienes se ha pedido aportaciones.

Entre las medidas se incluyen la prórroga hasta el verano de las medidas fiscales que afectan a la factura de la luz, así como de la minoración temporal del beneficio que obtienen las centrales eléctricas no emisoras de carbono, de las medidas de flexibilidad de los contratos de suministro de gas natural de los consumidores industriales o la reducción de los peajes de consumidores electrointensivos. También se va a extender el descuento del bono social eléctrico para consumidores vulnerables y se va a dotar una partida para acelerar el autoconsumo eléctrico, eliminando barreras ligadas a la conexión. Todas estas medidas, entre otras, se activarán a nivel nacional, a la espera de poner en marcha otras a nivel europeo como el desacople del precio del gas del recibo de la luz o fijar precios máximos de la electricidad.

En paralelo, el Gobierno está promoviendo con los agentes sociales la firma de un gran pacto de rentas. El objetivo principal que ha trasladado Pedro Sánchez a la patronal y los sindicatos es alcanzar un acuerdo de país que proporcione estabilidad tanto desde la perspectiva de los costes salariales como desde la contención de los beneficios empresariales, evitando caer en una espiral inflacionaria que ponga en riesgo la recuperación. Pero tanto la CEOE y Cepyme como CCOO y UGT tienen en marcha su propia mesa del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), donde se fija la recomendación de subida salarial de los convenios, y ya han manifestado que no van a aceptar presiones del Gobierno si no se incorporan otros asuntos a ese gran pacto de rentas que demandan como respuesta a la guerra.

 

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