Calviño frena a Díaz e impone el veto al despido solo si la empresa recibe ayudas

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha frenado las pretensiones de la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, de imponer un veto generalizado al despido objetivo como consecuencia de los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Según ha podido saber La Información a través de varias fuentes gubernamentales y del ámbito del diálogo social, Díaz ha peleado hasta esta misma mañana por incorporar esa medida, pero Calviño la ha acotado y ha logrado imponer su postura. Finalmente, el paquete que aprobará este martes el Consejo de Ministros incorporará la prohibición de despedir, pero solo para las empresas que reciban ayudas públicas durante esta crisis.

Díaz quería recuperar la prohibición del despido objetivo, una medida que se aprobó al principio de la pandemia y que suscitó una gran oposición entre los empresarios por restringir la libertad de empresa y un importante embrollo judicial, porque se produjeron discrepancias entre los jueces sobre si estos despidos resultaban improcedentes -y tenían que ser indemnizados con 33 días por año trabajado, frente a los 20 días del despido objetivo- o nulos -con readmisión en la empresa-. Ahora, la vicepresidenta segunda quería volver a incorporar este veto para prohibir a las empresas que justifiquen sus despidos por la afectación de la crisis económica que está provocando la guerra desatada en suelo europeo por la invasión rusa de Ucrania.

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Pero la vicepresidenta económica se ha plantado. Fuentes del Gobierno explican que este ha sido uno de los asuntos más espinosos y que ha costado más cerrar dentro del paquete de medidas laborales que se incorporará al real decreto-ley de respuesta al impacto económico de la guerra que aprobará el Consejo de Ministros este martes. Esta misma mañana, Díaz y Calviño han llegado a un consenso que pasa por prohibir el despido solo a las empresas que reciban ayudas públicas. No solo en el caso de que activen herramientas de flexibilidad interna como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o el mecanismo RED, sino también si cobran ayudas directas del Estado o reciben créditos ICO con aval público.

La propia Calviño dejaba caer esta mañana que el veto solo afectará a las empresas que reciban ayudas públicas. "Estamos trabajando en medidas que garanticen que las empresas que reciben ayudas directas no dediquen esos recursos a despedir a los trabajadores", afirmaba la titular económica del Gobierno en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la Asamblea General de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). La vicepresidenta evitaba confirmar si se vetará el despido objetivo a las empresas que no reciban ayudas públicas y dejaba la explicación sobre el detalle de esta medida para después del Consejo de Ministros de mañana. Pero fuentes gubernamentales confirman a este medio que la prohibición solo aplicará a las compañías que obtengan dinero público en esta crisis.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba a primera hora de este lunes en el acto de presentación del plan de choque contra la guerra que se adaptarán medidas de protección del empleo, "evitando el despido", pero no entraba al detalle del asunto. Tras la intervención de Sánchez, Díaz afirmaba ante los medios de comunicación que el Ejecutivo estaba lanzando un "mandato claro". "No tenemos que despedir a nadie, hay que ir a un ERTE y, en caso de que se haga mal uso del mismo, las empresas que acudan tendrán que devolver las ayudas públicas recibidas y, por supuesto, no podrán despedir a las personas trabajadoras que acudan a este mecanismo". En un tuit posterior, la vicepresidenta trasladaba el siguiente mensaje:  "Blindaremos una vez más el empleo, aplicando los ERTE y prohibiendo el despido, para proteger el tejido productivo, los salarios y a las familias".

Hay que recordar que la reforma laboral ya hizo permanente la prohibición de despedir a los trabajadores en los seis meses posteriores al ERTE y castiga a las empresas que incumplan este requisito con la devolución de todas las ayudas percibidas en concepto de exoneración de las cotizaciones sociales. Lo que quería Díaz ahora es recuperar el veto al despido objetivo que operó desde el inicio de la pandemia. En este caso, prohibiendo de facto a las compañías pagar solo 20 días de indemnización alegando causas económicas motivadas por la guerra y forzando a incrementar las indemnizaciones hasta los 33 días o readmitir a los trabajadores en el caso de que un juez terminara por considerar nulo el despido. Pero Calviño ha frenado sus pretensiones y limitado el alcance de su propuesta, según las fuentes consultadas.

No es la única medida que no ha logrado incorporar Yolanda Díaz al plan nacional de respuesta a la guerra. La vicepresidenta segunda del Gobierno también pretendía prohibir a las empresas bajar los sueldos con motivo de la crisis energética y lleva semanas presionando a Sánchez y Calviño para incorporar en el paquete de medidas laborales una modificación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que permite a los empresarios modificar las condiciones laborales del trabajador de manera unilateral, entre ellas el salario. La limitación de este apartado de la legislación estuvo sobre la mesa de negociación de la reforma laboral, pero finalmente se quedó fuera de la ley estrella de Díaz por el rechazo de la patronal. Ahora, Sánchez ha optado por que este asunto se debata en el marco del pacto de rentas con los agentes sociales y no lo incluirá en el decreto de este martes.