Nuevo choque en el Gobierno

Calviño frena la reforma laboral de Díaz para evitar que la UE paralice los fondos

La vicepresidenta económica maniobra para hacerse con las riendas de las negociaciones con la patronal y los sindicatos en la recta final del plazo pactado con Bruselas. La Comisión pide detalles sobre los avances.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, interviene en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). En esta sesión, la primera del nuevo curso político, el Gobierno deberá responder a la pregunta del PP sobre la subida del recibo de la luz, y sobre qué planes tiene para reducirlo. Un importe que ha ido marcando nuevos récords y que este mismo miércoles marca un máximo histórico con 172,78 euros megavatio hora (MWh). Asimismo, el Ejecutivo será cuestionado sobre las razones que le han motivado para suspender la inversión de 1.700 millones de euros para el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona El Prat-Josep Tarradellas.
15 SEPTIEMBRE 2021;LUZ;RECIBO;SESION DE CONTROL;GOBIERNO
Eduardo Parra / Europa Press
  (Foto de ARCHIVO)
15/9/2021
Calviño frena la reforma laboral de Díaz para evitar que la UE paralice los fondos
Europa Press

"La reforma laboral diseñada por el Ministerio de Trabajo plantea algunas medidas que pondrían en riesgo la recepción de los fondos europeos". Con esta tajante advertencia como telón de fondo, fuentes gubernamentales justifican la maniobra de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para hacerse con las riendas de las negociaciones con la patronal y los sindicatos. El jueves por la noche, la máxima responsable de las políticas económicas del Gobierno dirigió un email a la vicepresidenta segunda y titular del área laboral dentro del Ejecutivo para imponer su presencia en la mesa; y el viernes por la mañana el flanco de Unidas Podemos estalló y pidió una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición por lo que consideran una "injerencia directa y grave" de Calviño en las competencias de Yolanda Díaz.

Las competencias en materia laboral corresponden al Ministerio de Trabajo, que encabeza Yolanda Díaz como vicepresidenta segunda del Gobierno y que cuelga del ala de Unidas Podemos en el reparto de la coalición. Pero "es la vicepresidenta primera la que coordina la política económica del Gobierno y todo lo que tiene reflejo en la economía pasa por ella", resumen desde el equipo de Nadia Calviño. Bajo este argumento, y en vista de la deriva que estaban tomando las negociaciones en el marco del diálogo social sobre la "modernización de las relaciones laborales", la titular de Asuntos Económicos decidió el jueves por la noche tomar el mando de esta reforma clave para Bruselas y así se lo comunicó a la responsable de Trabajo.

Cuando apenas queda un mes para cerrar un acuerdo que pueda traducirse en la aprobación de una ley antes de que finalice el año, tal y como España se ha comprometido con la Comisión Europea, las autoridades comunitarias han exigido al Gobierno español que envíe un informe sobre los avances alcanzados hasta la fecha en algunas de las reformas clave, como es la del mercado laboral. En este proceso, Calviño ha detectado algunos elementos en el planteamiento del Ministerio de Trabajo que podrían encender las alarmas en Bruselas por desviarse de las recomendaciones inicialmente acatadas en el Plan de Recuperación y ha decidido tomar cartas en el asunto para evitar a toda costa que un paso en falso en esta materia pueda provocar la paralización del tramo de 10.000 millones de euros del fondo europeo condicionado, en parte, al cumplimiento de hitos en la reforma laboral.

Estamos hablando de los aspectos relacionados con la actualización del esquema de negociación colectiva. En el denominado 'componente 23' del Plan de Recuperación, en la reforma número 8, el Gobierno habla de "modernizar" aspectos como la ultraactividad de convenios, la relación entre convenios sectoriales y de empresa, y los mecanismos de consulta y negociación en los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, si bien no se especifican las modificaciones previstas. Pero en el borrador de la reforma laboral, Trabajo ha ido más allá y ha concretado algunos de los cambios que pretende, en un documento en el que no ha participado la Seguridad Social -el otro Ministerio involucrado en esta reforma- ni ha sido consensuado en el seno del Gobierno ni cuenta con el aval de Economía, el máximo responsable del Plan de Recuperación, según revelan fuentes gubernamentales. Ahí nace el malestar.

Pero más allá del 'runrún' que pueda haber en el Gobierno por la actuación unilateral de Yolanda Díaz en la mesa de diálogo social, a la Vicepresidencia económica le preocupa que el contenido del borrador va en la dirección contraria de lo que exigen a España las autoridades europeas. Y es que Bruselas puso coto a los planes de Díaz desde el minuto uno y le pidió al Gobierno que elabore una evaluación ex-ante que identifique las deficiencias existentes en la actual arquitectura de negociación colectiva y que los cambios que finalmente se lleven a cabo no den lugar a "obstáculos desproporcionados para que las empresas se adapten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad". En su informe sobre el Plan de Recuperación español, los técnicos de la Comisión advirtieron de la necesidad de que el diseño final de la reforma "sustente la competitividad y la creación de empleo, principalmente al asegurar que las empresas puedan ajustarse rápidamente a la evolución de la economía y que los salarios respondan a las coyunturas que afecten a la productividad a medio plazo".

Bruselas ha pedido al Gobierno una evaluación ex-ante que identifique las deficiencias existentes en la actual arquitectura de negociación colectiva

A juicio de Calviño, el borrador diseñado por Trabajo no cumple con estos parámetros. Pero es que además, en los cientos de páginas redactadas por los técnicos bruselenses se insiste en que la reforma, como todas las que se realicen en materia laboral, debe llevarse a cabo "con total respeto del diálogo social y siguiendo un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y la de seguridad en el mercado de trabajo, en apoyo de una recuperación generadora de empleo". Y aquí añaden una nota a pie de página, a modo de recordatorio, que supone un espaldarazo directo a la legislación del PP: "El informe más reciente sobre España recordaba la necesidad de preservar los elementos de las reformas del mercado de trabajo introducidas en 2012-2013 que han desempeñado un importante y reconocido papel en el impulso de la recuperación económica generadora de empleo iniciada en 2014". Todo un varapalo a las intenciones de Díaz.

Desde Trabajo aseguran que se está ultimando esa evaluación que debe identificar las deficiencias existentes en la actual arquitectura de negociación colectiva y que será remitida a la Comisión Europea próximamente. Pero esa documentación tiene que pasar primero por el departamento de Asuntos Económicos y es en este proceso en el que Calviño ha detectado algunas deficiencias que podrían poner en riesgo la evaluación de las autoridades comunitarias y, en consecuencia, la liberación del nuevo tramo de 10.000 millones de euros vinculado, en parte, a la consecución de hitos en la reforma laboral. "Si se incumplen los compromisos con Bruselas el plan, que está avalado tanto por la Comisión como por el Consejo Europeo, descarrila", advierten fuentes gubernamentales que insisten en que el Ejecutivo "debe trabajar unido y con responsabilidad económica".

Calviño ha cambiado de marcha porque tiene prisa por cerrar este paquete. Y por cerrarlo bien. Bruselas no entra en polémicas sobre la derogación o no derogación de la reforma laboral del PP, más allá de la evidencia de que lo que más valoraron las autoridades europeas de aquella legislación todavía vigente fue la flexibilidad de la que dotó a las empresas. Lo que pide la Comisión Europea es que se cumpla lo acordado en el Plan de Recuperación y que se ponga el foco en la reducción de la excesiva temporalidad del mercado laboral patrio. Y además le exige a España que traslade cuanto antes los informes sobre los avances obtenidos en las reformas porque fue precisamente nuestro país el primero en remitir sus planes a la capital belga y ahora le toca presentarse al primer examen. De ahí las prisas.

Hace una par de semanas representantes de la Comisión acudieron a España en visita oficial y pudieron comprobar in situ que el acuerdo en materia laboral no está ni mucho menos cerca. Si algo dejaron claro es la necesidad de que la reforma laboral sea pactada y, para que pueda haber un acuerdo con la patronal y los sindicatos, primero tiene que haberlo en el seno del Gobierno, algo que en estos momentos tampoco es una realidad. Para Bruselas es tan importante el consenso social para que la reforma sea duradera que estarían incluso dispuestos a flexibilizar el plazo inicial (31 de diciembre), aunque el retraso en el cumplimiento de los hitos supondría un aplazamiento del desembolso de los 10.000 millones vinculados a esta reforma y la de las pensiones. Sin embargo, fuentes gubernamentales mantienen el calendario y descartan un atraso en el ingreso de estos fondos.

Cabría la posibilidad de trocear la reforma, como se ha hecho en el caso de las pensiones, priorizando en estos momentos las medidas relacionadas con la reducción de la temporalidad y tratando de llegar a un acuerdo en este ámbito, al que se podrían sumar otros aspectos ligados como el desarrollo del nuevo Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo que empezará a operar el año que viene como herramienta de flexibilidad interna en las empresas complementaria a los ERTE. Los temas más espinosos de la reforma laboral del PP podrían dejarse para más adelante. Esto supondría una 'victoria parcial' de Calviño frente a Díaz, aunque todo dependerá de cómo fluya la reunión de urgencia entre los partidos de la coalición. De momento, el presidente Pedro Sánchez ha respaldado a la titular de Economía, descartando cualquier tipo de injerencia y argumentando que la reforma laboral es un asunto que compete a todo el Gobierno.

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