El Gobierno buscará la manera de prolongar el efecto de las medidas más emblemáticas del llamado 'escudo social' y de las iniciativas de apoyo al tejido empresarial más allá de este año para acompañar la recuperación también durante los primeros compases de 2021. Así lo ha avanzado este jueves la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la clausura de una jornada organizada por la Cámara de España y en el que la responsable de la política económica del Gobierno ha compartido cartel con una representación de lo más granado de la gran empresa española como la presidenta del Santander, Ana Botín; el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el presidente de BBVA, Carlos Torres; o el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que en conjunto representan a alrededor del 50% del Ibex 35.
La vicepresidenta ha subrayado el buen funcionamiento que han tenido tanto los ERTE, que según el relato del Gobierno han conseguido evitar la destrucción de tres millones de puestos de trabajo, como la financiación con garantía pública proporcionada por el sector financiero a través del ICO, que según ha avanzado ha conseguido movilizar ya cerca de 100.000 millones de euros en préstamos a empresas con necesidades de liquidez, unos datos sin paragón con el resto de instrumentos de similar naturaleza que se han puesto en marcha en toda Europa. España ha dispuesto la línea de crédito menos cuantiosa de todos los grandes países de la UE, pero sea por el acierto en su diseño o por las mayores necesidades de liquidez del tejido empresarial doméstico, el hecho es que ninguna de ellas ha logrado movilizar tantos recursos hacia el sector privado como la línea de avales del ICO.
De hecho, la vicepresidenta Calviño ha revelado en su intervención en la clausura de la jornada de la Cámara de España que según los datos que maneja el ministerio la línea de avales del ICO está, cuatro meses después de su puesta en marcha, a punto de lograr el objetivo de movilizar 100.000 millones de euros en préstamos que se marcó al inicio de su andadura.
El Gobierno entiende que estas medidas han sido un éxito y la vicepresidenta ha avanzado este jueves que su intención es "adaptarlas a las nuevas circunstancias para que sigan apoyando la recuperación en el final de 2020 y a principios de 2021". Se trata de la confirmación oficial de algo que ya había comenzado a perfilarse en las últimas semanas. La negociación para la prórroga de los ERTE, que desde este jueves reúne en Palma de Mallorca a Gobierno, empresarios y sindicatos, ya fijaba como horizonte la configuración de un sistema con vocación de permanencia que no se prorrogara durante tres meses mes sino que prolongara su vigencia más allá del final de 2020, tal y como han hecho ya otros países como Alemania.
Economía también ha maniobrado para dar carrete al programa de avales del ICO con garantía pública con una nueva dotación de 40.000 millones de euros, pero que, en este caso, no se orientarán a cubrir las puntuales necesidades de liquidez del tejido empresarial por el desplome de la actividad que se generó por las restricciones impuestas por el Gobierno sino que se canalizarán para apuntalar la solvencia y estimular la inversión en empresas cuya viabilidad esté garantizada a corto y medio plazo.
El Gobierno responde así a las reivindicaciones tanto de los representantes sindicales, que pedían mantener la figura de los ERTE y de la red de coberturas especiales dispuesta tras la irrupción de la Covid-19 para garantizar el mantenimiento de rentas de los trabajadores; como de las empresas, también interesadas en la prórroga de los ERTE -que rebaja sus costes laborales- y en el mantenimiento de la línea de financiación garantizada del ICO. El anuncio satisface también al sector financiero, ya que se reduce el riesgo de que tanto particulares como empresas entren en morosidad e incrementen el riesgo de sus carteras crediticias.
Las empresas se fían al 'efecto Calviño'
El discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Ibex del pasado lunes parece haber alineado al mundo de la gran empresa. Los máximos dirigentes de Santander, BBVA, Iberdrola y Telefónica compartieron este jueves la prioridad de las líneas maestras definidas por el Gobierno para encauzar la distribución de los 140.000 millones de euros en préstamos y transferencias que llegarán en los próximos tres años por la vía del Next Generation EU: transformación digital, transición ecológica, formación e internacionalización.
También se ocuparon en recordar que el efecto tractor de esos fondos será tanto más efectivo en la medida en que se cuente con las empresas tanto para la definición de los proyectos a financiar como en los esquemas de colaboración público-privada para maximizar su impacto y que esos recursos deben venir acompañadas de importantes reformas estructurales, entre las que se mencionaron la reforma del mercado de trabajo y la de la formación. También instaron a la vicepresidenta a desarrollar una política fiscal que no entorpezca la recuperación y que no incremente las cargas fiscales sino que cree incentivos para la inversión empresarial, en palabras del presidente de Indra, Fernando Abril Martorell.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, glosó el potencial de una de las líneas de actuación por las que pretende transitar el Gobierno, la de la transición ecológica y la economía verde, que según el ejecutivo tiene el potencial para movilizar 240.000 millones de euros de inversión y generar 300.000 puestos de trabajo. También advirtió de que el carácter global de la crisis va a configurar un entorno muy competitivo, en el que la competencia por captar inversión y talento exige, dijo, "será más esencial que nunca contar con marcos estables, predecibles y atractivos para dar seguridad jurídica y captar la inversión".
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