El manual de los gestores del Tesoro Público dice que hay que aprovechar las condiciones del mercado cuando éstas son favorables para sanear la cartera de deuda pública o para llenarla en el caso de que se prevea un futuro exigente en materia de gasto público. También insta a concentrar las emisiones en la primera parte del año, cuando las carteras de los grandes inversores están llenas y sus objetivos aún están por cumplir. En el caso de España este año se da la circunstancia además de que al Gobierno le dio por incluir en sus Presupuestos Generales del Estado un volumen de 27.000 millones de euros en inversiones con cargo al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia pese a que éste aún ni siquiera estaba aprobado y cuando la llegada de esos fondos era más que incierta. La mezcla de todos los ingredientes de este 'cocktail' explica el intenso activismo del Tesoro en los mercados en este inicio de año, que ha incrementado la carga de deuda pública del país en cerca de 22.000 millones de euros y que ha llevado el agregado de este indicador a un nivel récord de 1,36 billones de euros.
Nunca antes España había acarreado semejante nivel de deuda pública, en el entorno del 120% del PIB, lo que por una parte es atribuible a las exigencias de gasto público que ha impuesto la respuesta a la pandemia, pero por otra ha hecho saltar las alarmas de agencias de ráting y fondos de inversión que suelen trabajar con umbrales a la hora de medir qué nivel de deuda un país es capaz de soportar. España empieza a rondar ese nivel y no es casual que desde países como Alemania ya se hayan empezado a deslizar mensajes sobre la necesidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez empiece a contar a los mercados cuál es su plan para devolver las finanzas públicas hacia un entorno más sostenible. Ya están en ello y el primer paso se dará en unos días con la remisión a Bruselas por parte del Ministerio de Hacienda de la actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento.
El Gobierno se verá condicionado en este camino por sus propias ambiciones. Sus urgencias para poner en pie un plan para acelerar la recuperación de la economía aprovechando la jugosa inyección de más de 70.000 millones de euros en fondos europeos no reembolsables arrancada no sin sufrimiento en Bruselas le llevaron a incluir en los Presupuestos 27.000 millones en inversiones con cargo a esos fondos y a comprometer que si éstos no llegaban a tiempo o se retrasaban las inversiones se sufragarían igual a golpe de deuda pública.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya dijo en la presentación de la revisión del cuadro macro, en la que revisó a la baja la previsión de crecimiento de España para 2021 del 9,8% al 6,5%, que el Gobierno asumía que no iba a poder ejecutar la totalidad de los 27.000 millones de euros este año y que el nuevo marco se sostenía sobre la aplicación efectiva de unos 20.000 millones en este ejercicio. No aclaró sin embargo cuando llegarían los fondos europeos. Para cubrirse ante esa contingencia, el Gobierno ha decidido pisar el acelerador del endeudamiento en el arranque del año para tener en caja los fondos necesarios para poder activar la ejecución de los planes de inversión asociados a los fondos europeos en cuanto Europa valide el plan español.
En los dos primeros meses del año el endeudamiento del Estado se incrementó en 21.625 millones de euros. Una barbaridad si se compara con los dos primeros meses de 2020, cuando, antes de la irrupción de la pandemia, este indicador apenas se elevó en 8.000 millones entre enero y febrero. La cuantía de los fondos solicitados al mercado por el Tesoro Español entre enero y febrero de este año sólo es comparable a la solicitada en los momentos más duros de la primera ola de la pandemia cuando el endeudamiento se disparó en 55.000 millones entre abril y mayo para poder afrontar el pago del material sanitario y de protección, y del 'escudo social' dispuesto por el Gobierno para paliar los efectos de la Covid-19.
Nuevo récord en febrero
Por administraciones, al cierre de febrero, la mayor parte de la deuda se concentraba en el Estado, que con 1.187.741 millones de euros, 19.039 millones más, registró el repunte más fuerte. En el epígrafe otras unidades, que sumaba a cierre de febrero 57.691 millones de deuda, se encuadra la Sareb. Por su parte, las comunidades autónomas redujeron su deuda en 441 millones, hasta 302.892 millones; las corporaciones locales la incrementaron en 236 millones, hasta 22.236 millones, y la Seguridad Social, en 1 millón, hasta 85.353 millones.
La suma de la deuda de las distintas administraciones no coincide con el total porque este incluye también los préstamos entre subsectores, que computan dos veces. La mayor parte de la deuda pública se concentraba en valores representativos de deuda, tanto a largo plazo (1.099.677 millones) como a corto plazo (87.900 millones), mientras que el resto se repartía en préstamos (174.468 millones) y efectivo y depósitos (4.925 millones).
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