Los motores de la sala de máquinas del Ministerio de Asuntos Económicos braman con fuerza. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, está ultimando la actualización del cuadro macroeconómico de previsiones que incorporará al nuevo Programa de Estabilidad que el Ejecutivo español debe remitir a Bruselas antes del próximo sábado, 30 de abril. Y pese a que para la revisión de la proyección del Producto Interior Bruto (PIB) y de las cuentas públicas en general sí se están teniendo en cuenta cálculos internos de evolución de inflación, el ministerio descarta hacer pública una previsión oficial del Índice de Precios de Consumo (IPC), de modo que los pensionistas seguirán sin poder prever cuánto van a subir sus nóminas el próximo año.
Lo cierto es que el Gobierno nunca hace previsiones de IPC para no entrar en conflicto con el Banco Central Europeo, responsable de fijar los objetivos de inflación. De este modo, lo que incorpora habitualmente el Ejecutivo en sus actualizaciones del cuadro macro es una proyección de lo que se conoce como deflactor del PIB. El problema es que ese indicador mide el coste total del proceso productivo de una economía, pero no tiene en cuenta la variación de los precios de los productos importados, lo que en estos momentos provoca una fuerte distorsión, ya que se obvia la escalada del petróleo, el gas y la energía en general. Y en el ámbito académico empieza a cundir la sensación de que, en un contexto como el actual, la ausencia de una previsión oficial de inflación por parte del Gobierno agrava la incertidumbre entre los agentes económicos, incluidos los 9 millones de pensionistas.
El indicador que más se aproxima al IPC de entre todos los que proyecta el Gobierno en su escenario macroeconómico es el deflactor del consumo privado, pero ese dato tampoco se ajusta a la cifra de inflación que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE) y cuya media de los doce meses previos a diciembre determina la subida de las pensiones, según la nueva ley. El deflactor del consumo privado, además, pondera otro tipo de precios más allá de la cesta básica de la compra que considera la encuesta del IPC. De hecho, según las últimas previsiones del Gobierno, el deflactor del consumo privado cerraría el año 2021 en el 1,9% (el deflactor del PIB, en el 1,2%), mientras el IPC medio del año se situó finalmente en el 3,2% y las pensiones subieron en 2022 un 2,5% (la media de los doce meses previos a diciembre de 2021). Para este año, Funcas prevé que el deflactor del PIB cierre en el 3,2%, el del consumo privado, en el 6% y el IPC, bastante por encima, en el 6,8%.
En la última referencia trasladada a la Comisión Europea por parte de España, en el Plan Presupuestario de 2022, el Gobierno indicó que la senda de crecimiento del deflactor del PIB para el bienio 2021-2022 se mantendría en 1,2% y 1,5%, destacando "el repunte del deflactor del consumo privado en 2021, en línea con la aceleración experimentada por los precios energéticos, sobre todo en la segunda parte del año". Para 2022 previó que el deflactor del consumo privado desaceleraría "ante la previsión de que el shock de precios energéticos sea temporal y vaya diluyéndose a partir del segundo trimestre de 2022". Sin embargo, la guerra en Ucrania ha hecho saltar por los aires ese escenario. Pese a todo, el Ejecutivo explicaba en aquel documento que "la evolución del deflactor del consumo privado no tiene un claro reflejo en el deflactor del PIB, dado que, en buena medida, los bienes energéticos son importados, por lo que el alza de precios energéticos se traslada también a través de un repunte en el deflactor de las importaciones".
Pero el escenario ha cambiado por completo respecto a hace seis meses y en un contexto de tensiones inflacionistas por los precios energéticos, los deflactores que proyecte el Gobierno en el Programa de Estabilidad 2022-2025 que enviará a Bruselas a finales de esta semana darán pocas pistas a los pensionistas, que tendrán que esperar a que acabe el año para saber cuánto va a subir su pensión en 2023. La desconfianza entre el colectivo de perceptores de prestaciones públicas es patente, a pesar de que el Ejecutivo insiste en que tienen garantizado su poder adquisitivo gracias a la ley recién aprobada. Y es que en Bruselas existe una gran preocupación por la indexación de las pensiones a un IPC disparado y las autoridades comunitarias están valorando exigir a España medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas en el largo plazo.
En Bruselas existe una gran preocupación por la indexación de las pensiones al IPC y su impacto en las cuentas públicas
El Gobierno sí tendrá en cuenta internamente la evolución prevista de la inflación para calcular el impacto que va a suponer en el gasto el año que viene la subida de las pensiones por el fuerte incremento de los precios en 2022. El Banco de España calcula que la medida tendrá un coste de 13.500 millones de euros en 2023 con una inflación media del 7,5% este año, a razón de 1.800 millones por cada punto porcentual de subida de las pensiones. Mientras, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebaja el cálculo por cada punto adicional a 1.500 millones. En cualquier caso, el problema que señalan ambos organismos es que ese sobrecoste se consolida en el tiempo y la revalorización automática de las pensiones con la inflación acaba convirtiéndose en uno de los principales riesgos para la sostenibilidad a medio y largo plazo de las cuentas públicas.
Por eso, Calviño, al tanto de la enorme preocupación que existe en la capital belga, va a optar por no desglosar ese impacto en el Programa de Estabilidad y esperará a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que iniciará después del verano. Por ello ha decidido sacar las pensiones del debate público al evitar incluirlas en el prometido pacto nacional de rentas que pretende alcanzar con la patronal y los sindicatos para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Nueve millones de personas, con sus nueve millones de rentas, no formarán parte del pacto de rentas. Y esto es así porque el Ejecutivo no quiere abrir ahora el melón de la revalorización, en un momento en el que se está pidiendo a los agentes sociales que adopten subidas salariales moderadas a cambio de una limitación de los márgenes empresariales para evitar los perniciosos efectos de segunda ronda. La decisión, en cualquier caso, no se tomará hasta finales de año, cuando se disponga de la media de IPC de los 12 meses previos a diciembre, por lo que, por ahora, el Gobierno prefiere aparcar el debate y garantizar de palabra el poder adquisitivo a los pensionistas.
Recorte de previsiones
La principal clave del Programa de Estabilidad va a estar, sobre todo, en la revisión a la baja del PIB que ha confirmado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes conocedoras de los cálculos avanzados a nivel interno en el Ministerio de Asuntos Económicos cuando falta menos de una semana para que se cumpla el plazo máximo para remitir la documentación a la Comisión Europea avanzan que el recorte dejaría el avance del PIB previsto para este año en el entorno del 5%, frente al 7% proyectado en la última actualización del cuadro macroeconómico que se hizo en octubre de 2021. Con todo, la vicepresidenta Calviño está monitorizando el impacto del shock energético provocado por la guerra en Ucrania en tiempo real y de la evolución del conflicto bélico en estos días y sus efectos sobre los precios en el ámbito nacional dependerá la cifra final.
El contexto es de máxima incertidumbre y el escenario imprevisiblemente cambiante. Por eso los responsables de pilotar la política económica del Gobierno no se han pronunciado aún oficialmente sobre la previsión de crecimiento esperada para 2022. Sin embargo, internamente, en el cuadro de mando del Ministerio que dirige Calviño llevan semanas observando los acontecimientos que se están sucediendo en suelo europeo y midiendo su eventual impacto sobre la economía española a corto y medio plazo. Y los primeros resultados de estas mediciones apuntan a que la crisis energética agravada a raíz de la invasión rusa de Ucrania va a frenar considerablemente el proceso de recuperación en el que estaba ya inmerso el PIB tras superar lo peor de la pandemia. De acuerdo con la información que manejan en el cuartel general de Calviño, el Gobierno va a recortar su previsión de crecimiento para este año en torno a 2 puntos, para acercarla a la de organismos como el FMI, que espera un alza del PIB del 4,8% este año.
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