Eclipsada en los focos públicos por el arrojo, el verbo enérgico y el carácter expansivo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha acaparado titulares y relevancia mediática durante la negociación presupuestaria con Podemos, la ministra de Economía, Nadia Calviño - a la que Pedro Sánchez invistió con el poder de coordinar la política económica del Gobierno al hacerla responsable de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos - ha ejercido durante todo este tiempo su poder 'en la sombra', a través de un protocolo de actuación que obliga al resto de los ministerios a comunicar sus iniciativas a Economía y a someterlas a su escrutinio técnico antes de darles trámite en la Comisión Delegada, según han explicado a La Información fuentes gubernamentales.
Su informe no es ni mucho menos vinculante, pero su objetivo es proporcionar a la ministra de Economía la información necesaria para hacerse una composición de lugar y orientar el debate político dentro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es dónde se determina la suerte de estas iniciativas.
Este esquema de control previo se apoya en un equipo de altos funcionarios dispuesto al efecto por el Ministerio de Economía, que analiza las iniciativas planteadas desde otros ministerios y valora a nivel puramente técnico su potencial impacto sobre la economía y, eventualmente, también sobre la estabilidad presupuestaria, según relatan estas mismas fuentes.
La existencia de este protocolo no ha impedido, no obstante, la aparición de algunos episodios como el compromiso del Gobierno con la subida en 2019 del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros sin una valoración técnica en condiciones, según confirmaron en su día a La Información fuentes de diferentes ministerios.
Fuentes oficiales del Ministerio de Economía prefieren no hacer comentarios sobre este esquema y se limitan a asegurar que el sistema de relación entre Economía y el resto de ministerios económicos no responde a ningún orden de prelación sino a "un esquema de coordinación normal y eficaz entre ministerios".
"Economía está al tanto de todo, lógicamente, porque prácticamente todo tiene incidencia en la economía". Fuentes de otros ministerios económicos sí reconocen la existencia de un flujo permanente de información en dirección al ministerio que dirige Nadia Calviño y también la realización de evaluaciones técnicas en dicho Ministerio. "Esas evaluaciones no determinan la suerte de una iniciativa, pero sí se realizan", precisa una fuente no oficial del Ministerio de Trabajo.
Al estilo de Bruselas
"Cada persona tiene un carácter distinto. A algunos les puede parecer que Calviño no ha intervenido lo suficiente en la negociación presupuestaria, pero ha actuado con prudencia y siempre ha estado al tanto de todo", asegura una fuente gubernamental.
La hemeroteca certifica que Nadia Calviño no ha descendido a la refriega por esta u otra medida fiscal ni ha entrado a valorar el mayor o menor impacto de una u otra medida de gasto, pero sí ha mantenido la corriente de fondo del discurso gubernamental. Cuando se le ha preguntado por la subida de impuestos, la ministra siempre ha vinculado la decisión a la necesidad de apuntalar la sostenibilidad de las cuentas públicas y a no fiar únicamente la reducción del déficit público al ciclo económico. "No podemos fiar la reducción del déficit sólo al crecimiento".
Y cuando se le ha inquirido por el alza del gasto público en pleno proceso de reducción del déficit, siempre se ha agarrado al socorrido argumento de que la consolidación fiscal tiene que ser compatible con la mejora del gasto social y de las condiciones de los más desfavorecidos.
En los últimos días ha vuelto a ejercer de elemento de normalización en las relaciones entre Bruselas y el Gobierno de España, atajando las alarmas activadas por la carta de la Comisión Europea al Gobierno de España, afeándole haber excedido en 1.000 millones de euros el límite máximo de gasto recomendado por Bruselas, y recordando que los márgenes de flexibilidad de la normativa europea permiten a España realizar esta maniobra y compensar sus efectos presupuestarios en el ejercicio del año 2020. Todo muy diplomático, todo muy 'bruselense'.
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