El Gobierno está decidido a estrechar el cerco sobre las empresas que eluden la obligación legal de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil y por esta vía inocular transparencia en los rincones más opacos del tejido empresarial doméstico. La Vicepresidencia de Asuntos Económicos prepara una reforma legal que aspira a mejorar los recursos destinados al seguimiento y eventual sanción de este tipo de comportamientos, por la doble vía de reforzar al organismo que tiene encomendada esa atribución, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), e implicar también en esta batalla a nuevos actores como la Agencia Tributaria o el Colegio de Registradores Mercantiles.
Los datos que maneja el departamento dirigido por Nadia Calviño indican que hay más de dos millones de empresas que incumplen ese precepto legal establecido por la Ley de Sociedades de Capital, de las cuales 253.110 mantienen algún tipo de actividad y otras 1.830.689 están inactivas, aunque no por ello tienen derecho a eludir esa obligación. Sin embargo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) - el organismo encargado de hacerlo cumplir - apenas incoa 150 expedientes al año.
El Ministerio ha concluido que ello es así por la falta de recursos humanos y económicos del ICAC, cuya actividad principal es la supervisión de la actividad de los auditores de cuentas y que destina una parte mínima de sus recursos disponibles a la supervisión de esta otra atribución competencial. Además, admite que el esquema actual no aporta ningún incentivo al instituto para volcarse en el seguimiento y eventual sanción de las empresas que no depositan sus cuentas en el Registro Mercantil, ya que la recaudación obtenida por las escasas sanciones impuestas no redunda en la mejora de sus cuentas del sino que se ingresa en el Tesoro Público.
Diagnosticado el problema, la Vicepresidencia de Asuntos Económicos se ha apresurado a ponerle solución. El cambio legal en el que está trabajando permitirá afectar a las cuentas del ICAC la recaudación que el organismo obtenga por las sanciones impuestas a las empresas que hayan incumplido su obligación legal de depositar en el Registro Mercantil sus cuentas anuales en el plazo máximo de un mes después de que sus órganos de administración les hayan dado su visto bueno, como establece la Ley de Sociedades de Capital. Con este nuevo incentivo, Economía confía en que ya en 2021 la actividad sancionadora del ICAC se duplique y el importe de las sanciones salte desde los 685.000 euros ingresados en 2019 por este concepto a una cifra de más de 1,1 millones "que se verá incrementada en años venideros".
Una recaudación potencial de cientos de millones de euros
Según la Ley de Sociedades de Capital, el incumplimiento de la obligación legal de depositar las cuentas en el Registro puede ser sancionado con multas que oscilan entre los 1.200 y los 60.000 euros en el caso de las pymes, y que pueden llegar a ser de 300.000 euros para las sociedades que facturan más de seis millones de euros. De aplicarse este régimen sancionador de manera generalizada y bajo la premisa de que hay más de dos millones de empresas que incumplen esa obligación, los ingresos para las arcas públicas se contarían por cientos de millones de euros.
El Ministerio no es tan ambicioso, pero sí pretende sentar las bases de un modelo de actuación que garantice resultados en el futuro. De hecho, el esquema que se pretende poner en marcha liberará al ICAC de la obligación de asumir en primera persona el seguimiento de las empresas que no depositan sus cuentas en el Registro y encomendará esta función a los organismos que disponen de toda la información: los registros mercantiles. El plan del Gobierno, confirman en el Ministerio, se basa en la suscripción de un convenio con el Colegio de Registradores Mercantiles para que sean éstos los que se encarguen de la supervisión de los incumplimientos y la incoación de los expedientes sancionadores, tarea por la que está previsto que reciban el 50% de la recaudación por las sanciones que se impongan.
El 50% restante redundaría en las cuentas del ICAC, si bien una parte de esos recursos, en torno a un 10%, se abonarán a la Agencia Tributaria para que se encargue de la gestión de la recaudación de esas sanciones y de las reclamaciones correspondientes cuando existan impagos.
El asunto tiene también sus asteriscos, como advierten desde el ámbito legal, ya que al parecer no son pocas las ocasiones en que el Registro no admite el depósito de las cuentas por presentar irregularidades, que en algunos casos se refieren a cuestiones más formales que de fondo. "¿Es lícito sancionar en esos casos?", se pregunta un profesional con larga experiencia en la práctica de Mercantil.
El Ministerio de Economía entiende que esta iniciativa "derivará en una mayor transparencia de la información económica financiera de las entidades mercantiles, lo que favorecerá a su vez el tráfico jurídico mercantil y generará una mayor seguridad jurídica". Economía entiende que la mejora de los controles sobre las empresas opacas se traducirá también en un incremento de la recaudación fiscal en el Impuesto de Sociedades por el aumento de la información disponible. Un efecto inducido, en el que también ha empezado a trabajar el Ministerio de Hacienda, puede ser una limpia de 'empresas zombie', que figuran en los registros pero que no tienen actividad conocida y que en muchos casos amparan tramas de fraude.
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