Negociación 'in extremis'

Calviño y Montero se alían para cerrar el grifo de los ERTE y la patronal se planta

La reunión del lunes acaba sin acuerdo y el Gobierno retira el decreto de prórroga de los ERTE del Consejo de Ministros de este martes. Los agentes sociales se emplazan a un nuevo encuentro el miércoles.

La ministra de Asuntos Económicos y de Transformación Digital de España, Nadia Calviño, y la Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, llevan a cabo una rueda de prensa, en Madrid (España) a 1 de mayo de 2020. En ella han anunciado que el Gobierno prevé un desplome del PIB del 9,2% este año y una tasa de paro del 19%, así como un déficit del 10,34% este año y una deuda del 115,5%, con 25.700 millones de ingresos menos. 01 MAYO 2020;MONCLOA;MADRID;COMUNIDAD DE MADRID;GOBIERNO;EJECUTIVO;NADIA CALVIÑO;MARÍA JESÚS MONTERO;ECONOMÍA;HACIENDA (Foto de ARCHIVO) 1/5/2020
Calviño y Montero se alían para cerrar el grifo de los ERTE y la patronal se planta
Moncloa

El escudo económico que ha facilitado el Gobierno a las empresas para hacer frente a la crisis del coronavirus no da más de sí. Por eso el Ejecutivo, al compás de la desescalada que desembocará próximamente en la denominada 'nueva normalidad', ya está diseñando el repliegue del paquete de medidas puesto en marcha hace tres meses. Entre ellas, las condiciones favorables aprobadas para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor derivada de la Covid-19. Con esta misión, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han hecho piña en el flanco gubernamental para imponer a los empresarios un recorte en las exoneraciones de las cotizaciones sociales que alivie la tensión sin precedentes a la que está sometida la Seguridad Social en estos momentos.

La propuesta que ha trasladado el Gobierno a los agentes sociales ha recibido el rechazo de plano de la patronal. La CEOE, que llegaba a la reunión de ayer con la intención clara de plantarse ante el planteamiento del Ejecutivo, frustró el acuerdo en la mesa tripartita con los sindicatos y el Gobierno y los interlocutores se han emplazado a otro encuentro este miércoles, según revelan fuentes del diálogo social. El Ejecutivo tenía la intención de aprobar un real decreto ley en el Consejo de Ministros de este mismo martes, pero va a tener que esperar si pretende cerrar una posición conjunta. Todos los actores coinciden en que los ERTE se van a prorrogar como herramienta fundamental para sostener el empleo durante los próximos meses, pero está por ver en qué condiciones y por cuánto tiempo.

En su propuesta a los agentes sociales para prorrogar los ERTE con determinados beneficios para las empresas hasta el 30 de septiembre, el Ejecutivo ha plasmado una importante limitación a las exenciones de las cotizaciones sociales. La rebaja ha sido recibida en la patronal como un "despropósito". Fuentes del diálogo social interpretan que el contenido del borrador del real decreto ley que tenía previsto aprobar el Consejo de Ministros de hoy tiene una gran influencia de los departamentos de Economía y Hacienda, que han tenido que "apretar las tuercas" en el planteamiento para que la factura de los ERTE no se desmadre. "No hay dinero para seguir pagando los expedientes. Estas medidas son económicamente insostenibles hasta que llegue la ayuda europea", avisan.

El escudo económico y social ha pasado hasta la fecha una factura de 30.000 millones de euros, la mayor parte procedente de los recursos destinados a financiar los ERTE (unos 18.000 millones), si bien la previsión de gasto se ha desbordado y el Gobierno se ha visto obligado incluso a tirar del remanente de tesorería de 14.000 millones acumulado por el SEPE tras años en los que los ingresos por cotizaciones han pagado los subsidios y bonificaciones que le correspondía pagar al Estado. El desfase es tan insostenible que Calviño y Montero han tenido que intervenir en la negociación de la prórroga de los ERTE para aliviar de manera progresiva la carga para las arcas públicas, en especial en lo que se refiere a las exenciones de cotizaciones, materia que corresponde al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El Gobierno ha fijado un recorte progresivo pero importante. Para los trabajadores que vuelvan a la actividad en plantillas inferiores a las 50 personas se fija una exención del 60% en julio, del 50% en agosto y del 40% en septiembre, desde el 70% actual. En el caso de los empleados que sigan en ERTE, la exoneración pasaría del 45% en junio al 35% en julio, el 25% en agosto y el 15% en septiembre. Y las empresas más grandes pasarán de disfrutar de una exoneración del 45% en junio para los empleados que retoman la actividad al 35% en julio y al 25% y 15% en agosto y septiembre, respectivamente. Mientras, para los trabajadores que sigan en suspenso las reducciones pasan del 30% actual al 20% el mes que viene y al 10% el siguiente, para quedarse en septiembre en apenas el 5%.

"Son porcentajes ridículos", se quejan desde la CEOE. Pero no es solo la parte relativa a las exoneraciones la que ha recibido mal la patronal. También cuestionan el horizonte temporal, pues los empresarios eran partidarios de prolongar los ERTE en las condiciones actuales hasta el 31 de diciembre, porque así lo van a necesitar especialmente los sectores más afectados por la pandemia. Fuentes del diálogo social trasladan que este también era el posicionamiento de UGT, pero finalmente ha acabado por imponerse el criterio compartido por CCOO y el Ministerio de Trabajo para revisar los términos de los ERTE cada tres meses. No obstante, los interlocutores sociales no descartan negociaciones posteriores para llevar los expedientes hasta finales de año en determinadas actividades económicas.

Sin diferencias por sectores

Y aquí aparece otro de los puntos de fricción. Los empresarios eran partidarios de alargar la validez de los ERTE diferenciando por sectores, en función de sus necesidades específicas. Pero finalmente no ha sido así y en el borrador del real decreto ley no aparece esta diferenciación. Simplemente se limitan a prorrogar los ERTE por causa de fuerza mayor mientras persistan las restricciones vinculadas a la Covid-19 que impidan o limiten la plena actividad, entendiendo como tal las medidas de prevención y contención sanitarias vinculadas o las limitaciones a la movilidad, de aforos y equivalentes, adoptadas por la autoridad nacional o internacional competente. En todo caso, los ERTE finalizarán el 30 de septiembre.

Esto, según denuncian fuentes empresariales, "rompe la unidad de mercado" y crea discriminaciones importantes en función de la comunidad autónoma en la que se desarrollen los negocios. No en vano, a partir del día 21 de junio se levantará el estado de alarma y serán los gobiernos regionales los que decidan sobre cuestiones como los aforos en establecimientos. Galicia, por ejemplo, que ha entrado ya en la llamada 'nueva normalidad', ha establecido con carácter general que los establecimientos y recintos de distinta índole tendrán un aforo máximo del 75% de su capacidad total. Pero, además, la CEOE rechaza este enfoque porque existen muchas empresas dependientes de otras que van a sufrir las restricciones de manera indirecta y no van a poder acogerse a esos ERTE por fuerza mayor.

La propuesta del real decreto ley también contempla que las empresas inmersas en expedientes de regulación temporal de empleo no podrán hacer horas extraordinarias ni concertar nuevas contrataciones si todavía tienen a personas afectadas por el ERTE. Igualmente se especifica que la prestación por desempleo con 'contador a cero' y la no exigencia del periodo de carencia para los beneficiarios se extenderá también hasta el 30 de septiembre. Y hasta esa misma fecha las empresas tendrán prohibido despedir trabajadores por fuerza mayor o causas objetivas y suspender contratos temporales a las personas afectadas por un ERTE.

Hay que recordar que, tal y como está establecido en estos momentos, las empresas tienen prohibido hacer despidos durante los seis meses posteriores al ERTE, con excepciones en los casos de riesgo de concurso de acreedores, que no podrían cumplir este compromiso, y en determinadas actividades de carácter estacional como las turísticas. Como se adelantó en estas páginas, la patronal CEOE ha solicitado no aplicar la cláusula de salvaguarda del empleo cuando las suspensiones respondan a causas objetivas ajenas a la Covid-19, es decir, a las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que prevé la normativa y que Trabajo suspendió en los primeros compases de la pandemia, ni tampoco en los casos en que esas suspensiones estén relacionadas con subrogaciones de plantilla o finalizaciones de periodo de prueba.

A la espera de saber cómo quedan las negociaciones tras la reunión del miércoles, el borrador plantea prorrogar, también hasta el 30 de septiembre, las medidas de adaptación y reducción de quienes acrediten deberes de cuidado respecto al cónyuge o pareja de hecho y de familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora. Asimismo, se primará la reincorporación de los afectados por ERTE a través de reducciones de jornada. Y por último, se establece la creación de una mesa de negociación que busca alcanzar un acuerdo con los agentes sociales para incorporar nuevas medidas que ayuden a la recuperación del nivel de empleo previo a la crisis del coronavirus, algo que el Gobierno no espera que suceda, según sus previsiones, hasta el año 2022.

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