El Gobierno no se esperaba lo de ayer. El INE zarandeó a primera hora de la mañana el escenario central de revisión del cuadro de previsiones económicas para 2020 en el que trabajaba el equipo de Nadia Calviño al reportar un desplome histórico del 5,2% del PIB en el primer trimestre, muy por encima del que cabía esperar a la vista de los datos de la EPA del pasado martes, y diluyó de un plumazo cualquier tentación de atemperar el dato de caída de la economía para este año. Fuentes conocedoras de las deliberaciones que el área económica ha mantenido en los últimos días en relación a la previsión de crecimiento anticipaban anoche que si el Ejecutivo coqueteaba antes del palo del INE con un dato de caída del PIB de entre el 7% y el 8%, después de esa nueva información no iba a tener más remedio que situarse en un rango de caída de entre el 8% y el 9%, es decir, en un escenario bastante más pesimista.
En algo que ya se ha convertido en una costumbre, en una suerte de derivada fiscal de la 'Marca España' que cumplen inexorablemente tanto gobiernos populares como gobiernos socialistas, el Gobierno apuró hasta última hora de anoche antes de remitir a Bruselas la preceptiva Actualización del Plan de Estabilidad, el informe que todos los países de la UE están obligados a remitir a la Comisión antes del 30 de abril y en el que deben concretar sus expectativas de crecimiento para el año en curso y para los tres ejercicios siguientes, así como la evolución de sus principales indicadores económicos y presupuestarios.
A nivel local ese informe se espera con especial interés porque al contrario de lo que sí han hecho otros grandes países de la UE, como Francia o Italia, España no se ha animado a difundir ninguna previsión oficial sobre el daño que el Gobierno espera que el coronavirus inflija a la economía y tampoco ha avanzado ni un cálculo explícito del coste de las medidas aplicadas para paliar el impacto sobre la economía y la sociedad de la pandemia ni una previsión de déficit para 2020.
El Gobierno trasladará a la opinión pública ese 'parte de guerra' en la mañana de este viernes. A última hora de ayer, los equipos de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y del Ministerio de Hacienda se afanaban por cuadrar las cifras a enviar a Bruselas, tanto en el cuadro macro como en el comportamiento presupuestario esperado. "Estamos esperando porque en un contexto de incertidumbre como el actual queremos esperar a disponer de toda la información posible antes de concretar nuestras previsiones económicas", aseguraban fuentes del área económica del Gobierno.
A la espera del ajuste final, los trabajos del Gobierno apuntaban a una caída del PIB de entre el 8% y el 9% con una nivel de deuda pública que se iría en torno al 115% del PIB. Más delicado era el tema de la estimación de déficit para 2020 que el Gobierno debía remitir este jueves a la Comisión Europea. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, eludió hacer referencia alguna al dato en la comparecencia parlamentaria que tuvo este jueves con el argumento de que esa cifra debía ajustarse al cuadro macro y que éste todavía se estaba perfilando en sus últimos términos.
En un principio, el Gobierno se había marcado como una línea roja que la cifra no se fuera por encima del 10% del PIB para no asustar a los mercados... ni a los países del núcleo central de Europa con los que mantiene un pulso desde hace semanas por la magnitud de la respuesta europea a la crisis y a los que reclama su comprensión para habilitar un plan de apoyo de 1,5 billones de euros que nos permita esquivar el MEDE, el temido fondo de rescate creado tras la gran crisis financiera de hace una década.
Fuentes gubernamentales admiten que tras el pésimo dato de crecimiento del primer trimestre del año conocido este jueves, dicho objetivo podría estar en riesgo. A favor del Gobierno, que el consenso de los analistas sitúa el déficit para 2020 por debajo del 10%...si bien estas previsiones datan de cuando aún no se sabía que el estado de alarma se iba a prolongar al menos ocho semanas. Este dato es esencial porque el 'escudo social' dispuesto por el Gobierno con cargo al erario público está vinculado al estado de alarma y cuanto más se prolongue éste más crece la factura del mismo para el erario público. Solo el dispositivo de cobertura -prestaciones especiales para trabajadores y exenciones en las cotizaciones sociales- establecido para los ERTE le cuesta al presupuesto 5.000 millones de euros al mes.
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