Calviño otea lo que le espera: Cs le pide más reformas y Podemos, más gasto

En medio de una agenda de actos públicos más que comprimida, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha comparecido este jueves por la tarde ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. La idea era explicar la asignación a España de los recursos vinculados al fondo temporal de apoyo a las medidas de empleo para paliar las consecuencias de la Covid-19, más conocido como SURE, y también reportar el primer informe anual de uno de los organismos que con más ahínco ha impulsado la vicepresidenta, la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera, que se ha convertido en una de las principales herramientas de política económica en esta crisis. 

La comparecencia, sin embargo, ha acabado derivando hacia otros derroteros en el momento en que han comenzado las intervenciones de los grupos parlamentarios: la evaluación de la situación económica y el debate sobre los futuros Presupuestos Generales del Estado. Y el debate parlamentario ha dejado claro las dos fuerzas centrífugas opuestas que el Gobierno deberá conciliar en la inminente negociación presupuestaria. Mientras desde Unidas Podemos se ha puesto de manifiesto que quizá el esfuerzo económico realizado no esté siendo suficiente para garantizar la protección del tejido productivo y, principalmente, de los trabajadores, desde Ciudadanos se ha instado a la vicepresidenta a centrar más el tiro en el uso de los fondos públicos hacia el desarrollo de reformas.

Calviño ha puesto en valor el elevado esfuerzo fiscal que se ha realizado en los últimos meses para minimizar el impacto de la pandemia tanto sobre los trabajadores, a través de los ERTE y el resto de prestaciones especiales activadas dentro del llamada 'escudo social', como sobre el tejido productivo, principalmente con la línea de avales del ICO y las medidas de apoyo a los autónomos. La vicepresidenta ha revelado que hasta la fecha la factura de todas las medidas de contingencia puestas en marcha para frenar los efectos económicos y sociales de la pandemia asciende al 20% del PIB, lo que supone en torno a 220.000 millones de euros.

No todo es gasto contante y sonante, la cifra agrega tanto las medidas de gasto impulsadas por el Ejecutivo como las medidas de liquidez para apoyar  a las empresas, que sólo se convertirán en gasto en la medida en que éstas no sean capaces de devolver los préstamos, y también los aplazamientos y moratorias garantizadas en el ámbito tributario y de Seguridad Social, que generan un coste coyuntural que se compensará a final de año cuando venza el periodo para el que se previó el aplazamiento.

Para el portavoz del Grupo de Unidas Podemos, Natxo Guijarro, ese esfuerzo fiscal y la expectativa de recibir 140.000 millones de euros de fondos europeos a través del 'Next Generation EU' le dejan sin embargo la pregunta de si esos fondos serán suficientes y si alcanzarán para mantener la cobertura a los trabajadores afectados por la crisis una vez se prorrogue los ERTE más allá del próximo 30 de septiembre. 

La vicepresidenta ha admitido que la solicitud española de 21.325 millones de euros al SURE pretendía dar cobertura al gasto en prestaciones y ayudas extraordinarias al mantenimiento del empleo realizado hasta el mes de septiembre y todo apunta a que la intención del Ejecutivo es prorrogar esos mecanismos, pero con un coste presupuestario inferior. Ayuda en ese objetivo que, según los datos del Gobierno, una inmensa mayoría de los trabajadores protegidos por este instrumentos se hayan reincorporado a la actividad en sus empresas.

La portavoz de Ciudadanos, María Muñoz, por su parte ha lamentado que los fondos del SURE se destinen íntegramente a sufragar la factura de las prestaciones habilitadas por el Gobierno y no financien programas de apoyo a la formación o la empleabilidad de los trabajadores. El enfoque de la formación naranja es que el Gobierno debe pasar a la acción y no limitarse a tejer redes de seguridad sino también a estimular la reactivación de las empresas, la formación de los trabajadores y la adopción de medidas regulatorias para reducir las cargas administrativas y fiscales sobre las empresas para facilitar su supervivencia ante el riesgo, señalado por entidades como Coface y el Banco de España, de que hasta una tercera parte del tejido productivo se quede por el camino.