Ni impuesto a las grandes fortunas, ni impuestos especiales a las grandes multinacionales, ni nuevos impuestos a la banca, ni subidas por sorpresa del IVA. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, considera que la hoja de ruta en materia de impuestos del Gobierno de coalición de las izquierdas quedó suficientemente marcada en los fallidos proyectos presupuestarios de 2019 y 2020 y que en un tiempo de convulsión económica como el actual no conviene andar amenazando a los agentes económicos con nuevos impuestos y así se lo ha hecho saber al presidente del Gobierno, según han confirmado a La Información fuentes gubernamentales.
El plan de la vicepresidenta es claro. Ni más impuestos de los previstos y anunciados...ni menos. Economía no es partidaria tampoco de renunciar por el impacto de la Covid-19 a las medidas fiscales ya planteadas, que observa más como un avance en la recomposición del sistema fiscal para hacerlo más justo y progresivo que como una subida de impuestos pura y dura. De hecho, en el área económica del Gobierno se confía más para mejorar la recaudación en las medidas de eficiencia recomendadas desde la Autoridad Fiscal, en orden a eliminar deducciones fiscales inoperantes en los grandes impuestos, que en el eventual efecto sobre los ingresos de plantear una subida general de figuras impositivas.
Bajo esta premisa, el Gobierno seguirá adelante no sólo con las medidas fiscales que ya se encuentran a día de hoy en tramitación parlamentaria, como el nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales - la célebre y controvertida Tasa Google- y el impuesto sobre transacciones financieras, sino también con el resto de su ya conocido 'pack fiscal': reforma el Impuesto de Sociedades para implantar un suelo de tributación del 15% y eliminar determinadas desgravaciones; subida del Impuesto sobre la Renta para los contribuyentes que declaren rendimiento del trabajo por encima de los 130.000 euros; y despliegue de la fiscalidad verde, con la subida de impuestos al diésel en el mascarón de proa de esta ofensiva.
Lo que ocupa al Gobierno ahora mismo en ese terreno, como avanzó hace unos días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es cómo modular esa hoja de ruta para no entorpecer la reactivación de la economía española. La titular de Hacienda abrió la puerta hace unos días en una entrevista con la Agencia EFE a retrasar alguna de esas medidas y, en concreto, la recomposición del Impuesto de Sociedades, con el que el Ejecutivo esperaba ingresar 1.776 millones de euros a costa de los beneficios principalmente de las grandes empresas españolas. La situación generada por la Covid-19 podría hacer que esta medida no se incluyera en el proyecto presupuestario de 2021 sino que se dejara para más adelante. "Para el Presupuesto de 2021 tenemos como guía el acuerdo programático y algunas propuestas fiscales que se entendieron como adecuadas y buenas, y que no dependen del ciclo económico sino que persiguen la progresividad del sistema, las podremos incorporar después de hablar con todos los grupos políticos para encontrar un punto de consenso", dijo la ministra, que admitió que algunas medidas habrá que desarrollarlas cuando la situación económica se haya estabilizado.
Lo que ha dejado claro la vicepresidenta a Presidencia del Gobierno, según las fuentes consultadas, es que en un momento tan delicado como el actual esa hoja de ruta tiene que ser previsible y no puede dar cabida a 'ocurrencias' para buscar nuevos ingresos con medidas cuyos efectos en el comportamiento de los agentes económicos puede ser imprevisible. Hay que recordar que la comisión parlamentaria para la reconstrucción económica fue aprovechada por Unidas Podemos para poner en el escaparate propuestas fiscales que se sitúan fuera del consenso con el PSOE como un impuesto especial sobre las grandes fortunas, que según sus estimaciones podría generar hasta 10.000 millones de euros extra de ingresos fiscales; un impuesto especial a los bancos para recuperar parte del dinero que la formación considera que la banca recibió del Estado en el rescate financiero; y que ha coqueteado también con un castigo fiscal de 20.000 millones de euros a las empresas a través del Impuesto de Sociedades.
Una subida de impuestos 'silenciosa'
Frente a este esquema de subidas fiscales por doquier, tanto Economía como Hacienda son partidarias de un esquema menos agresivo, que pasa por el cumplimiento de las medidas ya anunciadas y, como ya adelantó La Información, la activación de toda una serie de medidas de gestión en las que los funcionarios de la Dirección General de Tributos llevan meses trabajando y que aspiran a aflorar cientos de millones de euros en recaudación extra en los próximos meses a golpe de resolver lagunas regulatorias, mejorar las medidas de lucha contra el fraude y eliminar vías de agua del sistema fiscal, principalmente mediante la eliminación de deducciones fiscales inoperantes.
El reciente informe de la Autoridad Fiscal que ha venido a cuestionar la eficacia real de algunos de los principales beneficios fiscales del sistema fiscal, que año tras año detraen más de 35.000 millones de euros del presupuesto de ingresos, puede tomarse como una guía de actuación de lo que el Gobierno va a hacer en este campo en los próximos meses, según reconocen desde el Gobierno. La Autoridad Fiscal ha detectado ineficiencias en prácticamente todos los beneficios fiscales, desde las ayudas a las aportaciones a planes de pensiones privados pasando por los incentivos a sociedades de inversión como las socimi o las sicav, e incluso en la utilidad real de los tipos reducidos del IVA - la principal vía de agua del sistema fiscal español en términos de recaudación como Bruselas se ha encargado de recordar cada año en sus informes sobre España-.
Hacienda ordenó el año pasado a la Dirección General de Tributos realizar un análisis minucioso de esa partida para 'liberar' 5.000 millones de euros para los ingresos del Estado. Ya con las propuestas en la mano, el departamento que dirige María Jesús Montero solo esperaba al informe de la Autoridad Fiscal para actuar. Los frutos de este trabajo de 'racionalización de beneficios fiscales' empezarán a percibirse con toda seguridad en el proyecto de presupuestos para el año 2021. Ahí está la clave de la mejora de ingresos que planea el Gobierno.
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