El Gobierno de España confía en que, igual que se hizo en su momento con las normas fiscales de control del déficit, la Unión Europea acceda ahora a suavizar la exigente normativa europea sobre ayudas de Estado para facilitar la aplicación de los fondos europeos y, en el caso concreto de España, el despliegue de los Proyecto Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica, los célebres 'Perte', en los que el equipo de Nadia Calviño confía para impulsar la transformación estructural del tejido productivo español y cumplir los ambiciosos objetivos de crecimiento que ha establecido para los fondos europeos.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la presentación del informe 'La tercera modernización de la economía española. Claves para aprovechar la oportunidad del Plan de Recuperación', organizado por Analistas Financieros Internacionales (Afi). La definición de ayudas no compatibles con el mercado interior europeo irrumpe como una de las principales restricciones para la aplicación de los cerca de 70.000 millones de euros en ayudas directas no reembolsables procedentes de Europa, particularmente en esos proyectos singulares (Perte) para cuyo desarrollo el Gobierno espera apoyarse en grandes empresas nacionales.
La vicepresidenta segunda del Gobierno ha asegurado que ésta ha sido una de las cuestiones que se abordó en las recientes reuniones del Eurogrupo y el Ecofin y que percibe una sensibilidad favorable de la Comisión Europea para retocar la regulación actual, que data del año 2016, para amoldarla a las necesidades de aplicación de los fondos europeos.
La vicepresidenta también ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes una modificación del Real Decreto-ley de 11.000 millones que contempla ayudas directas a pymes y autónomos para que las comunidades autónomas tengan "un margen de flexibilidad adicional" a la hora de determinar a qué sectores y empresas conceder los fondos.
El objetivo, según la ministra, es que el marco legal del decreto dé un margen adicional a las comunidades autónomas para ayudar a los sectores y las empresas particularmente afectados en su territorio. La ministra ha explicado que este paquete de apoyo a las empresas se engloba en uno de los cuatro objetivos fundamentales del Gobierno ante la crisis, que es prevenir una destrucción estructural del tejido productivo y el empleo que pueda suponer un lastre para la recuperación económica.
El Ministerio de Hacienda remitió el pasado viernes a las comunidades autónomas los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha los 7.000 millones de ayudas directas que el Ejecutivo aprobó para los autónomos y las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus, y les pide que tramiten la firma de dichos convenios con carácter de urgencia. Las autonomías de régimen común tienen que firmar estos convenios para poder comenzar a disponer de los recursos que a cada una de ellas le corresponden de este fondo de 7.000 millones de euros.
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