El Instituto Nacional de Estadística (INE) lleva meses embarcado en un plan para mejorar la calidad de las estadísticas públicas a base de incorporar a las mismas nuevas fuentes de información, antes inaccesibles pero ahora disponibles gracias a las nuevas tecnologías de la información. De hace un par de años a esta parte, el instituto estadístico ha cerrado acuerdos con grandes compañías de telecomunicaciones y también con algunos de los principales gigantes de la distribución para disponer de una información más amplia y fiable para por ejemplo elaborar el IPC, pero también para ensayar estadísticas experimentales tan llamativas como la que mide la movilidad de la población a partir de la información de ubicación de los teléfonos móviles.
Los avances han sido impresionantes, pero limitados. Y no exentos de dificultades. El propio instituto estadístico admitía en un informe reciente del Consejo Superior de Estadística que el intento de mejorar la recolección de datos para elaborar el IPC a partir de la información sobre precios disponible en las ingentes bases de datos de las grandes empresas de distribución, que el INE ya ha empezado a utilizar de forma limitada y que además tienen la virtualidad de trasladar en tiempo real el impacto de promociones, rebajas y todo tipo de estrategias comerciales, había tropezado con la desconfianza de las empresas a que esos acuerdos se ampliaran de manera generalizada a sus competidores, por el temor a dejar al descubierto sus políticas de precios.
Además está la dimensión económica. El acuerdo con Vodafone, Orange y Movistar para utilizar sus bases de datos para medir la movilidad de los ciudadanos se hizo a cambio de una compensación económica cercana al millón de euros, un esfuerzo que el INE puede hacer de forma puntual, pero no de forma generalizada para todas las estadísticas públicas. La Vicepresidencia de Asuntos Económicos parece haber advertido los problemas que se puede encontrar la nueva estrategia de captación de información a partir de bases de datos privadas del INE y ha planteado en el recién aprobado Plan Estadístico Nacional para el periodo 2021-2024 la posibilidad de regular legalmente este tipo de cesiones de información, de modo que garanticen totalmente su carácter confidencial, la protección de datos personales y también su utilización eficiente y económica por parte del instituto estadístico oficial.
En concreto, el Plan Estadístico Nacional, que regulará el desarrollo de la estadística pública durante el próximo cuatrienio, plantea realizar un análisis sobre la normativa vigente, y promover su reforma en el caso de que sea necesario, para garantizar "la cesión a los organismos estadísticos oficiales (INE) de los datos de las grandes bases de datos privadas para la realización de estadísticas de interés público". Nada se dice de si esa cesión se realizaría con carácter gratuito, por imperativo legal o a cambio de alguna compensación previamente regulada en la norma, lo único que se especifica es que esa cesión no debería afectar a la capacidad de las empresas para explotar esa información de la manera que estimen conveniente.
El asunto no es menor y tiene implicaciones singulares. Hay que recordar que el recién aprobado Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la conocida como 'Tasa Google', grava entre otros servicios la explotación comercial de las bases de datos de las empresas y que esa cesión estaría sujeta en principio al impuesto en el caso de empresas que cumplan los umbrales de facturación previstos en la norma.
El INE enmarca este eventual cambio normativo, que abriría al instituto estadístico público una fuente de información riquísima para la elaboración de su inventario estadístico habitual, en la iniciativa ya apuntada en el anterior Plan Estadístico Nacional para utilizar fuentes no tradicionales de información apoyándose en el Big Data, en la información disponible en la red, en redes sociales o en otras fuentes privadas. Información que el INE ya ha empezado a utilizar para el IPC, para las estadísticas de precios de la vivienda o para otras estadísticas experimentales. La intención de la Dirección del INE es tirar también de fuentes administrativas como por ejemplo los registros de parados y de afiliados a la Seguridad Social para la EPA o datos de los registros para otras estadísticas.
Al tratarse de una iniciativa tan novedosa en el ámbito de la estadística pública, los responsables de la estadística pública ven conveniente la realización de un estudio sobre la situación internacional y nacional en relación a este asunto, que identifique la información privada del sector privado que podría ser útil para las estadísticas públicas y que estudie los problemas metodológicos, legales y operativos que podrían plantearse y sus posibles soluciones, para elevarlo al Consejo Superior de Estadística - el máximo órgano de decisión en materia estadística en el que están representados los principales ministerios económicos, el mundo de la academia, el Banco de España y por supuesto el INE - para valorar las posibilidades de desarrollar esta iniciativa. El Plan especifica que sería necesario garantizar el adecuado tratamiento de los datos de carácter personal de modo que blinde su seguridad, integridad y confidencialidad.
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