Calviño potenciará la banca pública para financiar proyectos clave de la legislatura

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), la única entidad a la que se puede catalogar como 'banco público', abandonará el papel instrumental y complementario que ha tenido durante los últimos años para convertirse en un elemento crítico de la estrategia de política económica del Gobierno durante la legislatura que acaba de comenzar. Así lo ha avanzado este jueves la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su comparecencia parlamentaria a petición propia para informar de las prioridades de política económica del Ejecutivo de cara a los próximos cuatro años.

La vicepresidenta ha señalado la intención del Gobierno de "reforzar la arquitectura financiera del Estado" con el objetivo de apalancar en el ICO la fuerte inversión que será necesaria para cumplir los ambiciosos objetivos que se ha marcado el Gobierno en materia de transición ecológica y transformación digital, dos de los principales vectores de la Agenda del Cambio que como reiteró en su comparecencia la ministra será la hoja de ruta que marcará la política económico del nuevo Gobierno de coalición de las izquierdas.

En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, ha precisado que la intención del Ejecutivo es encauzar de algún modo a través del ICO o bajo la coordinación de este organismo -el asunto está todavía en fase de discusión- la financiación hacia proyectos de innovación tecnológica o transición ecológica que a día de hoy se canalizan a través de organismos como el CDTI, el organismo que se encarga de financiar proyectos de innovación tecnológica; o Enisa, que también financia proyectos innovadores de pymes.

Calviño empieza a perfilar así el papel que desempeñará la banca pública durante la próxima legislatura, después de que el asunto se haya convertido en uno de los principales temas de debate en las últimas semanas a cuenta del interés explícito del área de Gobierno de Unidas Podemos por impulsar y apuntalar una verdadera banca pública digna de tal nombre, incluso metiendo en ocasiones a Bankia en esa ecuación. La vicepresidenta económica, que ha sorteado este debate hasta ahora respaldando la gestión del actual equipo de gobierno de la entidad dirigida por José Ignacio Goirigolzarri, pretende reforzar el papel del ICO en este aspecto, como financiador de las principales iniciativas de inversión del Estado toda vez que el elevado nivel de deuda pública que arrastra España y la vigilancia de Bruselas restringirán el margen de maniobra del Tesoro Público para ese fin.

A nivel general, Calviño ha prometido una política económica "proactiva, conocida, responsable y alineada con lo que defienden la mayoría de los organismos internacionales" y desarrollada en torno a tres ejes fundamentales: disciplina fiscal, sensibilidad social y reformas estructurales. Disciplina fiscal, ha argumentado, para cumplir con nuestros compromisos con los socios europeos y avanzar hacia un saldo presupuestario equilibrado "sin comprometer el crecimiento"; sensibilidad social para abordar el problema de la pobreza y la desigualdad que se generó durante la crisis y que se ha convertido en uno de los principales déficits que ya nos afean los organismos internacionales; y, finalmente, reformas estructurales, para elevar el potencial de crecimiento de la economía y sufragar también las necesidades de recursos del Estado.

Nadia Calviño ha asegurado también que el ajuste presupuestario que el Ejecutivo ha previsto para la legislatura, y que llevará al país a reducir su déficit desde el 1,8% del PIB que se prevé en 2020 hasta el 0,9% del PIB al final de la legislatura, sorteando las restricciones impuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria doméstica y no se sabe también si las recomendaciones de la Comisión Europea, se sustanciará en exclusiva gracias al crecimiento y al paquete de reformas estructurales que el Gobierno pretende desarrollar, pero que no ha pasado de apuntar, sin mencionar en ningún momento la posibilidad de abordar medidas de ajuste de gasto para lograrlo. 

Lo más que ha dicho Calviño de esas reformas estructurales es que desarrollarán cinco grandes prioridades: el  impulso de capital humano, mediante el planteamiento de formación a lo largo de toda la vida laboral; la protección del capital natural mediante el impulso de políticas hacia una transición ecológica justa; el incremento de la productividad del capital tecnológico, mediante al respaldo a la innovación, investigación y la ciencia; el refuerzo de la eficiencia y equidad del mercado laboral, con apoyo en el diálogo social y con el objetivo de acabar con la precariedad especialmente en el segmento de los más jóvenes; y el refuerzo de la eficiencia de la Administración pública, un objetivo en el que ha enmarcado el futuro fortalecimiento competencial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).