La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se comprometió este jueves ante más de 200 inversores internacionales a consensuar con la patronal y los sindicatos reformas de calado como las del mercado laboral y la de las pensiones, en el marco del Spain Investors Day. Ambas forman parte del Plan de Inversiones y Reformas que el Gobierno ya ha remitido a Bruselas prácticamente en su totalidad. En concreto, se han enviado 28 de los 30 proyectos previstos y solo quedan, precisamente, los dos más sensibles: mercado de trabajo y pensiones. El Ejecutivo ha apurado su envío para exponer previamente a los agentes sociales cuáles van a ser sus líneas de actuación en estos ámbitos, pero más allá de dar a conocer a patronal y sindicatos de manera verbal un esquema genérico, todavía no les ha presentado los documentos que van a mandar a las autoridades europeas ni se han abierto las mesas de negociación específicas para las reformas.
Calviño prioriza así el diálogo con Bruselas. Tras la reunión de alto nivel de la mesa de diálogo social celebrada este viernes, los sindicatos han mostrado su malestar con el Gobierno por no haber puesto sobre la mesa ningún documento y han exigido a los responsables de los distintos ministerios implicados en las reformas clave (Trabajo, Seguridad Social y Economía) que les remitan los planes específicos a la mayor celeridad para poder hacer sus aportaciones. La vicepresidenta Calviño ha manifestado después su intención de compartir documentación con los agentes sociales la próxima semana y ha hecho hincapié en la importancia de lograr un amplio consenso político y social a la hora de abordar tanto la reforma del mercado laboral como la de las pensiones, si bien las mesas de negociación se abrirán después de decirle a las autoridades europeas cuáles son los planes del Gobierno.
La propia vicepresidenta ha avanzado que tan pronto como el próximo lunes estará presentando en Bruselas el plan de reformas del Gobierno español, de modo que en ningún caso hay tiempo material para consensuar un modelo laboral y de pensiones con la patronal y los sindicatos. Si bien es cierto que es la tercera vez que se reúne la Mesa del Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia, en el encuentro de hoy ha habido escasos avances. Así al menos lo han trasladado los máximos representantes de los sindicatos (Unai Sordo, por CCOO, y Pepe Álvarez, por UGT) y de la patronal (solo ha comparecido el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, en ausencia del líder de CEOE, Antonio Garamendi) en una rueda de prensa que ha girado en torno a generalidades, sin ahondar en medidas concretas, precisamente porque el Gobierno no les ha presentado físicamente las fichas que se han elaborado para Bruselas y desconocen su contenido.
Calviño, no obstante, ha definido el encuentro como "muy productivo", en un ambiente "cordial y constructivo" en el que se han abordado los 30 componentes del paquete de reformas que ya presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de octubre. Hasta 28 de esos proyectos se fueron enviando en diciembre, en el marco de lo que la vicepresidenta ha definido como un proceso de "diálogo informal con la comisión europea". Solo faltan, por tanto, los documentos -las fichas, como se denominan en el argot técnico- relativas al mercado de trabajo y las pensiones. Precisamente, las dos reformas más sensibles por su vinculación con las recomendaciones que permanentemente realizan a España las autoridades europeas en la línea de no revertir la legislación vigente.
Fondos sin condiciones
Pero tanto los sindicatos como la propia vicepresidenta han querido dejar claro que la percepción de los fondos europeos a los que se vincula el plan de formas no está condicionada a mantener las reformas laboral y de pensiones vigentes, diseñadas por el Partido Popular. "Las reformas no se plantean en términos de condicionalidad", ha zanjado Calviño, que ha asegurado que las que va a poner en marcha el Gobierno están "alineadas con las recomendaciones de la Comisión Europea en el marco del semestre europeo". El líder de CCOO ha sido más tajante: "Hablando en plata: no está prohibido modificar el modelo laboral ni el de pensiones, no es una condición para recibir los fondos", ha sentenciado.
Los planes del Gobierno han generado, cuando menos, inquietud entre los representantes de los empresarios y de los trabajadores. Tras reunirse con un nutrido grupo de ministros y ministras, coordinados por Calviño, Sordo y Álvarez han exigido al Ejecutivo el "conocimiento físico" de esos planes, es decir, los documentos en los que se desarrollan, y que cualquier modificación se supedite al diálogo social, "que no se comprometan reformas con Europa que vacíen de contenido las mesas". Cuerva, por su parte, ha pedido reformas "prudentes y realistas" ante la delicada situación que atraviesa el tejido productivo por la crisis de la Covid y ha destacado que el Gobierno ha manifestado su compromiso con el diálogo social, de modo que las mesas "siguen abiertas".
Respecto a la reforma laboral, aunque el Ministerio que dirige Yolanda Díaz no ha presentado tampoco un documento específico, tanto los sindicatos como la vicepresidenta Calviño han detallado que algunas de las líneas maestras del plan de reformas en el ámbito laboral pasan por "modernizar" el mercado de trabajo, reforzando la negociación colectiva, reduciendo la excesiva dualidad y reformando el sistema de contratación, fortaleciendo la formación y favoreciendo medidas de flexibilidad interna en las empresas como alternativa a los despidos. En este último punto entraría la implantación de un modelo estructural de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de financiación compartida.
Y en cuanto a las pensiones, lo único que parece haber dejado claro el departamento de Seguridad Social que pilota José Luis Escrivá es que la reforma que se va a plantear a Bruselas pivota sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo, centradas en garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, descargar al sistema de gastos impropios y reforzar los ingresos y, en consecuencia, la propia estabilidad financiera del sistema. Ni rastro, por tanto, de la polémica medida planteada por Escrivá para ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años. Calviño, Sordo, Álvarez y Cuerva han pasado de puntillas sobre este asunto, limitándose a asegurar que no se ha abordado en la reunión.
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