Hasta tres diputados han preguntado este jueves a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, si el Gobierno de España tenía intención de acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) - el célebre fondo de rescate constituido en la Gran Crisis de hace una década - como ha sugerido el presidente italiano, Giuseppe Conte, y como ha dado por hecho hace apenas unos días la agencia de rating Moody's, y los tres se han llevado la misma respuesta: el silencio.
Al igual que hiciera hace un par de semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, Calviño ha optado por desentenderse de las preguntas referidas a un eventual rescate europeo y centrarse en lo que es el relato oficial del Gobierno a este respecto. Que es necesaria una respuesta conjunta por parte de la Unión Europea a la pandemia, que ya se ha conseguido arrancar en el Eurogrupo -no sin dificultades- una red de seguridad en forma de créditos de 550.000 millones de euros y que ahora es necesario ir más allá en ese compromiso europeo y pelear en Bruselas por ese Fondo de Reconstrucción de 1,5 billones de euros que España ha convertido en su gran apuesta política...y eb su principal baza para reducir la elevadísima factura que la crisis va a dejar en las ya castigadas cuentas públicas españolas.
Mientras se dirime ese pulso, que este viernes vivirá un nuevo capítulo en el Eurogrupo, Calviño se ha limitado a avanzar que el siguiente paso en la diplomacia comunitaria del Gobierno será activar lo antes posible los mecanismos ya acordados: el programa de préstamos por 100.000 millones de euros con los que la Comisión Europea sufragará parte de la factura de los ERTE (el SURE); la línea de garantías del Banco Europeo de Inversiones por 200.000 millones para apoyar la liquidez de las empresas; y la línea de liquidez precautoria de 250.000 millones de euros destinada a financiar el gasto sanitario, directo e indirecto, que soportará el MEDE, sin ninguna condicionalidad.
El silencio del Gobierno ante los ecos que llegan de más allá de los Pirineos y las preguntas que recibe sobre el particular en casa recuerdan a los compases previos al rescate bancario de 2012, tanto con el Gobierno de Mariano Rajoy como con el de José Luis Rodríguez Zapatero, y alientan las dudas sobre que el recurso al MEDE sea el 'Plan B' del Gobierno si no consigue convencer a los países del norte para sufragar esa especie de Plan Marshall que quiere sacar adelante en Bruselas.
Abre la puerta a un Plan de Pago a Proveedores
En una comparecencia en la que Nadia Calviño se ha dedicado más a explicar las medidas ya puestas en marcha que los planes del Gobierno a futuro -no hubo, por ejemplo, ni una sola mención al controvertido Ingreso Mínimo Vital-, la vicepresidenta de Asuntos Económicos sí ha abierto la puerta a una de las medidas más demandadas en las últimas semanas desde el tejido empresarial: la puesta en marcha de un Plan de Pago a Proveedores al estilo del que impulsó el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para agilizar los pagos desde la Administración a las empresas y apuntar la liquidez de éstas.
Varios diputados han recordado a Calviño que las Administraciones adeudan 12.000 millones de euros a las empresas y que solo agilizar esos pagos sería una inyección de liquidez muy potente al tejido productivo. La vicepresidenta ha admitido que es un asunto que preocupa al Gobierno, ha recordado que las líneas de financiación del ICO ya establecen el descuento de efectos comerciales o facturas pendientes como una de las cuestiones que se pueden pagar con esa financiación avalada con el Estado y que el Ministerio de Hacienda permanece vigilante para que las Administraciones cumplan los plazos legales de pago a proveedores, que sin embargo no están sustentados por ningún régimen sancionador.
Con todo, ha admitido que el Gobierno está dispuesto a estudiar una solución para evitar que la morosidad de las Administraciones Públicas sea un lastre más a añadir a la delicada situación de las empresas.
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