La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, concluyó hace tiempo que el fondo para reestructuraciones de empresas cuya aprobación se espera para este viernes no será lo operativo que se necesita si no se apoya en las entidades financieras. No se trata de una decisión arbitraria. Calviño se ha convencido de que sólo las entidades financieras disponen de la información y el conocimiento del comportamiento crediticio de las empresas que se requiere para discernir qué empresas puede ser viables a medio y largo plazo y cuáles lo tendrán difícil para sobrevivir en la economía 'post-pandémica', el elemento que desde el minuto uno la Vicepresidencia de Asuntos Económicos ha considerado clave en el diseño del plan de ayudas para apuntalar la solvencia del tejido empresarial.
La mayor parte de las empresas necesitadas de ayudas directas para no cerrar definitivamente se mueven en el ámbito del turismo (agencias de viajes, cadenas pequeñas y medianas de hoteles, empresas de servicios turísticos, etc…), la hostelería y el negocio del entretenimiento, acuciado por la falta de eventos y de público dispuesto a pagar por ellos. El resto pueden estar en el pequeño comercio de no alimentación, sobre todo en el ámbito de la moda y los complementos. Todos ellos son negocios cuyos balances y cuentas de resultados en 2020 no se encuentran en ninguna base de datos fiable y cuyo estado financiero más fidedigno suele estar en manos de los bancos que sostienen sus líneas de crédito y débito.
El problema está en distinguir, en todo ese maremágnum que se ha generado con los créditos del ICO u otras líneas financieras de soporte ante la pandemia, entre los negocios que tienen una salvación factible y los que no, para evitar que las ayudas directas caigan en saco roto y solo sirvan para el cierre de ventana definitivo de las empresas. Ese ‘derroche’ de fondos públicos es el que quieren evitar Economía y también Hacienda y, para ello, necesitan trabajar de la mano de los bancos, que son los que tienen la información, según explican fuentes cercanas a esa negociación.
“Por un lado, se pide a los bancos que asuman parte de la quita que supone cambiar créditos por solvencia, como va a hacer el ICO, y por otro, se les solicita información para no poner las ayudas directas en saco roto”, comentan las fuentes consultadas, algo que no es fácil de solventar cuando se tiene, además, la presión política de los socios del Gobierno de Unidas Podemos pidiendo que se abra la ventanilla y se repartan fondos sin un control exhaustivo de cómo se va a gastar el dinero, más allá de demostrar una caída de los ingresos superior al 30% en un año.
Calviño no ha ocultado en las últimas semanas sus prevenciones respecto a la inyección de ayudas directas en las empresas. Con un margen fiscal muy inferior al de otras grandes economías europeas por las dificultades de España para reducir su déficit público, la vicepresidenta ha priorizado la finura en el diseño del esquema para que cada euro gastado acabe en empresas con futuro y evitar las distorsiones observadas en los esquemas activados en otros países que han acabado sufragando la bajada de persiana en miles de negocios. En este sentido, Calviño ha venido subrayando en sus intervenciones públicas el hecho de que se trata de recursos públicos, que deben ser empleados con el máximo rigor y sobre los que se tiene que garantizar su máxima eficacia. Un relato, por cierto, en el que ha encontrado el respaldo del gobernador del Banco de España, que hace apenas una semana justificó que se tomara el tiempo necesario para parametrizar adecuadamente el instrumento para evitar derrochar recursos públicos.
Una red de información insuficiente
El caso es que la Vicepresidencia de Asuntos Económicos se ha esforzado en los últimos meses en disponer de la información necesaria para evaluar la situación crediticia de las empresas beneficiarias de los préstamos con garantía estatal de la línea de avales del ICO. El pasado mes de noviembre habilitó legalmente al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para acceder a la información sobre riesgo de morosidad de los clientes de los bancos que figura en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), a fin de que pudieran monitorizar el comportamiento de pagos de los beneficiarios de las líneas de avales, ya que la norma anterior solo permitía al ICO acceder a los perfiles de sus propios clientes y los de las líneas de avales son clientes de las entidades bancarias. Y hace apenas un mes el Gobierno habilitó el acceso del ICO a la información sobre calificaciones crediticias del Banco de España para cada empresa beneficiaria.
No queda ahí la cosa. La Vicepresidencia de Asuntos Económicos rubricó hace apenas unos días un convenio con el ICO para que la Dirección General de Análisis Macroeconómico, el departamento encargado de monitorizar al minuto las pulsiones de la economía española, accediera a un enorme volumen de información anonimizada sobre las empresas perceptoras de los préstamos garantizados por la línea de avales del ICO (tamaño, perfil sectorial, comportamiento de pagos...) al objeto de valorar los daños causados por la crisis en el tejido empresarial doméstico.
Una información muy valiosa para avanzar el comportamiento futuro de la economía pero insuficiente para realizar un análisis preciso de la sostenibilidad financiera de las empresas financiadas por esta vía.
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