Calviño vende a los inversores su Agenda del Cambio y esconde el 'efecto Podemos'

  • Economía recupera el plan de reformas estructurales diseñado sin Podemos como carta de presentación del futuro Gobierno ante los mercados.
Fotografía Nadia Calviño, en Washington / EFE
Fotografía Nadia Calviño, en Washington / EFE

Entre finales de 2018 y principios de 2019 los emisarios del Ministerio de Economía ante los mercados empezaron a hablar a los inversores internacionales de un ambicioso programa de reformas estructurales que bajo el título de 'Agenda del Cambio' pretendía definir la hoja de ruta de la política económica del Gobierno de España para la década 2020-2030 y ambicionaba atraer 380.000 millones de euros en inversiones al país en ese periodo. Las medidas del plan se coordinaron desde el Ministerio de Economía de Nadia Calviño que no dudó en imponer su criterio en aspectos tan peliagudos como la propuesta de implantación de la 'mochila austriaca', muy contestada desde los sindicatos e incluso desde el Ministerio de Trabajo, o en el enfoque sobre la reforma laboral, mucho más suave que el defendido desde el departamento de Magdalena Valerio.

La 'Agenda del Cambio' tenía también la característica -no irrelevante- de no estar condicionada por la óptica política de Podemos, como sí lo estaba por ejemplo el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 que el PSOE tuvo que pactar con la formación de Pablo Iglesias para optimizar las posibilidades de éxito de su recorrido parlamentario.

Llegado el momento de presentarse de nuevo en sociedad ante los mercados después de la convocatoria electoral del pasado 10 de noviembre, el Ministerio de Economía ha optado por poner en el escaparate las 60 medidas de la 'Agenda del Cambio' como muestra del muy reclamado por los mercados plan de reformas estructurales del Gobierno de España y por esconder, al menos de momento, la posible influencia de Podemos en las políticas económicas del país.

La última presentación a inversores del Reino de España, lanzada el 12 de noviembre, apenas 48 horas después del resultados electoral y apenas tres horas antes de la firma del preacuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, incide en los mensajes más tranquilizadores para los inversores: voluntad de acelerar la reducción de la deuda pública, compromiso irreductible con los principios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE -singularmente con la reducción del déficit público-e inclinación a poner en marcha reformas estructurales. Éste asunto no es menor. De hecho, es una de las exigencias recurrentes en los informes de los organismos internacionales y una de las preocupaciones de las notas sobre España emitidas por agencias de rating y bancos de inversión, que temen que la parálisis política derive en un estancamiento económico.

Consciente de esta situación, el Tesoro ha decidido ampliar el espacio que dedica a las reformas estructurales en su última presentación a inversores y puestos a 'vender' reformas a los mercados ha optado por rescatar las medidas de la 'Agenda del Cambio', mucho más 'digeribles' para los inversores que, por ejemplo, un plan presupuestario que incluye medidas como un impuesto sobre la compraventa de participaciones en empresas españolas, un gravamen del 5% sobre el reparto de dividendos, la regulación de los precios de los alquileres -uno de los segmentos que más inversión internacional ha atraído en los últimos años- o una mayor carga fiscal para las socimis

El inventario de medidas que el Tesoro 'presenta' a los mercados es un suerte de resumen ejecutivo de las iniciativas de reforma impulsadas por el Ministerio de Economía. Se habla de la puesta en marcha de la Autoridad Macroprudencial, una recomendación de Bruselas y un empeño de Nadia Calviño desde su aterrizaje en el Ministerio; y también de esa 'Agenda del Cambio' que se resume en siete ejes.

En materia de Educación y Capital Humano, el Gobierno promete mejorar las competencias de los estudiantes y mejorar la adaptación del sistema educativo a los requerimientos del mercado laboral; en materia de Transición Ecológica, reducir en una tercera parte las emisiones de gas y elevar hasta el 70% el peso de las renovables en el mix energético; en materia de Avance Tecnológico y Científico, aumentar la inversión pública y privada en I+D y poner el conocimiento al servicio de la productividad de la economía; en el campo del Mercado Laboral, reducir la actual dualidad -una crítica que comparten todos los organismos internacionales- y garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones; en materia de Estado de Bienestar, el Gobierno se compromete a luchar contra la pobreza infantil y la brecha de género; en materia de sector público, mejorar la eficiencia del gasto público; y en el ámbito Fiscal, adaptar el marco tributario para hacerlo más justo y equilibrado y ajustarlo a los que denomina "nuevas fuentes de ingresos y riqueza".

Ni rastro de la supresión de la reforma laboral, ni rastro de abordar el ajuste presupuestario a golpe de elevar los ingresos fiscales y ni rastro de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que sólo se menciona para argumentar que aunque ha reducido la productividad la ha situado en línea con el resto de países europeos.

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