Por debajo de los que reclamaba el Govern 

La Cambra propone un salario mínimo en Cataluña de hasta 1.100 euros este año

Joan Canadell
Joan Canadell
EFE

La Cámara de Comercio de Barcelona propone que el salario mínimo de Cataluña para 2020 suba hasta situarse entre los 1.000 y los 1.100 euros, por debajo de los 1.230 que reclama el Govern pero por encima de los actuales 950 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que acaba de aprobar el Ejecutivo español.

El organismo cameral ha recomendado esta cantidad tras realizar un estudio que tiene en cuenta criterios como la necesidad de garantizar que todos los trabajadores asalariados a tiempo completo estén por encima del umbral de pobreza o que sea "asumible" por "una muestra representativa" de empresas catalanas, entre otros, según Efe. 

El estudio, que ha hecho público la Cámara este miércoles en una conferencia de prensa, recomienda que el salario mínimo catalán se vaya actualizando en función del crecimiento de los precios y de la productividad, así como del impacto del aumento de los salarios mínimos en el empleo.

Así, propone que se llegue a un salario mínimo superior a los 1.200 euros en el 2026 y a más de 1.300 en 2029. En el escenario más positivo (con un crecimiento de la productividad del 1,5%), el salario de referencia en Cataluña podría alcanzar los 1.400 euros, según la Cámara.

El presidente de esta institución, Joan Canadell, ha subrayado que Cataluña debe acercarse a países como Austria, Holanda o Bélgica, con SMI cercanos a los 1.300 o 1.400 euros. "Vemos que es posible ir hacia ahí, pero hay que forzarlo porque así damos mensaje al empresariado de que debe ir transformando sus negocios hacia un nuevo modelo económico de alto valor añadido", ha dicho.

El estudio aconseja introducir excepciones a la regla general para los jóvenes y para determinados territorios, como el área metropolitana de Barcelona, donde el coste de la vida es superior.

La Cámara de Barcelona ha instado a las organizaciones patronales y a los sindicatos a tener en cuenta este estudio a la hora de la negociación de los convenios colectivos, mientras que emplaza también a la Generalitat a aplicarlo en el sector público y en la contratación pública. El establecimiento del SMI es una competencia exclusiva del Gobierno español, por lo que la Generalitat sólo podría incidir en sus empleados públicos y los contratos con proveedores y contratistas. 

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