La subida del 22% al 25,5% del tipo impositivo del canon por la utilización de aguas continentales - la tasa que el Gobierno cobra a las eléctricas por el aprovechamiento que realizan del agua de las cuencas hidrográficas intracomunitarias para generar energía -, decretada hace poco más de un año por el Gobierno, no ha sido ni mucho menos el 'palo' que se auguraba. La subida fue duramente contestada por el sector eléctrico con el argumento de la voracidad recaudatoria, que podría generar, decían, hasta 40 millones de euros de gastos extra a las compañías.
Según los datos recién publicados por la Agencia Tributaria, el incremento del canon sobre las compañías que gestionan centrales hidroeléctricas, que se liquidó el pasado mes de junio, apenas ha generado cinco millones de euros extra de recaudación en su primer año de vigencia.
El Gobierno justificó en su día la subida - acordada en Consejo de Ministros el 9 de junio de 2017- por el contexto de sequía y el coste ambiental indirecto que suponía drenar recursos de las cuentas hidrográficas para la generación de energía por parte de empresas con ánimo de lucro. El alza, argumentaba el Gobierno, generaría recursos extra que podrían destinarse a compensar ese perjuicio ambiental.
Protección del dominio público
Un argumento cuestionable si se atiende a la información proporcionada en 2017 por el Gobierno al diputado de Equo, Juan López de Uralde, en la que el Ejecutivo admitía que apenas una tercera parte de lo recaudado por este canon - unos 200 millones de euros en total - revertía finalmente en una mayor protección y mejora del dominio público hidráulico - el objetivo que justificó la creación del canon -.
La misma creación del canon mediante un ajuste por decreto de la Ley del Agua en 2015 está, de hecho, judicializada y el Tribunal de Cuentas ya ha anunciado que abordará el análisis del asunto durante este ejercicio de 2018.
La gestión del agua, un bien público al fin, es un asunto polémico. En España funcionan 800 centrales hidroeléctricas instaladas en ríos y pantanos. Suman 20.332 Megawatios de potencia -casi la cuarta parte del total instalado-. Aunque sin datos exactos, en los próximos 20 años se extinguirán las concesiones de unas 250 centrales, según datos del antiguo Ministerio de Medio Ambiente.
Las centrales son un buen negocio no sólo porque convierten en beneficios el agua que cae del cielo, sino también porque las instalaciones están amortizadas. Entre 1950 y la década de los 70, las empresas cobraron compensaciones por encima de los costes registrados según facturas, dentro del sistema denominado OFILE –Oficina Liquidadora de la Energía Eléctrica-; posteriormente, cobraron también parte de los denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC).
Más vida útil
Además, en el año 2000 obtuvieron un buen acuerdo para extender la vida útil de las concesiones obtenidas en el franquismo. Mediante el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RD 606/2003), las empresas que modificaron la altura o el caudal en las presas para contener más agua lograron ampliar automáticamente el límite temporal de las concesiones. Y eso se refleja en los balances.
Todas las eléctricas han revisado al alza la estimación de vida útil de sus centrales de generación, incluidas las hidroeléctricas - a 100 años en el caso de Endesa-. La vieja máxima del negocio eléctrico "del embalse a la caja" se cumple.
La cuestión es cómo se cumple. Este año, con una primavera abundante en lluvias, el precio de la electricidad se ha disparado. El año puede ser de récord por carestía. El contraste entre pantanos llenos y facturas disparadas ha llevado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a investigar posibles irregularidades. De momento, no hay conclusiones. Sólo una certeza: el mercado no funciona bien.
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