Cantabria pedirá 332 millones para pagar más de 94.000 facturas pendientes

Santander, 13 abr.- El Gobierno de Cantabria pedirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un total de 332,78 millones de euros para pagar las más de 94.000 facturas pendientes que espera poder saldar gracias al mecanismo extraordinario de pago a proveedores.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, ha dado a conocer hoy la cifra en rueda de prensa junto al interventor general de la comunidad autónoma, Gabriel Pérez, que ha explicado también los pasos que deben dar ahora los contratistas.

El importe que se solicitará al Ministerio puede variar en los próximos días, ya que se abre un plazo para que los proveedores revisen el listado de facturas y soliciten la incorporación, en su caso, de otras que echen en falta.

Mazas ha explicado que en total la Intervención General de la comunidad autónoma ha recabado 94.304 facturas que cumplen los requisitos para poder pagarse a través de este mecanismo.

De ellas, la mayor parte corresponde a lo que se denominan "facturas en el cajón", que no tienen soporte presupuestario para hacerles frente. En concreto, ascienden a 264 millones de euros, de las que, 252 millones son del Servicio Cántabro de Salud.

Los 68 millones que restan hasta alcanzar la cifra final de 332,78 millones de euros proceden de facturas recibidas antes del 1 de enero de este año que sí tienen respaldo presupuestario, pero siguen sin pagar.

Se prevé que los primeros pagos puedan empezar a realizarse el 15 de junio, comenzando por las facturas más antiguas y las correspondientes a pymes y autónomos. Y para final de año estará saldada toda la deuda con proveedores.

Para iniciar los pagos habrá que esperar la autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que también tiene que dar el visto bueno al plan de ajuste que debe presentar la comunidad autónoma para la amortización del crédito solicitado.

La consejera de Economía ha recordado que las condiciones de la financiación son "muy beneficiosas" para la administración regional.

También ha destacado el "efecto positivo" que va a suponer esta medida para la situación financiera de la comunidad autónoma, que va a poder hacer frente a la deuda sanitaria acumulada que, de otra forma, no se podría afrontar en un solo año a través del presupuesto.

Además, puede permitir ahorrarse hasta 20 millones de euros en intereses de demora, porque las empresas que se adhieran a este mecanismo deben renunciar a cobrar esos intereses.

Asimismo, contribuirá a agilizar en el futuro los pagos. Según la consejera, la demora media actual para las facturas con soporte presupuestario es de cuatro meses y podría rebajarse a menos de dos meses.

Por último, ha señalado que la medida contribuirá a dinamizar la economía regional, porque supondrá mantener puestos de trabajo e incluso crear nuevos, y dotará de liquidez a las empresas afectadas, permitiendo con ello realizar inversiones.