Sábado, 20.10.2018 - 02:58 h
Críticas de la IGAE y del Tribunal de Cuentas

Caos en la gestión del paro: Trabajo no sabe lo que le deben por pagos indebidos

Estima en 612 millones la factura a recuperar por prestaciones abonadas a parados de forma indebida, pero admite que ese dato no es del todo fiable.

Oficina de Empleo / EFE
El Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) asegura desconocer la cifra concreta de las prestaciones abonadas de manera indebida a los parados / EFE

El Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) estima que al cierre del año 2017 la cuantía pendiente de recuperar por prestaciones abonadas a parados de forma indebida ascendía a 612,5 millones de euros, pero no termina de tenerlas todas consigo. "La realidad es que no se conoce a cuánto asciende esa deuda con la fiabilidad suficiente y mientras no se elabore un inventario individualizado de deuda, no se podrá determinar esa cifra de forma precisa", admiten desde el Ministerio de Trabajo.

El asunto es llamativo porque si uno consulta los tutoriales para la realización de trámites del Sepe - antiguo Inem - en ellos se asegura que la resolución administrativa de los expedientes por cobro indebido de prestaciones incluirá "la cuantía exacta de la cantidad a devolver", de lo que se deduce que el organismo gestor debería conocer al detalle el agregado de los reintegros pendientes. 

Así lo han considerado también el Tribunal de Cuentas y en concreto la Intervención General del Estado, que desde hace una década viene afeando el hecho de que el Sepe no contabilice los derechos de cobro derivados de los pagos indebidos de prestaciones por desempleo en sus cuentas anuales, a través de la introducción de salvedades a su opinión como auditor de los organismos públicos.

Desde el actual equipo del Ministerio de Trabajo - que se ha encontrado con el problema - se explica que el hecho de que sea una circunstancia que se viene repitiendo desde hace una década indica que no es un problema de fácil resolución y subraya la explicación proporcionada en su día al Tribunal de Cuentas: que el Sepe no cuenta a día de hoy con los medios suficientes para abordar con la precisión requerida la contabilización de la deuda pendiente. 

La solución por la que se ha optado es la de contabilizar la deuda pendiente según el principio de caja - es decir, contabilizando el saldo entre las resoluciones realizadas y los cobros efectivamente ingresados - y no por el principio de devengo que exige la IGAE y que obligaría al Sepe a estimar, por ejemplo, qué parte de esos derechos pendientes son susceptibles de impago.

La explicación oficial no despeja, no obstante, la incógnita de cómo se puede gestionar con eficacia la recuperación de unos derechos cuya cuantía exacta parece desconocerse y cuestiona también la eficacia de las campañas de control de prestaciones realizadas en el pasado

Mejoras en la gestión

Con todas la cautelas aconsejadas por las propias explicaciones del Ministerio, los datos oficiales proporcionados en los últimos años parecen indicar que algo se ha mejorado en la gestión de esa deuda pendiente de cobro. Las deudas pendientes han pasado de suponer más de 650 millones de euros en 2014 a los 612 millones registrados en 2017.

En 2016, el Sepe logró recuperar 141,4 millones de euros de parados que habían percibido de forma indebida una prestación; y el año pasado esta cifra se incrementó hasta los 161,14 millones de euros. Nuevamente, el descontrol en la gestión de esta cuenta obliga a tomar los datos con cautela, y así lo advierte el propio Sepe en sus cuentas anuales: "El organismo desconoce si los reintegros se refieren a gastos del ejercicio de 2017 o a gastos de ejercicios anteriores, por lo que no puede comprobarse su correcta distribución entre el patrimonio inicial y la cuenta del resultado económico-patrimonial de 2017".

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