El caos con la reforma laboral dispara la crispación en el ecuador de la legislatura

Un voto a favor por error de la oposición y dos negativos fuera de la disciplina de su partido para sacar adelante una de las más importantes reformas estructurales de la economía española. El caos generado tras la votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados de este jueves eleva el nivel de crispación política de cara al final de la legislatura a niveles sin precedentes y deja en el aire la capacidad del Gobierno de coalición de obtener los apoyos parlamentarios necesarios para completar su programa. El triunfalismo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por haber aprobado una reforma tan trascendente en su programa político, aunque haya sido de carambola, queda ensombrecido por una imagen rota con sus habituales apoyos en el Congreso, que será muy complicado que vuelvan a ser los mismos en los dos años que restan para acabar su mandato.

El desorden y las acusaciones de "tongo" y "pucherazo" por parte de los grupos del PP y Vox no se hicieron esperar, tras reclamar ante la presidenta del Congreso la subsanación del error por entender que su diputado lo había advertido de antemano sin obtener una respuesta válida de la Mesa. Desde ambos grupos no se descarta apurar al máximo las acciones legales que estén en su mano para defender que el supuesto error de Casero no ha sido tal, hasta el punto de que Vox no descarta llevar a la presidenta del Congreso Meritxell Batet ante los tribunales por prevaricación. Es decir, por tomar una decisión en su cargo a sabiendas de que es injusta. 

Frente a ello, los servicios informáticos de la Cámara corroboraron que le voto llegó de forma correcta y era un 'sí', de forma que en el entorno del Grupo Socialista se ha dado por cerrada y aprobada la reforma laboral, a expensas de que se pueda abrir un proceso contencioso sobre las posibles irregularidades informáticas en la votación, o incluso por la vía penal. Fuentes jurídicas consultadas advierten que cualquier causa contra Batet por prevaricación debería ir al Tribunal Supremo, si bien cabe también la opción de presentar un recurso de amparo directamente ante el Constitucional. No obstante, "es una vía muerta, pues cualquier decisión no tardaría menos de dos años, y para entonces la reforma laboral llevaría mucho tiempo en marcha". 

Un episodio "esperpéntico"

Las negociaciones llevadas a cabo en el último mes para dar el visto bueno legal a una reforma laboral que ya habían refrendado los agentes sociales, con la condición de no hacer cambios en el trámite parlamentario, habían obligado a Sánchez a ponerse en manos de los grupos de derecha de Ciudadanos, el PDeCAT y UPN, junto a otros grupos regionalistas, ante la negativa tanto del PP a derogar su reforma de 2012 y el rechazo de los socios de investidura del nacionalismo catalán y vasco, ERC, EH Bildu y el PNV. Esa posibilidad marcaba un antes y un después en el equilibrio político de los socialistas para sacar adelante sus propuestas en el Congreso, en su mayor parte mediante la aprobación en trámite parlamentario de decretos ley aprobados de antemano por el Consejo de Ministros.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue el encargado de mantener abierta la vía paralela de conversaciones con los partidos regionalistas de derechas, a la vista de la predisposición de Ciudadanos a cederle sus nueve votos, mientras la propia Yolanda Díaz agotaba todas las bazas por la izquierda con ERC y EH Bildu. Una semana antes de la votación definitiva, desde Moncloa se había apostado por tener abierto el frente alternativo, en una demostración de capacidad negociadora y para dejar claro que otras vías son posibles para sacar adelante sus planes. Si los dos diputados de UPN no se hubieran saltado la orden de su presidente, esa estrategia habría dado resultado, con el tiempo suficiente como para reconducir la situación con ERC, explican fuentes cercanas a Moncloa. 

Durante el pleno del Congreso, el enfrentamiento entre los independentistas catalanes de ERC y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido patente y ha dejado claro que habrá un antes y después de este periplo, pese a que ambos son representantes de dos partidos de izquierdas y a que Gabriel Rufián no ha querido dar por rotos todos los puentes por el momento. El PNV también ha lamentado la falta de flexibilidad del Ejecutivo para hacer cambios que respetaran su marco laboral propio, razón por la que han votado 'no' a la reforma, para dejar claro que no hay alianzas de antemano que valgan cuando se trata de defender lo suyo, mucho menos con un presidente del Gobierno al que no le duelen prendas de aliarse con Ciudadanos si es necesario, un enemigo clásico de los nacionalistas de la derecha vasca. La presión de las patronales y los sindicatos nacionalistas se ha dejado notar en el PNV que, no obstante, estaba de acuerdo con la mayor parte de los cambios laborales que se planteaban y no temía una votación final tan ajustada.

Con ERC y el PNV enfrente a partir de ahora, cualquier reforma pendiente en materia de energía, Presupuestos, pensiones, vivienda o reparto de los fondos europeos, que deban pasar por el visto bueno de los escaños del Congreso, va a sufrir un examen mucho más condicionado desde los que han sido aliados del Ejecutivo en los dos primeros años de legislatura. Tanto desde los partidos de la oposición como en el propio partido socialista admitían este mismo jueves lo "esperpéntico" de la situación a la hora de aprobar una reforma fundamental para la recuperación de la economía española y para hacer valer la capacidad del Gobierno de llegar a acuerdos con sus aliados nacionalistas frente a la intransigencia del PP y Vox.