Las capitales reclaman más autonomía financiera a las puertas de las elecciones

Parecía que el debate territorial en España estaba hibernado. Con el Gobierno tirando de inversiones para tratar de resolver la fractura política en Cataluña, y cerrada la actualización del cupo del País Vasco, en el discurso público sólo resonaba el discurso de la 'España vaciada', que ahora aspira a multiplicar su voz con una nueva formación política que opta a conseguir representación en el Congreso. Hasta que esta semana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha reivindicado la reforma de la Ley de Capitalidad, algo que conlleva reformular las competencias y la financiación de la capital y que añade una ecuación más a la interminable discusión de un teórico desagravio entre territorios. 

El reconocimiento de capital es una figura jurídica que otorga un estatus administrativo preferente a una determinada ciudad. En la actualidad, las ciudades que cuentan con esta situación son Madrid, como capital del Estado español y que disfruta de un régimen especial a nivel estatal; así como Mérida, Palma de Mallorca o Zaragoza, ejerciendo su condición de capitales de sus respectivas comunidades autónomas. 

Almeida busca una financiación propia para su 'city'

"Es imprescindible abordar la reforma de la Ley de Capitalidad. Tenemos que hacerlo de acuerdo con el Gobierno de España y hacerlo para que Madrid pueda seguir creciendo desde el punto de vista económico y la mejora de la prestación de servicios", defendía Almeida, quien aboga por reconocer las "singularidades" que tiene Madrid para trasladarlas al marco normativo. Los planes del alcalde pasan por cambiar la norma para que la ciudad amplíe sus competencias en seguridad, infraestructuras, fiscalidad y financiación. 

Esta reforma debe ser consensuada en la Comisión Interadministrativa de Capitalidad, un ente que no se ha reunido desde su constitución en el año 2006 y en el que participa el Ministerio de Política Territorial, que ya ha confirmado su intención de convocar y acudir a la cita. Los planes de Almeida pasan por lograr incrementar el número de efectivos policiales —Madrid sufre desde hace años un importante déficit de personal en su Policía Municipal por la aplicación de la tasa de reposición—, obtener más competencias en infraestructuras o lograr que el Estado aumente sus aportaciones al ayuntamiento. 

Pero si hay una factor clave que condiciona los planes del alcalde madrileño, esa es la reforma de la fiscalidad que permita fijar un gravamen específico para las empresas que se instalen en Madrid Nuevo Norte, el desarrollo urbanístico que pretende convertir en un distrito financiero como la City de Londres: "queremos tener la capacidad de ofrecer incentivos fiscales para la atracción y retención del talento", alega. La competencia de establecer un marco tributario distinto al vigente en toda España compete únicamente al Ministerio de Hacienda, algo que choca con los planes del PP madrileño para posicionar a la ciudad como una capital financiera que atraiga capitales de todo el mundo. 

Sevilla y Valencia también quieren ser capitales

Esta misma reclamación, llevada al ámbito territorial, la está pidiendo de forma insistente el alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, quien también destaca el hecho singular de ser "la capital administrativa y económica de Andalucía". A su juicio, es necesario establecer un "marco específico aprobado en el Parlamento de Andalucía" como municipio central de un gran área metropolitana. 

Entre los motivos que llevan a Muñoz a pedir esta norma se encuentran hechos como que 6 de los 15 barrios más pobres de España estén en Sevilla, para los cuales harían falta más financiación e intervenciones específicas. Para decidir al respecto de esta ley, el Ayuntamiento hispalense, la Junta de Andalucía y el Gobierno central han acordado desarrollar un estudio de viabilidad que dé forma a esta nueva esta ley de capitalidad en Andalucía.

Conseguir este mismo reconocimiento también está en la agenda del alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), que aunque asegura tener el apoyo del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), no ha conseguido que este asunto llegue a las cortes regionales. Esta norma permitiría "definir y concretar el papel de la ciudad como capital de la Comunidad Valenciana" para "reconocer al ayuntamiento una amplia facultad de desarrollo reglamentario", incluyendo el trasvase de competencias que a día de hoy ostenta la Generalitat, aunque su financiación seguiría recayendo sobre las arcas regionales.  

Pero obtener el estatus de capital tampoco asegura nada si no se acompaña de un pacto presupuestario que garantice la financiación que se requiere para hacerse cargo del aumento de competencias. Zaragoza cuenta con esta condición, pero según reclamó Vox, el Gobierno de Aragón habría dejado pendiente de abono una cuantía variable de unos 63 millones que se fija en función de la evolución de los ingresos no financieros de la autonomía. El ayuntamiento maño sí habría recibido los 8 millones anuales que le corresponden como parte de la financiación fija, y en diciembre firmó un nuevo convenio bilateral con el gobierno de Javier Lambán para actualizar las condiciones que determinan ese traspaso de recursos.