Carbunión acusa a las gasistas de frenar el decreto y al Gobierno del impago de nóminas

Madrid.- El presidente de la patronal minera Carbunión, Victorino Alonso, acusó hoy a las empresas gasistas de frenar la aprobación en la Comisión Europea del decreto de incentivos al carbón y dijo que el Gobierno es el responsable del impago de nóminas a los mineros por llevar siete meses sin darles ayudas.

"Los eurodiputados están todos tocados por las eléctricas al efecto de no aprobar el decreto", aseveró Alonso, quien acusó directamente a los "lobby" gasistas de estar detrás de esta "presión" para no perder la cuota de mercado que les ha cedido el carbón.

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Energía, Alonso advirtió de que la aprobación del decreto es imprescindible para la subsistencia del sector y pidió al Gobierno que reanude la compra de carbón por parte del Gobierno parada desde febrero con el cierre del "almacenamiento estratégico" creado después de que las eléctricas dejaran de adquirir este mineral en junio de 2009.

El agosto, y ante el retraso en la aprobación del decreto, Economía decidió reanudar "excepcionalmente" la compra de carbón y pagó un tercio del importe previsto a los empresarios mineros, que en algunos casos, como es el caso de los de Alonso (dueño de las mineras Alonso y Viloria) no han pagado las nóminas de julio y agosto.

"Puede ser que la próxima semana cobren un mes -los trabajadores- si nos hacen una trampa" y Economía paga los dos tercios del dinero que aún no han recibido, añadió Alonso.

"Llevamos siete meses sin cobrar y nos han dejado sin liquidez", insistió el empresario, que aseguró que ninguna empresa puede hacer frente a sus pagos tras más de medio año sin facturar y advirtió de que otras firmas como la Hullera Vasco Leonesa ha alertado de que no podrán pagar las nóminas.

Explicó que el sector factura anualmente 600 millones, mientras que hasta ahora sólo han ingresado 250 millones, a lo que añadió que el Gobierno, que se comprometió a adelantar los 315 millones de ayudas prevista al sector para que pagara las nóminas, sólo les ha dado 75 millones.

En respuesta a Industria, que ayer calificó de "injustificable" el impago de nóminas, Alonso dijo que el Gobierno no puede hacer responsable a los empresarios de algo que ha sido provocado por Economía al suspender el almacenamiento.

No obstante, rechazó que el Ejecutivo quiera dejar morir al sector minero, aunque le criticó por no haber sido más "ágil" y aprovechar la Presidencia Europa para sacar adelante el decreto, y reconoció que tiene una situación presupuestaria "difícil" a la que hacer frente.

De vuelta al decreto, que está previsto que sea analizado este mes por la Comisión Europea tras su aplazamiento en julio, Alonso aseguró que es "viable" y cumple con el derecho comunitario y dijo que una nueva demora supondría la desaparición de mineras y centrales térmicas.

Explicó que el carbón es la única fuente energética autóctona que garantiza el suministro en España y subrayó que su combinación con las energías renovables podría hacer que el 30% del consumo energético sea cubierto con energía nacional.

Alonso se felicitó por la decisión de socialistas y populares de hacer frente común para defender el decreto en Europa y lamentó la actitud del eurodiputado popular Alejo Vidal-Quadras que se ha manifestado en contra y al que acusó de defender "intereses eléctricos ajenos a su cargo político".

"El problema aquí es el gas", lamentó Alonso, que recordó que, una vez que el carbón dejó de entrar en el mercado eléctrico, los ciclos combinados se quedaron con su 8% de cuota de mercado.

El empresario minero acusó también a las gasistas de estar vendiendo con pérdidas, un práctica prohibida conocida como "dumping", para dar salida al gas comprado bajo la modalidad de "take or pay" (que obliga a adquirir lo acordado aunque no se use).

Alonso pidió que hasta que éste entre en vigo se reanude el almacenamiento estratégico, se definan los tonelajes para 2010 y 2011 y se publique cuanto antes la orden de ayudas para el próximo año para poder negociar con los bancos.