Si hacemos caso al Gobierno de aquí a diez años, es decir, en 2030, habrá 2.400 muertes prematuras menos al año a causa de la contaminación atmosférica, España producirá entre 20.000 y 25.000 millones de euros más al año y el número de puestos de trabajo disponibles para los ciudadanos se habrá ensanchado en hasta 350.000. Todo ello gracias a su decidida 'apuesta verde' y a la hoja de ruta para la transición ecológica plasmada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el periodo 2021-2030, que en principio llevará al país a reducir de forma drástica las emisiones de gases con efecto invernadero, a generar el 42% de la energía total que consume con fuentes renovables y a contener hasta en un 40% el consumo total de energía.
Grandes cifras acompañadas de grandes palabras - España se posicionará como líder en energía y tecnologías limpias, dijo el presidente Sánchez en la presentación del Plan- y de una fabulosa inversión de 241.000 millones de euros (alrededor del 22% del PIB), de los cuales las Administraciones Públicas asumirán algo menos de 50.000 millones y el resto lo aportarían por su cuenta el sector privado: empresas y familias.
Sobre el papel todas las cifras cuadran, pero dentro de los Ministerios que deberán desarrollar los programas de gasto que conduzcan al país a esos objetivos las cuentas no se ven tan claras. En el remozado Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana -antes conocido como Ministerio de Fomento- son conscientes de que uno de los objetivos que les marca el PNIEC es promover la rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas en el transcurso de la próxima década y también son conscientes de que se trata de un objetivo inalcanzable.
"Los funcionarios del Ministerio saben perfectamente que la estimación de costes de este programa que ha elaborado el Gobierno se ha quedado muy corta", asegura un consultor, que colabora con regularidad con el área de vivienda del Gobierno. "Ahora mismo no es posible alcanzar esos objetivos. Con los recursos de que dispone ahora el Ministerio apenas alcanza para hacer un 0,03% de lo que está previsto y a ese ritmo se tardarían 85 años en alcanzar el objetivo para 2030".
Como adelantó La Información, el Gobierno está dando los últimos retoques a un plan que pretende sostener con una inversión millonaria de 80.000 millones de euros por vías públicas y privadas ese objetivo de rehabilitación energética de viviendas, pero según las fuentes consultadas ese plan estima un coste de rehabilitación que es entre seis o siete veces inferior al real y además ni siquiera están siendo consultado con las comunidades autónomas, que serán las que lo desarrollen.
Mirando a Europa en busca de fondos
En una reciente jornada organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la subdirectora general de Políticas Urbanas del Ministerio, Ángela de la Cruz, admitió la insuficiencia de fondos presupuestarios para abordar el plan y reconoció que el plan del Gobierno pasa por, a través de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda, maniobrar ante la Comisión Europea para sufragar en la medida de lo posible el esfuerzo inversor público para este objetivo con fondos europeos.
Hasta el momento, la única iniciativa tangible a este respecto es una convocatoria para proyectos de rehabilitación energética en viviendas -orientada a la mejora integral de edificios completos, de manzanas o actuaciones integrales en barrios mediante la mejora de la eficiencia energética de los aislamientos, de las calderas o de la iluminación- dotada con 300 millones de euros, cofinanciados por Europa, y a repartir entre las comunidades autónomas.
Fuentes de uno de los ejecutivos autonómicos que tienen las tareas más avanzadas en este campo, el de Euskadi, aseguran que ésta se ha realizado sin acuerdo previo con las autonomías para definir los parámetros a aplicar y los objetivos a conseguir. Eso sí, hace una semana, y al mismo tiempo que se anunciaba esa convocatoria, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera anunciaba un Grupo de Trabajo mixto Gobierno-comunidades autónomas para encarrillar proyectos de eficiencia energética.
El proyecto de descarbonización de la planta residencial española no es el único proyecto de los incluidos en el PNIEC que enfrenta una severa carencia de recursos. La Administración española lleva pagados ya más de 30 millones de euros en multas por el incumpimiento recalcitrante de una directiva europea sobre depuración de aguas que data de hace casi 30 años y la multa seguirá subiendo al menos hasta 2023 por la ausencia de medidas decididas para corregir esta situación.
La multa se deriva de las graves carencias en el tratamiento de aguas residuales de nueve municipios en el que viven cerca de 400.000 personas, según detalló El País en un información reciente. La Comisión Europea estimó en 10.000 millones de euros la inversión que necesitaría España para poner al nivel del estándar mínimo europeo su sistema de tratamiento de aguas residuales y ése precisamente fue el compromiso que adquirió el Gobierno en su hoja de ruta para la transición ecológica. "No hay dinero suficiente en los Presupuestos y alcanzar esos objetivos pasa por promover marcos de colaboración público-privada", admitió hace unos días en una jornada sobre 'Agua y cambio climático' un asesor de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
El Ejecutivo trabaja ahora en la configuración de un marco regulatorio que habilite esa inyección de recursos privados para tratar de alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos, a través de un Plan de Depuración, Eficiencia, Saneamiento, Ahorro y Reutilización de Aguas, que estaba llamado a amparar el desarrollo de las medidas para saneamiento previstas en los planes hidrológicos, pero que quedó paralizado con el parón política de 2019 y cuyo calendario de puesta en marcha es todavía una incógnita.
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