El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lanzó el registro en el que deben inscribirse las entidades del tercer sector de acción social para colaborar en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital. Se trata de un listado en el que deben apuntarse los denominados "mediadores", que son las ONGs y otras entidades privadas sin ánimo de lucro que deseen cooperar con la entidad gestora de la prestación acreditando determinados requisitos exigidos para el acceso a la misma. Pero el proceso no está siendo sencillo y, por diversas razones, se está produciendo un atasco en la adhesión de organizaciones como Cáritas.
En estos momentos, en el bautizado como 'Registro de Mediadores Sociales' solo aparece Cruz Roja Española. Dos meses después de su lanzamiento, el Ministerio que dirige José Luis Escrivá está detectando problemas en la adhesión de algunas organizaciones. Es el caso de Cáritas, que por su propia estructura descentralizada está tardando más tiempo del que estimaban inicialmente en sumarse al proyecto. "En España hay 68 Cáritas Diocesanas repartidas por todo el territorio que componen la confederación y es un proceso complejo, no como en el caso de Cruz Roja, que es una organización jerárquica donde la toma de decisiones se lleva a cabo en Madrid para toda la ONG estatal", explican fuentes al tanto del procedimiento.
Cáritas Española no es la única organización que está trabajando a marchas forzadas para incorporarse cuanto antes a este registro que les permitirá hacer de mediadores entre la Administración y los solicitantes del IMV. También es el caso de la propia Plataforma del Tercer Sector, que aglutina a las organizaciones más representativas del ámbito de lo social para defender, a través de una voz unitaria, los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, principalmente de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión. A estas alturas del proceso, tampoco han conseguido sumarse. El problema, además de las propias estructuras de las organizaciones, son también los requisitos y condiciones impuestos por el Ministerio, según explican a este medio fuentes conocedoras del proceso.
En febrero de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 3/2021, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, que modifica el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, estableciendo una mayor flexibilidad en el concepto de unidad familiar (incluyendo como unidad de convivencia a quienes viven juntos sin vínculos) y ampliando la cobertura a grupos altamente excluidos y vulnerables que no estaban siendo incluidos en las anteriores reformas de la ley, como los sin techo (personas sin hogar con "domicilio ficticio") o los residentes en servicios residenciales temporales y de uso colectivo como albergues, pisos tutelados o centros de acogida.
Entre las modificaciones que se hicieron hace ahora justo un año se encuentra la incorporación al texto de una disposición transitoria que establecía la colaboración de las entidades del tercer sector de acción social en la gestión de la prestación de Ingreso Mínimo Vital. Dicha disposición señalaba que, de forma excepcional, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de ese Real Decreto-ley, las entidades del Tercer Sector de Acción Social debidamente inscritas en el registro de mediadores podrían emitir certificado para la acreditación de las circunstancias de vulnerabilidad previstas en la normativa. A través de esta vía, el departamento de Escrivá calculaba que podría incorporar entre 20.000 y 40.000 beneficiarios más a la prestación.
De este modo, el Ministerio posibilitó que, en situaciones de convivencia complejas, la acreditación de la unidad de convivencia pueda ser certificada por los servicios sociales, entidades colaboradoras del IMV y el tercer sector social subsidiaria y transitoriamente, una solución similar a la adoptada por muchas comunidades autónomas para acreditar las unidades de convivencia para acceder a sus programas de rentas mínimas. Los mediadores debían cumplir una serie de requisitos, como carecer de fines lucrativos, hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, disponer de puntos de atención directos a las personas en todas las comunidades autónomas y acreditar la experiencia de, al menos, tres años en el acompañamiento y asistencia a personas en riesgo de exclusión social.
Pero no fue hasta el pasado mes de septiembre cuando Escrivá puso en marcha la creación del registro obligatorio de mediadores sociales, clave para dar un acelerón al ritmo de tramitación, disminuyendo el número de personas que, teniendo derecho a la prestación, se quedan acceso a ella por dificultades para acreditar su situación de vulnerabilidad y ampliando así el número total de beneficiarios. Finalmente, el registro vio la luz en diciembre, pero el proceso para incorporarse no arrancó hasta el pasado mes de enero, según informan desde algunas de las organizaciones interesadas en sumarse al proyecto. De su adhesión como mediadores va a depender, en gran medida, que el Ingreso Mínimo llegue a quienes más lo necesitan, que son precisamente aquellos que se le escapan a la Administración, que están en situación de exclusión social y dependen de la labor de las ONG y otras entidades privadas sin ánimo de lucro.
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