Cuando en 2012 la entonces alcaldesa, Ana Botella, anunció su plan de reestructuración de la plantilla municipal para adaptarla a los nuevos límites que imponía el plan de reequilibrio económico-financiero impuesto a las delicadas cuentas de la ciudad de Madrid, el consistorio madrileño contaba con 29.475 efectivos. Según el Presupuesto General de 2017 del Ayuntamiento de Madrid la plantilla media municipal será este año de 25.561 personas.
Los ajustes presupuestarios derivados de la crisis y la aplicación inexorable -como en el resto de las Administraciones Públicas- de la tasa de reposición de vacantes, que ha impedido cubrir en parte o en su totalidad las salidas de funcionarios de los últimos años han conducido a la plantilla municipal a una situación que los propios responsables municipales califican de límite.
El Ayuntamiento de Madrid ha calculado en 3.000 los nuevos efectivos que necesitaría incorporar a la plantilla municipal para garantizar una adecuada cobertura de los servicios que presta el Consistorio, según han confirmado a lainformacion.com fuentes municipales, y así se lo ha trasladado al Ministerio de Hacienda.
El equipo de gobierno dirigido por Manuela Carmena aspiraba a que el Ejecutivo Central desactivara la tasa de reposición de vacantes para permitirles al menos paliar una situación que, según subrayan los sindicatos, amenaza con comprometer la adecuada prestación de los servicios municipales.
Desde el ala sindical se señala principalmente a la infradotación del servicio de atención de emergencias municipal (SAMUR), la Policía Municipal, donde hay contabilizado un déficit de 400 unidades; y los Bomberos, con 418 plazas no cubiertas como los servicios más expuestos.
Malas relaciones
Fuentes del Ayuntamiento de Madrid aseguran que las finanzas municipales están en condiciones de asumir el esfuerzo necesario para recuperar progresivamente la dotación de personal que el consistorio necesita. Sin embargo, el aviso de Hacienda al equipo de Carmena por el incumplimiento de la regla de gasto establecida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria parece alejar cualquier posible solución al asunto.
Hacienda acusa al Ayuntamiento de Madrid de intentar saltarse el tope presupuestario establecido en esa regla, fijada a instancias de Bruselas en plena ola de ajustes post-crisis. La exigencia gubernamental de vuelta al rigor presupuestario no parece ser compatible con un plan de incorporación de efectivos que necesitaría de un importante esfuerzo presupuestario.
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