Cerca de 800.000 pequeñas empresas y autónomos se han acogido en apenas una semana a las medidas de alivio fiscal aprobadas la semana pasada por el Gobierno que, principalmente, habilitan a los autónomos acogidos al régimen de módulos a desengancharse temporalmente de este sistema para ajustar su factura fiscal a lo realmente ingresado y a las pequeñas empresas que tributan en el Impuesto de Sociedades a hacer lo propio respecto del régimen simplificado que hasta la pasada semana vinculaba sus obligaciones fiscales a la cuota pagada por el ejercicio de 2019 y no a lo que realmente han facturado en el primer trimestre del año. En conjunto y según los cálculos del Ministerio de Hacienda, estos contribuyentes se ahorrarán 1.100 millones de euros con esta maniobra.
Los datos confirman lo que economistas, asesores fiscales y organizaciones empresariales venían advirtiendo al Gobierno desde hace tiempo: que ese 'pack de medidas fiscales' no era ningún regalo a las empresas sino una necesidad del tejido productivo. La urgencia con la que en el plazo de poco más de una semana autónomos y empresas han aprovechado el canal abierto por el Gobierno para aliviar su factura fiscal da fé de ello. Según los datos proporcionados este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alrededor de 427.000 empresas y unos 360.000 autónomos han aprovechado la puerta abierta por el Gobierno para huir de esos regímenes simplificados que en condiciones normales les facilitan las cosas, pero que en este contexto les condenaban de forma inexorable a una 'sobreimposición', y tributar por lo que realmente han facturado, que lógicamente no será demasiado.
Montero ha hecho balance de las medidas de alivio fiscal adoptadas por el Gobierno desde que se iniciara la crisis y ha dejado ver de este modo el fondo de su estrategia, que pasa más por demorar unos meses los ingresos tributarios que por reducirlos para facilitar a las empresas la salida de la crisis. Según los datos detallados este jueves por María Jesús Montero, el Gobierno hasta la fecha ha renunciado únicamente a poco más de 2.000 millones de recaudación y en lo que se ha empleado a fondo es en retrasar sus obligaciones fiscales principalmente a las pequeñas y medianas empresas, que según las estimaciones gubernamentales podrán retrasar al último tramo del ejercicio el pago de 14.000 millones.
En ese sentido, las medidas de ahorro fiscal real para los contribuyentes se limitan a los 1.100 millones de euros que según el Gobierno se van a ahorrar los autónomos y las pequeñas y medianas empresas por salirse de los regímenes simplificados en que tributaban y hacerlo por su facturación real; otros 30 millones de euros por la reducción de los módulos a algunos sectores concretos de la economía como el agrario; y los 1.022 millones de euros de la exoneración de IVA sobre las compras de material sanitario, cuyo principal beneficiario serán las comunidades autónomas, así que no tendrá un efecto relevante en el déficit. El resto de medidas, al tratarse de aplazamientos, no tendrán impacto en el déficit más allá de los posibles impagos que se pueden generar en una situación en el que muchas empresas viven una situación de estrés
Montero ha evitado avanzar la estimación de déficit para 2020 que el Gobierno debe remitir este mismo jueves a la Comisión Europea y tampoco ha dado dato alguno sobre la factura para el erario público de las medidas de estímulo puestas en marcha hasta la fecha. También ha esquivado otras cuestiones controvertidas que hacen referencia directa a la operativa de su departamento como esa 'tasa covid' para grandes patrimonios planteada desde el área de Gobierno de Pablo Iglesias o las posibles medidas de respaldo fiscal a futuro que se pueden adoptar para estimular la salida de la crisis.
Plan de rescate para las comunidades autónomas
Sí ha avanzado por el contrario que en los próximos días se convocará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que el Gobierno ultima un 'plan de rescate' a golpe de financiación barata por valor de cerca de 6.000 millones de euros -el célebre FLA y el Fondo de Facilidad Financiera- para que puedan sufragar las necesidades de financiación derivadas de la desviación del déficit del año pasado. La idea de Hacienda es liberar el 75% de esos fondos de forma inmediata y repartir el 25% restante en la última parte del año. Alrededor de la mitad de esos recursos se prestarán a un tipo del 0%, según ha precisado Montero, por estar vinculados a la famosa mensualidad del IVA no abonada a las comunidades autónomas; el resto se hará en forma de créditos blandos con los tipos de interés previstos en la ley, muy inferiores a los de mercado.
Montero subrayó que desde que se iniciará la crisis el Gobierno ha tomado medidas para reforzar la financiación de las comunidades autónomas en 14.000 millones de euros a base de transferencias para sufragar los sobrecostes para el sistema sanitario público de la lucha contra la pandemia o la atención a los colectivos más vulnerables; adelanto de recursos respecto al calendario normal del sistema de financiación autonómica; y otras medidas de apoyo.
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