Los funcionarios podrán ser cesados de su puesto de trabajo con la nueva ley

España es uno de los países que más funcionarios tiene al servicio de la Administración Pública por número de habitantes, contando con más de 3 millones de empleados sumando los diferentes niveles administrativos. ¿Son eficientes? ¿Por qué otras naciones con más población y mejor economía tienen muchos menos? La productividad de los trabajadores públicos se pone en tela de juicio de manera habitual. Sin embargo, y a pesar de la gran influencia que tienen en la sociedad, la norma que regula su actividad llevaba sin actualizarse desde hace 15 años, aunque el Gobierno ha dado los primeros pasos para su reforma, aprobando el anteproyecto de la nueva Ley de Función Pública. 

El Ejecutivo cree que con este cambio se incrementará la eficiencia del sector público y se premiará de esta manera el talento de manera progresiva. La norma va a tener un amplio radio de acción, ya que se va a aplicar en la Administración General del Estado, Organismos Autónomos, entidades gestoras de la Seguridad Social, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, universidades públicas no transferidas y demás entes de derecho público. Uno de los cambios más significativos va a ser la evaluación de desempeño, una prueba que medirá la actividad de los profesionales públicos periódicamente y que, en caso de no superarse, supondrá la cesión del puesto.

Según los datos publicados por el Boletín Estadístico del Registro Central de Personal, desde que hay datos apenas 500 funcionarios han perdido su plaza, la mayoría debido a sentencias penales condenatorias. Los exigentes requisitos para despedir a un empleado público tienen por objetivos dar estabilidad a la Administración y al funcionamiento del Estado del Bienestar. Esto puede ser un arma de doble filo que de lugar a situaciones en las que la incompetencia de un trabajador para un puesto concreto entorpezca el correcto funcionamiento del área.

Cómo se medirá el desempeño de un empleado público

La nueva ley de Función Pública permitirá que los empleados que han obtenido su puesto por oposición puedan ser apartados de su puesto de trabajo si no desempeñan sus tareas correctamente, si su rendimiento es insuficiente o si no pueden cumplir con las exigencias que se piden para el cargo. Dicha evaluación comenzará a los seis meses de la incorporación al trabajo. En caso de que el empleado deba ser apartado por alguna de esas razones, será trasladado de manera provisional a otro puesto de la Administración conforme a su carrera, en la misma localidad donde desarrollaba la función anterior. 

Se trata de un control que ya estaba recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público de manera genérica. No obstante, el anteproyecto introduce un cambio que convertirá esta evaluación en un proceso individualizado, en consonancia con su plan estratégico por objetivos. De ella dependerán los ascensos, traslados e incentivos salariales. Sin embargo, la ley no concreta en qué consistirá el examen y relega su regularización al reglamento que se redactará posteriormente. 

El desempeño determinará los ascensos, traslados e incentivos salariales

Los sindicatos, contrarios a esta propuesta, abogan por una evaluación global, recíproca, por unidades y oficinas con el fin de evitar episodios de arbitrariedad: "Hay que realizar un sistema de análisis del cumplimiento de estos objetivos, pero con garantías y sobre todo transparencia", señalan. Si bien no denostan el interés de profesionalizar y mejorar la eficiencia de la Administración Pública, critican que el diseño de la ley se asemeje tanto a la lógica empresarial. 

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Causas de ruptura de la relación laboral para un funcionario

Un funcionario puede ser apartado de su condición de empleado público por un total de 6 motivos. A saber, "la renuncia voluntaria a la condición de funcionario, la pérdida de nacionalidad, la jubilación total del funcionario, la sanción disciplinaria, la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme", tal y como especifican los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En este sentido, las faltas cometidas por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos serán clasificadas como muy graves, graves y leves, implicando una penalización que podría determinar la suspensión del servicio de un funcionario de carrera. 

Entre ellas se encuentran algunas como el abandono del servicio, el notorio incumplimiento de las funciones esenciales, la negligencia en la custodia de secretos oficiales o la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, todas determinadas en el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015. Las más graves tienen que ver con el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía; la discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual; el abandono del servicio; la adopción de acuerdos ilegales; la publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función; y la violación de la imparcialidad.