Catalá saca la cara por Lesmes y defiende su gestión en la crisis de las hipotecas

  • El exministro defiende el "funcionamiento normal de la justicia" y no considera que deban dimitir ni el presidente del Supremo ni Díez-Picazo.
El exministro de Justicia Rafael Catalá.
El exministro de Justicia Rafael Catalá.
Efe

La crisis desatada por los vaivenes del Tribunal Supremo en el criterio sobre quién debe pagar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de una hipoteca refleja, a ojos de Rafael Catalá, el "funcionamiento normal de la justicia". El exministro considera que la diferencia de opiniones forma parte de la normalidad del sistema judicial, defiende la gestión del presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, y descarta su dimisión y la del de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo. 

En una entrevista en TVE, el exministro de Justicia ha hecho una defensa tenaz del funcionamiento del sistema judicial español. Aunque ha reconocido que se ha producido "algún problema de coordinación" en la gestión del asunto del impuesto hipotecario, ha considerado que "haríamos todos bien" en defender la labor de los jueces del Supremo, porque son "profesionales de magnífica calidad" y no es "razonable" desprestigiarles.

Ni a ellos, ni a Lesmes, ni a Díez-Picazo. A juicio de Catalá, aunque estas semanas "se ha generado mucha confusión", las consecuencias de los cambios de criterio de los magistrados en los últimos días no son causa de dimisión. "No creo que haya que exigir dimisiones por lo que es el funcionamiento normal del Supremo", ha dicho.

Dice el secretario de Justicia del Partido Popular que se queda con la resolución final del alto tribunal, que libró a la banca del tributo y estableció que recae sobre el cliente, porque "deja claro quién tiene que pagar". "Quizá lo que ha pasado por el camino no es lo más ejemplar", ha reconocido, para zanjar que "ya está resuelto". 

Sobre el decreto que entra en vigor mañana, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y se establece que será la banca, y no el cliente, quien deba abonar el tributo, Catalá ha considerado que no se trata solo de resolver quién lo paga, sino de cuestionarse qué sentido tiene. El planteamiento del PP pasa por eliminar este impuesto, entre otros (patrimonio, sucesiones y donaciones), porque "tiene poco fundamento". 

En este sentido, el exministro ha pedido al Gobierno que recupere en su agenda la reforma de la financiación autonómica para compensar a las comunidades autónomas por el impuesto sobre AJD, que tiene "una capacidad recaudatoria importante".

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