Barcelona, 10 ene.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido hoy un auto por el que da cinco días de plazo a la Generalitat para que explique cómo piensa ejecutar la resolución del Órgano de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) que anula la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona.
Según ha informado hoy Agbar, este auto responde a la solicitud que presentó ayer la compañía, que también optaba a la privatización de ATLL, para que de forma urgente se suspenda la formalización del contrato con Acciona y se impida "la toma de posesión de las instalaciones del servicio por parte de la empresa contratada" y que ésta "asuma el personal de la empresa pública y dé comienzo a la gestión del servicio".
En su escrito al TSJC, Agbar proponía, además, que el servicio continuara siendo prestado, como antes de la privatización, por el personal de ATLL, hasta que se resuelva el caso.
Según la compañía que preside Ángel Simón, el TSJC confirma en su escrito que la resolución del OARCC, organismo que depende de la propia Generalitat, es "directamente ejecutiva", por lo que el alto tribunal desea conocer si el gobierno autonómico tiene intención de aplicarla, lo que supondría que el contrato con Acciona quedaría sin efecto.
Fuentes del gobierno catalán han señalado a Efe que sus equipos jurídicos ultiman el recurso que presentarán "en breve" ante el TSJC contra la resolución del OARCC que anula la adjudicación de ATLL a Acciona.
Las mismas fuentes han afirmado que es "cuestión de días" que se presente esta apelación, aunque Agbar, en una carta remitida al nuevo conseller de Territorio y Sostenibilidad, Sant Vila, exige que revoque de inmediato la adjudicación de ATLL al consorcio empresarial liderado por Acciona y que, por tanto, elabore un nuevo contrato a su favor.
Agbar asegura, además, que la mera interposición de un recurso contencioso no es suficiente para suspender la eficacia de la resolución del OARCC.
"Dicha resolución sólo puede suspenderla el TSJC, siempre que lo pida expresamente la Generalitat, lo fundamente debidamente y así lo acepte el propio tribunal", indica la compañía.
Acciona y Agbar presentaron el pasado año sendas ofertas al concurso que abrió la Generalitat para privatizar la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat, la principal compañía abastecedora de agua del área metropolitana de Barcelona.
El 6 de noviembre, la Generalitat anunció la adjudicación de ATLL a Acciona, que se presentó al concurso de la mano del banco brasileño BTG Pactual y las familias catalanas Rodés y Godia, y el pasado 27 de diciembre ambas partes firmaron el contrato de privatización.
Sin embargo, Agbar impugnó esta adjudicación y llevó el caso ante el OARCC, que el 2 de enero, tan sólo un día después de que Acciona asumiera la gestión de ATLL, hizo pública su resolución, en la que dictaminaba la nulidad del contrato, al considerar que la oferta de Acciona no respetaba el plazo de inversiones previstas en el pliego de condiciones del concurso.
La Generalitat, que ya ha recibido los primeros 300 millones de euros de manos de Acciona -el global de la operación está cuantificado en 1.000 millones-, se ha comprometido a devolver "inmediatamente" a la adjudicataria actual este dinero si la justicia acaba confirmando la resolución del OARCC y el Govern se ve obligado a adjudicar ATLL a Agbar.
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