Cataluña estrenará en 2014 un aluvión de nuevas tasas e impuestos

Barcelona, 30 dic.- Cataluña estrenará en 2014 un aluvión de nuevas tasas e implantará algunos impuestos de nueva creación que harán que sea una de las comunidades españolas con mayor carga fiscal.

Aunque el gobierno catalán preveía que estas medidas entraran en vigor el 1 de enero de 2014, el dictamen solicitado por el PP catalán sobre el proyecto de presupuestos y su ley de acompañamiento ante el Consejo de Garantías Estatutarias hará que se apliquen, en su mayor parte, a finales de enero, cuando está previsto que se aprueben las cuentas.

Una de las principales novedades fiscales en Cataluña es la reforma del Impuesto de Sucesiones, que hará que los hijos, nietos y ascendientes dejen de estar exentos al 99 % como ahora y paguen de forma progresiva en función del importe de la herencia, unos cambios que se estima que triplicarán el número de declarantes.

En cuanto a los cónyuges, la reforma los deja prácticamente exentos de tributación, al disfrutar de bonificaciones del 99 %.

Así, una herencia de hasta 100.000 euros mantendrá la bonificación del 99 %, mientras que si un hijo percibe una herencia de 200.000 euros pagará sólo siete euros.

En el caso de que lo percibido sean 250.000 euros más la vivienda habitual de otros 250.000 euros, pagará unos 1.433 euros por impuesto de sucesiones frente a los doce euros actuales, pero si la herencia es de un millón de euros (incluyendo una vivienda habitual de medio millón), la cuota será de 9.702 euros, frente a los 118 euros actuales en el caso de los hijos.

Aunque la reforma entrará en vigor a finales de enero, sus efectos no se notarán hasta pasados seis meses, puesto que ese es el período para hacer efectivo el correspondiente tributo.

Más allá de ese impuesto, Cataluña implantará este año en el Eje Transversal, la carretera C-25, un nuevo peaje para camiones, la denominada euroviñeta, que gravará el tráfico pesado en función del grado de contaminación y del uso de la infraestructura.

Otra novedad son los 300 euros que la Generalitat cobrará para ejercer como mediadora en conflictos laborales, como en problemas colectivos previos a la vía judicial laboral, convocatorias de huelga o cierre patronal.

Asimismo, la Generalitat hará pagar 800 euros por emitir laudos arbitrales en caso de discrepancias relativas a la no aplicación de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo vigente.

Aunque su impacto recaudatorio será realmente reducido, la Generalitat también cobrará 7 euros a aquellas personas que soliciten la renovación o reposición de la tarjeta sanitaria individual por pérdida, robo o deterioro.

El gobierno catalán también recaudará por cuestiones como solicitar una subvención en materia cultural (entre 15 y 250 euros para sufragar su tramitación) o por los informes de extranjería (35 euros).

Otra novedad entre la treintena de tasas previstas es que la Generalitat cobrará los servicios prestados por la policía autonómica en actividades extraordinarias, como escoltar un transporte especial, vigilar un rodaje u organizar un evento deportivo que requiera un dispositivo policial "con recursos extraordinarios" (35 euros por agente y hora).

Así pues, la Generalitat pasará la factura de los gastos extras en seguridad que originen los partidos del Fútbol Club Barcelona y el Real Club Deportivo Espanyol porque sean calificados de riesgo y que estima en unos 200.000 euros anuales.

El consejero de Interior, Ramon Espadaler, precisó a finales de noviembre que a la tasa por la prestación de servicios policiales en acontecimientos públicos "se le aplicará un supuesto nuevo que consiste en tasar el diferencial que existe entre un partido de fútbol ordinario y aquellos que son catalogados de alto riesgo y facturarlo a los equipos que los organicen".

Además de estas tasas, la Generalitat también prevé poner en marcha este año otros nuevos impuestos de carácter ambiental, aunque entrarán en vigor a lo largo de 2014, dado que aún no se ha aprobado el correspondiente proyecto de ley.

Se trata del impuesto que gravará el despegue de aviones comerciales, otro sobre la producción termonuclear de energía eléctrica y un tercero por la emisión de gases.