Cataluña exprime a los ricos y el 'boom' inmobiliario para espolear sus ingresos

En el año 2o13 la Generalitat de Cataluña ingresaba poco más de 2.000 millones de euros por los impuestos de naturaleza estatal cuya recaudación y gestión estaba cedida por parte de la Administración del Estado: a saber, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la Tasa sobre el Juego y el recién reactivado - por aquel entonces - Impuesto de Patrimonio, un paquete fiscal que de media supone en torno al 10% de los ingresos totales de las arcas autonómicas.

Poco después el Govern activó una estrategia fiscal con el objetivo de sacar el máximo rendimiento a su presuntamente reducido perímetro competencial en materia de impuestos, lo que a efectos de los contribuyentes catalanes se tradujo en general en un mayor esfuerzo fiscal que sus vecinos de otras comunidades autónomas. 

En apenas unos meses, la Generalitat redujo el mínimo exento a partir del cual se aplicaba el Impuesto de Patrimonio (de 700.000 a 500.000 euros) y elevó el tipo máximo de este impuesto del 2,5% al 2,75%, mientras la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo eliminaba; elevó los tipos del Impuesto sobre la Renta; y eludió la tendencia general de eximir de tributación en Sucesiones a los herederos más cercanos.

El resultado es que en 2017 Cataluña se convirtió en la primera comunidad autónoma en superar los 3.000 millones de euros de recaudación por impuestos cuya recaudación y capacidad normativa está cedida a las comunidades autónomas, en concreto, 3.090 millones de euros, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda.

Ninguna otra comunidad autónoma le saca más partido que Cataluña a este segmento fiscal que a golpe de retoques normativos e impulsos derivados de la coyuntura -principalmente por la vinculación de impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados al 'momentum' inmobiliario- ha conseguido que aporte el 15% de la recaudación total de la Generalitat, según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria Catalana, cuando en el resto de las autonomías se sitúa en torno al 10%.

Un 50% más de ingresos en apenas cinco años

La 'excepción' catalana se aprecia de forma muy clara en perspectiva. En 2013 el peso de Cataluña en la recaudación total por impuestos cedidos era del 21%, ligeramente por encima del peso de Cataluña en la economía (19%); cinco años después ya es de cerca del 25%: uno de cada cuatro euros que se ingresan por este 'pack' fiscal se recaudan en Cataluña.

En ese periodo, los ingresos de Cataluña por el impuesto sobre el juego, el de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y el controvertido de actos jurídicos documentados se han incrementado en conjunto un 50%, habiéndose duplicado en el caso de Transmisiones Patrimoniales, donde Cataluña ha llevado el tipo de impuesto hasta el 11% cuando hasta hace nada todas las CCAA lo tenían en el 7%.

Mientras en Cataluña la recaudación por estos impuestos ha crecido un 50%, en el conjunto de España el incremento ha sido del 25,5% y en la otra comunidad comparable por tamaño y movimiento del sector inmobiliario, la Comunidad de Madrid, la subida fue del 36%.

La apuesta del Govern catalán por exprimir los impuestos cedidos le ha salido más a cuenta que sus actuaciones para crear nuevos impuestos, que no sólo han terminado en la mayoría de los casos en el Constitucional sino que han aportado un poder recaudatorio real mucho menor. 

La ofensiva de la Generalitat no le ha salido gratis. Diversos estudios académicos han concluido que en estos años se ha producido un desplazamiento de contribuyentes desde Cataluña hacia otras comunidades autónomas y la prueba más concluyente de la existencia de este flujo es que la Agencia Tributaria Catalana ha redoblado sus esfuerzos por perseguir a los contribuyentes que han desplazado de manera supuestamente ficticia su residencia a otro territorio.