Cataluña llevará al Gobierno central a los tribunales por el impago de adelantos

  • La Generalitat acusa al Estado de ahogar económicamente a la región y le reclama unos 1.300 millones de euros.
Foto Pere Aragonés y Quim Torra / EFE
Foto Pere Aragonés y Quim Torra / EFE

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha anunciado este miércoles su decisión de llevar al Gobierno central a los tribunales por el impago de adelantos de 2019. En concreto, para reclamarle el pago de 874 millones de euros correspondientes a los adelantos de financiación pendientes, que no se han hecho efectivos porque el Ejecutivo central están en funciones.

"Les avanzo que llevaremos al Gobierno a los tribunales para que se paguen los recursos de los adelantos de financiación del año 2019 que son nuestros, de los ciudadanos de Cataluña, que nos corresponden por ley y que están reteniendo de forma irregular desde nuestro punto de vista", ha anunciado Aragonès en el Parlament.

El republicano ha indicado que la exigencia se concretará -si el Govern lo autoriza el próximo martes- en un recurso contencioso-administrativo por incumplimiento de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.

Además, el vicepresidente catalán ha invitado al resto de gobiernos autonómicos a sumarse a la demanda, ya que ha destacado que el impago de los anticipos de 2019 afecta a todas las comunidades, no solo a Cataluña.

Aragonès ha destacado que, más allá de esta deuda correspondiente al 2019, el Gobierno acumula otros déficits con la Generalitat, como la liquidación del IVA de 2017, que suman más de 1.300 millones de euros.

Ayer mismo la consellera de la Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, acusó al Estado de ahogar económicamente a Cataluña, y le reclamó unos 1.300 millones de euros en concepto de los anticipos del modelo de financiación pendientes de pago (más de 800 millones) y de liquidación del IVA (480).

En una entrevista con Europa Press, la consellera afirmó: "Desde el Govern no queremos quedarnos de brazos cruzados y queremos denunciar y pedir que nos paguen aquello que nos toca, que son estos 1.300 millones". De lo contrario, "ni las universidades ni la sanidad ni el despliegue de más cuerpos de seguridad y emergencias ni esas políticas que nos deben hacer avanzar serán posibles", advirtió la portavoz de la Generalitat.

"Nos obligan a no poder generar más déficit que el permitido, a cumplir la regla del gasto, y cumplir con el tema de la deuda, de forma que si el Govern no cumple no se podrán devolver las pagas dobles que se restaron en 2012 y 2013 y abonar los incrementos salariales que corresponden a trabajadores de la Generalitat", criticó.

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