El comité de expertos para la reforma fiscal abrió este verano un buzón en el que recibir propuestas de gobiernos autonómicos, empresas o ciudadanos. Los catedráticos elegidos por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han recibido más de 70 propuestas, y entre ellas, de todas las comunidades autónomas, excepto de las que tienen haciendas propias, Navarra y País Vasco. Cataluña ha sido una de las regiones más críticas con el modelo tributario de la Comunidad de Madrid y deja prueba de ello en el conjunto de sugerencias remitido al comité de expertos. En él, propone la creación de un impuesto dual de Patrimonio que establezca un tipo estatal y otro autonómico, para así garantizar que este tributo se recauda por Hacienda aunque la parte regional esté bonificada en algunas regiones, como es el caso de Madrid.
La Generalitat defiende que "en los últimos años se ha producido un proceso de competencia fiscal a la baja entre CCAA con respecto a los impuestos patrimoniales, competencia que puede incluso hacer desaparecer dichos impuestos". Añade que "este proceso de competencia fiscal a la baja genera graves problemas tanto hacia el resto de comunidades autónomas que ven mermada su capacidad impositiva en relación a estos tributos, dadas las deslocalizaciones de las personas con mayores niveles patrimoniales, como sobre el conjunto del estado". El departamento de Economía y Hacienda cita como ejemplo un informe que concluyó que el número de potenciales contribuyentes del impuesto de Patrimonio aumentó un 10% en la Comunidad de Madrid entre 2010 y 2015.
Para evitar este fenómeno, que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha calificado de dumping fiscal por parte de la Comunidad de Madrid, en varias ocasiones, el informe plantea un impuesto de Patrimonio dual en el que "tanto las comunidades como el Estado puedan ejercer competencias normativas respecto a todos los elementos del impuesto". "Partiendo de una única base imponible, se desdobla el impuesto en parte estatal y autonómica, aplicándose en cada una el mínimo exento, tarifa, límite conjunto, deducciones y bonificaciones, según la regulación que corresponda". El documento defiende esta posibilidad por encima de "un tipo mínimo en el impuesto sobre el patrimonio actual" y uno de los motivos que aporta es que "se involucra la actividad de gestión e inspección del Estado, que puede tener un papel relevante ante la actitud pasiva de alguna Comunidad".
De esta forma, el impuesto de Patrimonio tendría un tipo estatal y uno regional que se podría deducir de la cuota nacional. Así, las comunidades autónomas tendrían "plena capacidad normativa" porque podrían establecer deducciones, bonificaciones o el mínimo exento pero, a la vez, habría un mínimo nacional que se debería recaudar. La Generalitat justifica que "; se intensifica la capacidad redistributiva del sistema fiscal español ya que se consigue reducir la elusión fiscal que existe en este impuesto, gravando los grandes patrimonios independientemente de dónde se localicen, generándose así una mayor justicia tributaria" y calculan que podrían recaudarse "como mínimo 1.000 millones de euros" más.
En la misma línea, Cataluña plantea que esta configuración dual se aplique también al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Además, propone que se equiparen las sucesiones y las donaciones para evitar "una fuente de planificación y elusión fiscal" y que se simplifiquen los trámites de este impuesto, a la vez que apuesta por más pedagogía tributaria. "La evidencia empírica muestra que aumenta la aceptación de los impuestos sobre la riqueza cuando se informa a la población sobre su justificación, su funcionamiento, su tributación efectiva y sobre quienes recae principalmente el gravamen", añaden.
En la actualidad, el impuesto sobre el Patrimonio está bonificado al 100% en la Comunidad de Madrid. La tasa sobre Sucesiones, por su parte, tiene una bonificación del 99%. En Cataluña, el Patrimonio está exento del impuesto hasta los 500.000 euros y a partir de esa cifra tiene tipos de entre el 0,21% y el 2,7%. Las Sucesiones y Donaciones, aunque incluyen reducciones según cada caso, se gravan con un tipo de entre el 7 y el 32%.
El conjunto de sugerencias del gobierno catalán también incluye la defensa de los tributos propios en materia medioambiental. Cataluña es la comunidad autónoma con más impuestos propios, en contraposición con la Comunidad de Madrid. La Generalitat propone a los expertos que abran la puerta a sanciones a las comunidades autónomas que "no deseen ejercer sus capacidades normativas y de gestión" y no graven la gestión de los residuos o la contaminación del agua.
Propuestas abiertas
Según fuentes del comité de expertos, la "armonización fiscal" será uno de los conceptos que se plantee en el Libro Blanco para la reforma. Los catedráticos pondrán sobre papel algunas alternativas para equiparar tributos pero será el Gobierno quién tenga que negociar con las comunidades autónomas los cambios tributarios. Como advirtió la semana pasada la ministra María Jesús Montero, el informe "es un documento importante en términos de motivación, inspiración... pero es el Gobierno de España el que impulsa la reforma fiscal y es el Congreso el que la aprueba" .
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