Cataluña tiene claro cuales serán algunos de los aspectos clave de su 'nuevo' sistema energético. Bajo la Prospectiva Energética de Catalunya (Proencat), la región se ha marcado como objetivo alcanzar una potencia solar de 7.156 megavatios (MW) entre instalaciones de suelo y cubiertas para el final de década, lo que equivaldría a inversiones que rondarían los 5.200 millones de euros, según cálculos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Por su parte, la meta se eleva a 22.431 y 33.152 MW para 2040 y 2050, respectivamente.
En concreto, el precio del MW en suelo ronda los 600.000 euros, mientras que el MW en tejado se eleva hasta el millón de euros. El delegado de la patronal fotovoltaica en Cataluña, Salvador Salat, señala en conversación con La Información que para alcanzar el objetivo a 2030 haría falta el despliegue de 82 MW al mes, de los que 55 MW serían en suelo. Hay que tener en cuenta que, actualmente, Cataluña cuenta con una potencia solar instalada en plantas de suelo prácticamente residual. Según datos de UNEF, a cierre de 2022, tan solo poseía 295 MW de los 19.568 MW que había en todo el país, es decir, el 1,5% sobre total.
Salat, que también es director general de Sunowatt, recalca que la comunidad autónoma se ha visto perjudicada en lo que respecta al desarrollo renovable frente a otras regiones debido las trabas políticas. "En 2009 se aprobó una legislación muy restrictiva en Cataluña, que solo permitía hacer plantas de menos de tres hectáreas. Esto, combinado con el parón de las primas de 2012, hizo que entrásemos en una sequía (de proyectos)", subraya. Con el fin de facilitar la expansión 'verde' y la instalación de paneles solares sobre las cubiertas de las construcciones y otros espacios urbanos, el Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, modificó la Ley de urbanismo. Acabó con las limitaciones de superficie y distancia establecidas en el caso de instalaciones fotovoltaicas ubicadas sobre suelo no urbanizable.
Participación ciudadana
No obstante, no fue suficiente, y el Govern volvió a intentarlo con el Decreto-ley 24/2021. Con este se introdujeron una serie de medidas para lograr una mayor aceptación social al despliegue de plantas renovables, aunque provocó el efecto contrario en muchos promotores. La normativa obliga a que los promotores de proyectos (ya sean solares o eólicos) con potencia superior a 5 MW y situados en suelo no urbanizable, deben demostrar la disponibilidad, o compromiso de disponibilidad, de más del 50% de los terrenos agrícolas privados sobre los que se proyecta la instalación.
Además, para solicitar la declaración de utilidad pública junto con la autorización administrativa previa y de construcción, y la declaración de impacto ambiental, tienen que acreditar que disponen, como mínimo, de acuerdos con los propietarios del 85% de la superficie privada que se pretenda ocupar con el proyecto. No obstante, una de las mayores quejas por parte de las empresas es la obligación de presentar una oferta de participación local del 20% de la instalación. "Con este ofrecimiento de la participación no hemos conseguido todavía la aceptación de la ciudadanía", indica Salat. No obstante, plataformas como Fundeen empiezan a coger relevancia y la empresa ha confirmado ya 15 proyectos abiertos a la inversión de particulares en el territorio, con cerca de 14.000 personas adheridas. Actualmente, estos proyectos otorgan a los inversores unas rentabilidades de entre el 5,5% y el 7,5% en plazos de 10 y hasta 30 años.
El delegado de UNEF en Cataluña opina que la principal oposición que encuentra la tecnología fotovoltaica entre la sociedad es el factor emocional. "Como ejemplo, la gente que va a pasear al campo quiere verlo como estaba hace 10 o 30 años, pero no con placa solares. El motivo emocional es legítimo y no lo podemos combatir con razones. Como sector, tenemos que buscar la manera de gestionar esta percepción emocional negativa para entender que es esto o no existir, es esto o no tener energía, es esto o perder población", argumenta.
En su opinión, las instalaciones renovables permiten que se mantenga la población en zonas rurales gracias a la creación de empleo de calidad. Además, apunta que incentivan a que compañías industriales decidan levantar nuevas factorías cerca de dichas poblaciones para beneficiarse de una energía más barata. Actualmente, Cataluña tiene solicitudes de proyectos solares que suman 2.560 MW. Estos ocuparían una superficie de 4.343 hectáreas. En la actualidad, hay 39.136 hectáreas de suelo ocupadas en toda España por plantas solares, de las cuales 590 son en la comunidad catalana. Del total de solicitudes se han autorizado 114 MW de momento.
"A estos megavatios que están en trámite, les quedan seis meses para aprobarse. Si se aprueban y pueden construirse, será una demostración de que hemos cambiado. Es innegable que Cataluña ha optado por una gestión de los proyectos muy garantista. Muy garantista quiere decir que para asegurarse de que todo se hace bien se piden muchas cosas. Y esto significa lentitud. Estos 114 MW que se han aprobado han tardado aproximadamente tres años. De los más de 19.500 MW solares que hay en España, entre 2.000 y 2.200 tendrían que estar funcionando ya en Cataluña ", sentencia Salat.
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