Siete funcionarios sancionados. Es la factura total de la huelga o 'paro general' del 3 de octubre celebrado en Cataluña solo 48 horas después del referéndum independentista, una protesta que fue secundada por en torno a 120.000 de 170.000 empleados públicos, el 75%. La Generalitat únicamente ha 'castigado' a estos trabajadores que secundaron las protestas y no acudieron a su puesto de trabajo. Son datos que ha ofrecido la Dirección General de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo catalana, la autoridad responsable en la materia, a la Tesorería General de la Seguridad Social.
La Generalitat considera que estos siete trabajadores públicos sancionados por secundar la huelga se encontraron el 3-O en situación de alta especial en la Seguridad Social, lo que implica que no tienen derecho a su salario y que, por tanto, se les tuvo que suspender la obligación de cotizar tanto a la empresa como al trabajador. Es la Generalitat quien reguló esa jornada como única "autoridad laboral", ya que la Administración General del Estado no tiene competencias en esta materia, según consta en el artículo 4 (referente a las empresas que prestan servicios públicos) del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.
De los siete funcionarios catalanes 'castigados', seis de ellos están adscritos a órganos de Gobierno de la Generalitat y uno a organismos autónomos y agencias. La Dirección General de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo de la Generalitat también ha sancionado a 1.175 trabajadores laborales (que se regulan por su propio convenio), tal y como se puede observar en el siguiente cuadro facilitado por el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado Sergio del Campo, de Ciudadanos. La mayoría de las sanciones se corresponde con personal de colegios subvencionados:
Hacienda, por su parte, sí que avisó a los trabajadores públicos en Cataluña que dependen de la Administración General del Estado que sí habría sanción para aquellos que secundaran la huelga. El Ministerio recuerda que en el artículo 30.2 del Estatuto Básico del Empleado Público se recoge que aquellos empleados públicos "que ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación, sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales". Por tanto, aquellos que optaron por no acudir a trabajar aquel día "no devengaron ni percibieron las retribuciones correspondientes". No se conoce, sin embargo, cuántos trabajadores públicos de la AGE fueron sancionados por Hacienda.
Acuerdo Hacienda-Generalitat para no sancionar
En un principio, el Ministerio de Hacienda sí que amenazó con descontar el día de salario a los 120.000 funcionarios que no acudieron a su puesto de trabajo el 3 de octubre en Cataluña. Sin embargo, a finales de mes la Generalitat abonó las nóminas de sus empleados públicos de forma íntegra y el departamento dirigido por Cristóbal Montoro se limitó a dar el visto bueno a la transferencia, sin poner ningún pero. La Consejería de Economía y Hacienda, liderada entonces por Oriol Junqueras, únicamente anunció que esos trabajadores públicos deberían recuperar las horas perdidas esa jornada de huelga, pero la aplicación del artículo 155 dejó sin control efectivo esta medida.
Así, Hacienda pasó de hablar de posibles delitos de malversación y prevaricación si el Govern pagaba el sueldo correspondiente a esa jornada de huelga a los funcionarios a renunciar a descontar esa parte proporcional. La Generalitat, por su parte, hizo ingeniería jurídica y consideró lo ocurrido ese día como 'ausencias justificadas', que es la calificación que se le dio a quienes no acudieron a trabajar. El Gobierno central, en conclusión, se conforma con afirmar que "corresponde a la Inspección de Trabajo de la Generalitat la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la normativa en materia de relaciones laborales y, en concreto, las posibles vulneraciones del derecho al trabajo".
Lo ocurrido es, para algunos expertos en Derecho Laboral, una situación irregular. Lo afirmaba Alberto Dorrego, responsable de la Sección de Derecho Administrativo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y socio del Departamento de Derecho Público del Bufete Eversheds-Sutherland: "Hay un servicio público que ha dejado de prestarse y esa prestación que no se ha realizado corresponde a dinero de los ciudadanos, de sus impuestos. No hay opciones, se debe detraer el sueldo del día a los empleados públicos que no trabajaron. No hacer esto implicaría que la Administración incurre en un pago ilícito o ilegal".
La Generalitat sí anunció, sin embargo, que restaría el sueldo de ese día a aquellos trabajadores públicos que ese mismo 3 de octubre secundaron una huelga convocada por cuatro sindicatos minoritarios (CGT, IAC, COS e Intersindical CSC). No lo hizo , sin embargo, con los que apoyaron la llamada 'vaga general' convocada por la 'Taula per la Democràcia' y en la que se integraron UGT, CCOO, Pimec, Cecot, ANC y Òmnium Cultural. El Govern empleó el argumento de que no se trataba de una huelga laboral sino de una movilización cívica.
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