Hace solo un lustro la Agencia Tributaria Catalana apenas obtenía diez millones de euros de sus pesquisas para detectar posibles fraudes en las declaraciones fiscales por el Impuesto de Patrimonio de las grandes fortunas catalanas. La cifra resultaba insuficiente, sobre todo a la luz de los informes internos de la Generalitat que concluían que las arcas de la comunidad autónoma perdían anualmente nada menos que 330 millones de euros a través de las grietas de ese impuesto. La Generalitat decidió entonces potenciar las vías de colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los resultados empiezar a darle la razón.
Según los últimos datos de lucha contra el fraude proporcionados por la Generalitat, la Agencia Tributaria Catalana (ATC) cerró el año pasado más de una treintena de liquidaciones a grandes patrimonios catalanes tanto en el Impuesto de Patrimonio como en los impuestos de sucesiones y donaciones como consecuencia de la detección de bienes en el extranjero que no habían sido declarados por los contribuyentes y que, por tanto, permanecían ocultos a los ojos del Fisco catalán. En concreto, la ATC realizó 15 regularizacfiones del Impuesto de Patrimonio y 17 de Sucesiones y Donaciones por un valor agregado total superior a los 12 millones de euros.
La Administración Tributaria catalana admite en sus informes un incremento en los últimos años de las actuaciones sobre bienes ocultos en el extranjero y atribuye una singular importancia en esta mejora de resultados a la explotación de la información relativa a la titularidad de bienes y derechos en el extranjero obtenida por la Hacienda española a través del controvertido modelo 720, ideado en su día por Cristóbal Montoro como complemento inseparable de la amnistía fiscal. El acceso a esta información ha permitido a la ATC establecer un nexo entre las diferentes declaraciones tributarias de los contribuyentes catalanes y facilitar "la detección de hechos imponibles pendientes de regularización".
En una primera fase, la estrategia de la Administración Tributaria catalana pasó por explotar de forma directa la información declarada por sus contribuyentes en el modelo 720, que le proporcionaba la Agencia Tributaria estatal, y cruzarla con la que esos mismos contribuyentes declaraban en los impuestos autonómicos para detectar posibles inconsistencias y actuar en consecuencia. Últimamente ha pasado a un estadío superior. Según el último informe semestral de la estrategia catalana de lucha contra el fraude, el nuevo plan trasciende el mero cruce de datos y pretende aprovechar el refuerzo de los canales de intercambio de información entre administraciones tributarias de diferentes países para solicitar más datos y profundizar en el análisis de posibles ocultaciones por parte de las grandes fortunas catalanas.
El objetivo también ha cambiado. Si antes se ponía el foco principalmente en la detección de las maniobras por parte de contribuyentes catalanes para rebajar su factura fiscal mediante la ocultación de bienes en el extranjero, ahora se quiere explorar también información indicativa de posibles deslocalizaciones ficticias de contribuyentes al extranjero. Una línea de investigación que la Generalitat ha reforzado de manera intensa en los últimos años en el plano estatal y que ahora también pretende seguir en el ámbito internacional.
Colaboración más estrecha con la Agencia Tributaria
La estrategia de inspección de la Agencia Tributaria Catalana en este campo depende de manera crítica de la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que no sólo transfiere la información correspondiente al modelo 720 sino que debe gestionar las eventuales peticiones de información a otros países instadas desde las administraciones autonómicas, como en este caso la catalana. Desde el año 2017 la relación de la ATC con la AEAT ha evolucionado desde el enfrentamiento hacia la colaboración, con significativos para los resultados de la lucha contra el fraude en Cataluña.
Tal vez por ello la "coordinación, colaboración y compartición de información entre las distintas administraciones" ha sido definido por la Generalitat de Cataluña como uno de los objetivos prioritarios a conseguir en el futuro dentro de su propuesta de reforma fiscal, remitida al comité de expertos creado por el Ministerio de Hacienda. No es nada nuevo. El Estatut de Cataluña previó la posibilidad de constituir un consorcio entre la administración tributaria española y la catalana para avanzar en compartir la gestión del sistema tributaria, una idea que nunca llegó a prosperar.
La propuesta catalana para el futuro del sistema fiscal español aboga por impulsar en materia de lucha contra el fraude actuaciones de manera coordinada y colaborativa entre todos los niveles de la administración, facilitando el acceso a toda la información disponible.
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