Si algo han dejado claro los últimos meses es que en Cataluña conviven muchas 'Cataluñas'. La que la Generalitat vende en sus presentaciones a inversores internacionales es un 'país' próspero, con un núcleo de población y un nivel de PIB que lo emparentaría con países como Finlandia, Suecia o Austria, una renta per cápita trece puntos superior a la española que lo situaría como la novena economía europea con mayor nivel de bienestar y una localización geoestratégica privilegiada, como balcón del Mediterráneo y puerta de acceso de Asia a la Europa continental. Hay más: segunda posición europea en equipos de investigación excelente por persona, un superávit comercial superior al alemán, un sector industrial puntero, tercera sede mundial de conferencias internacionales, primer puerto de cruceros del Mediterráneo...
El asunto es que a ojos de los inversores internacionales, potenciales compradores de sus títulos de deuda, también presenta un inquietante historial de incumplimientos presupuestarios, un déficit endémico y un volumen de endeudamiento creciente, que además no puede financiar por la vía ordinaria del mercado y que le ha generado una dependencia absoluta de la financiación que recibe del Estado. La Generalitat es consciente de esta percepción y se ha dotado de un argumentario en condiciones para hacerle frente: en resumen, la culpa es de España.
En su presentación a inversores, la Generalitat se empeña en desmontar el mantra gubernamental que presenta a España como el país más descentralizado administrativamente del mundo y asegura que en realidad el Gobierno Central controla 'de facto' no sólo el 90% de sus ingresos sino que condiciona el 90% de sus gastos, además de tener la responsabilidad sobre cualquier potencial medida de reestructuración de las cuentas.
La Generalitat se ha esforzado especialmente en ilustrar su limitada capacidad de maniobra a la hora de adoptar decisiones de reducción de gasto. "El gasto autonómico está fuertemente condicionado por la normativa marco aplicada por el Gobierno central", señala el documento, que además pone un par de ejemplos, bastante llamativos. "La educación y la sanidad gratuitas y universales son un derecho básico que no se puede alterar en el nivel regional" y, además, "hay disposiciones muy rígidas en materia de Estado de Bienestar (dependencia), medio ambiente, legislación laboral...".
"La educación y la sanidad gratuitas y universales son un derecho básico (en España) y no se pueden alterar a nivel regional"
Esto, en lo que se refiere a los gastos. A la hora de explicar qué es lo que ocurre con los ingresos la Generalitat renuncia a toda explicación. El mensaje que traslada a los inversores internacionales en este sentido es que el sistema es tan desequilibrado y tan complejo que probablemente no dispongan del tiempo necesario para entenderlo y añade, "como en cualquier caso es un marco no estable habrá que volver a negociarlo...". Punto.
El hilo argumental tendido por la Generalitat confía en conducir a sus interlocutores a una conclusión clara y distinta, que por si acaso traslada de forma explícita en su presentación: Cataluña no tiene un problema estructural de financiación. Un afirmación que sustenta en dos argumentos principales, que el gasto per cápita en Cataluña está por debajo de la media española y que sus ingresos tributarios están por encima de la media española.
La presentación que sustentaba los road show del Govern catalán con inversores internacionales no perdían la oportunidad de introducir la correspondiente cuña política y trasladaban en su página de despedida el siguiente mensaje: "La información de esta presentación está elaborada sobre la base de la actual situación política y del marco legal existente, y no contempla el movimiento político que está teniendo lugar en Cataluña y que podría conducir a escenarios institucionales alternativos que podrían tener lugar en el futuro por los diferentes debates políticos existentes en Cataluña, España y Europa".
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