Cataluña busca oxígeno financiero, ya venga de los mercados, ya sea directamente con un pacto con su principal acreedor: el Estado. Al cierre del segundo trimestre, que son los últimos datos oficiales del Banco de España disponibles desde principios de octubre, la deuda total de la comunidad se aproximaba a los 80.000 millones de euros y al 35% de porcentaje sobre su propio Producto Interior Bruto, el tercero más elevado tras Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha (aunque en términos brutos casi duplica a los valencianos). Casi tres de cada cuatro de todos estos euros se los debe, además, al conjunto de los españoles, en forma de Fondo de Liquidez Autonómica o en cualquier otra forma.
Con estas cifras, no es de extrañar que la comunidad quiera ganarse otra independencia distinta a la política, la económica. Al menos, recuperar margen de liquidez en unos momentos en los que, además, el crecimiento económico empieza a ralentizarse y en un entorno en el que la misma Cataluña parece que ha dejado de ser una de las locomotoras económicas del mapa regional español, tal y como denota un avance de su PIB por debajo de la media.
Es en este escenario económico en el que el secretario general del departamento de Vicepresidencia y de Economía del Govern, Albert Castellanos, ha explicado a Efe que la Generalitat baraja volver a emitir deuda en los mercados financieros a partir de 2020 y que, al mismo tiempo, pretende iniciar una reestructuración de la deuda actual con el que es su primer y principal acreedor en forma de Estado.
Una matización que no es del todo exacta porque esa renegociación ya ha comenzado: a finales de septiembre, el vicepresidente Pere Aragonés ya adelantó que había pactado con el Ministerio de Hacienda una refinanciación de 2.673 millones mediante la conversión de deuda a corto plazo a un mayor plazo. También en estas semanas de octubre, y pese a la escalada política y judicial, se han sucedido los encuentros bilaterales entre los responsables más económicos de Generalitat y ministerios.
Aunque claro, 2.600 millones son una gota de agua en un total que se acerca a los 60.000 millones solo con el Estado. Por eso, ahora Castellanos ha asegurado, en una entrevista con Efe, que el Govern "confía" en cuadrar el objetivo de déficit de este año, que está fijado en el 0,4% del PIB, y ha añadido que alcanzar metas como ésta les "abre la posibilidad de cumplir con uno de los objetivos del Govern", que para ellos "es estratégico, como es salir al mercado a buscar financiación".
Justo cuando más alejadas parecen las posturas entre Gobierno central y catalán a cuenta de la causa del procés, Castellanos ha precisado que el Govern "tiene un calendario de máximos, que es salir (a los mercados financieros) en 2020", pero ha aclarado que para ello "se tienen que cumplir tres condiciones": cuadrar el objetivo de déficit, cumplir con la regla del gasto y "ser capaces de reestructurar la deuda de la Generalitat, que supone el 300% de sus ingresos ordinarios", ha asegurado. Las dos primeras son automáticas, toda vez que las comunidades tienen que cumplir primero con los objetivos básicos de déficit de Hacienda antes de poder lanzarse a otros mecanismos financieros. La tercera ya entra de lleno en terreno político.
No en vano, desde la Generalitat se apunta que este objetivo se plantea a partir de 2020 porque hacerlo antes resulta imposible "por la actual ley de estabilidad presupuestaria", esa misma que quiere echar abajo el Gobierno de Pedro Sánchez por ser una herencia del PP. "Depender menos del Fondo de Liquidez Autonómico -FLA- y poder salir a los mercados (financieros) no es una necesidad tan financiera como política, porque la Generalitat tendría un grado de soberanía económica superior", ha remarcado Castellanos. En esta línea, Castellanos ha apuntado que el Govern se propone, mediante una "negociación bilateral con el Estado", "conseguir una reestructuración" de la deuda: "Es una petición que ya hemos empezado a apuntar aunque sea de forma genérica".
A la pregunta de qué formula es la preferida por el Govern para plantear esa reestructuración de la deuda, ha señalado que aún no se ha estudiado "ninguna fórmula concreta", pero sí cree que se debería "reconocer la infrafinanciación estructural que ha tenido Cataluña durante muchos años". "No nos hemos endeudado hasta estas magnitudes por una mala gestión del tesoro público, sino porque tenemos una infrafinanciación crónica, reconocida de forma sistemática por las diferentes balanzas fiscales que se han publicado", ha concluido Castellanos.
En cuanto a la evolución del déficit durante este año, la Generalitat logró hasta el mes de agosto un superávit equivalente al 0,07% del PIB catalán. Con el fin de cumplir con la meta de déficit del 0,4% del PIB y tener un final de año lo más ordenado posible, la administración catalana dio a principios de octubre una "orden de cierre contable" a los diferentes departamentos del Govern. Aunque Castellanos ha explicado que el incremento retributivo a los funcionarios catalanes hará que los gastos aumenten en noviembre, se ha mostrado esperanzado en que se logrará cuadrar el déficit este año. De lograrlo, sería el segundo año que la Generalitat conseguiría cumplir con el objetivo de déficit marcado por el Estado.
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