El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 contempla el mayor gasto social de la historia, pero el mismo tiempo prevé otras medidas que afectarán directamente a los bolsillos de los ciudadanos, como la actualización de los valores catastrales de hasta 825.000 inmuebles. Es una revisión habitual pero no baladí, pues generalmente se acomete al alza y afecta a figuras tributarias tan relevantes como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y los denominados impuestos patrimoniales (Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados).
Así figura en la documentación del Programa de Gestión del Catastro Inmobiliario, donde también consta la elaboración del anunciado padrón con los valores de referencia de hasta 78,5 millones de inmuebles, una medida que permitirá a las administraciones tributarias calcular automáticamente el rendimiento fiscal de las transacciones inmobiliarias o de las operaciones de cesión de inmuebles, aminorar el fraude en los impuestos patrimoniales y reducir la litigiosidad generada por la diversidad de mecanismos de valoración que utilizan las comunidades autónomas para valorar la factura fiscal derivada de las operaciones inmobiliarias.
Hacienda vuelve a incrementar de manera considerable los procedimientos de valoración colectiva (PVC) previstos, tras dos ejercicios en los que la Dirección General del Catastro no pudo realizar todas las revisiones planificadas. En 2020 se presupuestaron 500.000 inmuebles y apenas se pudo actualizar el valor de 70.994 en un ejercicio marcado por el confinamiento y la paralización de la actividad. "Por la situación del estado de alarma los PVC totales se aplazaron y solo se realizaron procedimientos parciales y simplificados", explican desde Hacienda.
De este modo, en 2021, de los 500.000 procedimientos de valoración colectiva previstos se estima que se van a llevar a cabo 322.509 a cierre del año, prácticamente cinco veces más que en 2020, según figura en el proyecto presupuestario que acaba de llegar al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Para 2022, Hacienda calcula que se van a revisar los valores catastrales de 825.000 inmuebles, una cantidad un 65% superior a la presupuestada tanto en 2021 como en 2020, de modo que el departamento que dirige María Jesús Montero pega un importante acelerón tras el parón provocado por la crisis de la Covid, cuando las repercusiones económicas en ciudadanos y empresas todavía son considerables.
Lo cierto es que Hacienda mantiene una larga cruzada para adaptar los valores catastrales a la realidad del mercado inmobiliario ya desde tiempos de Cristóbal Montoro. "Para mantener los valores catastrales de los inmuebles debidamente actualizados, es necesaria la realización de valoraciones masivas en los municipios donde no resultan acordes con la realidad del mercado, bien porque han quedado desfasados con respecto a la realidad, bien por cambios o modificaciones del planeamiento urbanístico", explica el Ministerio de Montero en el apartado de Gestión del Catastro de los Presupuestos Generales del Estado de 2022.
"Las revisiones catastrales han sido muy recurrentes en los últimos años", recordaba en estas páginas el economista Javier Santacruz. El problema, explicaba, es que las revisiones del valor catastral suelen acometerse al alza, en línea con la inercia del mercado inmobiliario. Una tendencia que además se da de bruces con la realidad del mercado inmobiliario español, donde los precios están más tensionados, sobre todo, en las grandes capitales de provincia y sus alrededores. "Aplicar la revisión a todo el territorio implica elevar la presión fiscal por la puerta de atrás", a ojos de Santacruz.
De este modo, existe el riesgo de que los valores catastrales se perpetúen en el IBI y los contribuyentes tengan que pagar para siempre precios irreales por los inmuebles. Lo razonable, para Santacruz, sería calcular un valor estable en el tiempo, independiente de los ciclos económicos. Se da la circunstancia, además, de que la guerra histórica de Hacienda con los contribuyentes a la hora de valorar a partir del Catastro los inmuebles que se compran, se heredan o sobre los que pesan gran parte de los principales tributos, motiva ya la mitad de los recursos de los tribunales económico administrativos regionales (TEAR) y el Gobierno tiene en el foco este fraude.
De hecho, el Catastro va a poner a disposición de Hacienda el próximo año la estimación del valor de mercado de 78,5 millones de inmuebles para dar cumplimiento al plan del Gobierno de implantar una referencia única para que las administraciones tributarias de todo el país puedan calcular de forma automática el rendimiento fiscal de las transacciones inmobiliarias o de las operaciones de cesión de inmuebles en los llamados impuestos patrimoniales. La iniciativa, en la que la Dirección General del Catastro viene trabajando desde 2017, es una de las medidas estrella de la nueva Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude y empezará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2022.
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