La propuesta para abaratar el transporte público ha pasado de ser un abono con un coste mensual de 10 euros a consistir en la aplicación de un descuento del 50%. Este cambio se ha producido después de que el Gobierno haya mantenido conversaciones con algunas comunidades autónomas para buscar qué opción es la mejor para tratar de aliviar el coste de la movilidad, en un momento en que la energía y el resto de la cesta de la compra registran precios históricos. Así, según ha podido saber este periódico ha habido consultas para tratar de afinar la propuesta que avalan tanto la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Tras hablar con las CCAA, se ha renunciado a la opción del abono reducido.
Ambas ministras han presionado al resto del Ejecutivo para que esta medida forme parte del nuevo paquete de políticas que prepara Moncloa y que está previsto que se apruebe este sábado en un consejo de ministros extraordinario. Tal como publicó este periódico, el equipo de Belarra envió una propuesta al Ministerio para la Transición Ecológica para tratar de impulsar el abono de transporte a 10 euros, similar al que está probando Alemania, que tiene un coste de 9 euros al mes y permite viajar por todo el país. Pero ahora, la opción que ha cobrado fuerza es la del descuento al 50%. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que la propuesta está encima de la mesa porque "el real decreto todavía no está escrito" y, por tanto, no se descarta que esta medida acabe formando parte del nuevo paquete de medidas.
Las fuentes consultadas matizan que las consultas con CCAA han sido de carácter informal, para tantear la disposición de las comunidades autónomas, que son, en definitiva quienes deberían aplicar estos descuentos al transporte público. Esto explica que no se haya debatido esta cuestión con la totalidad de los gobiernos regionales. De hecho, desde la Comunidad de Madrid apuntan que no han sido consultados y añaden que de aprobarse supondría "una clara vulneración de las competencias de las CCAA". Desde la Consejería de Transportes del gobierno madrileño cifran en una pérdida de ingresos de más de 200 millones de euros por cada seis meses que se aplicara un abono mensual de 10 euros.
Cabe señalar que el descuento sobre el precio del abono permite rebajar en la misma proporción el coste del abono de transporte en toda España. Si se hubiera optado por un billete de 10 euros al mes, se estaría beneficiando en mayor medida a los abonos que superen con creces esa cuantía. No obstante, antes de definir la fórmula para su entrada en vigor, Díaz y Belarra deberán lograr el acuerdo con el resto del Gobierno. A continuación, si finalmente se incluye en el nuevo decreto antiinflación, deberán trasladar oficialmente a las comunidades autónomas los detalles de este descuento.
En las últimas semanas, la ministra de Trabajo ha defendido que ante el alza de los carburantes, "no tiene sentido" que ella "misma tenga bonificado el uso del vehículo privado" y, en cambio, no exista ninguna medida para impulsar el uso del transporte público que usan "estudiantes, trabajadores y pensionistas". Esta medida, además, iría en línea de las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que ha recomendado el uso del transporte público y las tarifas reducidas para éste, en plena crisis energética.
Díaz también defiende que el Gobierno apruebe un cheque de 300 euros para "proteger a las familias y su poder adquisitivo" de la inflación. Esta medida, ya estaba incluida en la propuesta que Unidas Podemos hizo pública en el mes de marzo, cuando el índice de precios al consumo (IPC) en tasa interanual alcanzó el 9,8%. Entonces, la formación morada calculó que el coste de esta medida sería de 5.700 millones de euros. También el Partido Popular incluyó esta propuesta en el Plan Feijóo que Sánchez descartó tras el encuentro entre el líder popular y el presidente del Gobierno en Moncloa. En cualquier caso, esta medida ya se ha puesto en marcha en Francia, aunque en una cuantía inferior, 100 euros para los ciudadanos que ganen menos de 2.000 euros al mes.
En el debate de la prórroga del nuevo plan para hacer frente a la escalada de precios también está el impuesto a las eléctricas. Díaz plantea que sea a través de un recargo en el impuesto sobre Sociedades como se financien las medidas mencionadas: el cheque de 300 euros o el bono de transporte con descuento. Desde Hacienda, la ministra María Jesús Montero está de acuerdo en que deben ser estas compañías quienes aporten más a las arcas públicas pero ha insistido en esperar a los próximos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, discrepa de la opción planteada por Díaz y ha subrayado que "a veces el vehículo del impuesto de sociedades no es el que aporta el mayor rendimiento".
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