Revertir cambios de 2012

CCOO acusa a Trabajo de evitar el diálogo para reformar el subsidio por desempleo

El sindicato apunta a que el Ministerio sacará a delante la norma para cumplir con el hito 23 del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero que los cambios se limitarán a temas administrativos, sin ampliar su alcance. 

Yolanda Díaz
CCOO acusa a Trabajo de evitar el diálogo social para la reforma de las asistenciales. 
EUROPA PRESS

Al Ministerio de Trabajo y Economía Social se le acumulan los temas pendientes por cerrar antes de que finalice esta legislatura y de hecho, varias cuestiones ya se han caído de la agenda legislativa de la cartera, como la ampliación de la indemnización por despido improcedente. Sin embargo, los sindicatos acostumbran a poner en valor los avances conseguidos durante estos casi cuatro años de gobierno de coalición -reforma laboral, de pensiones, del sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia- en lugar de hacer ruido por los temas que quedan en el aire. Pero este no ha sido el caso de la reforma de las pensiones asistenciales por desempleo, que tendrá que salir adelante durante este año para cumplir con un hito del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que CCOO aventura que será descafeinada. 

El secretario confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO, Carlos Bravo, y la técnica de la Secretaría, Hortensia García, han hecho público este miércoles su desacuerdo con la decisión del Ministerio de Trabajo de desarrollar el borrador de la reforma sin abrir una mesa para que este se negocie con los agentes sociales. Por ello instan a que lo hagan, a pesar de que manifiestan sus dudas de que pueda darse una negociación como tal mientras el calendario apremia en su contra. Fuentes del Ministerio apuntan a que la propuesta se consultará con los interlocutores sociales una vez esté finalizada, pero tampoco hablan en términos de negociación y descartan que esta "consulta" implique que se convoque la mesa. 

Estos subsidios se destinan principalmente a los desempleados con más de 52 años, a los que no han cotizado el tiempo suficiente como para acceder a la prestación contributiva o los que la hayan agotado por ser parados de larga duración. Desde la asociación sindical entienden que es imprescindible revertir los cambios introducidos por la reforma de 2012, sin embargo, tienen dudas de que la reforma coordinada por la cartera de Trabajo llegue tan lejos. En su lugar, creen que el equipo de Díaz optará por llevar a cabo cambios de naturaleza administrativa como liberar la carga del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), eliminar el mes de espera para pasar de la prestación contributiva al subsidio asistencial o mejoras en la gestión para hacer compatible recibir la ayuda y contar con un empleo. 

Temen que se apruebe una reforma superficial

En CCOO valoran que cualquier mejora es bien recibida, pero que esta no es la reforma que se necesita. "El Gobierno anunció una reforma más ambiciosa, ampliaba el número de colectivos protegidos y el tiempo de cobertura de la protección por desempleo, pero las últimas noticias que tenemos indican que la norma no va a ser así", ha denunciado García. Por su parte, Bravo ha recordado que este compromiso, que Díaz adquirió de forma explícita en junio de 2022, no es novedoso, sino que los últimos responsables de Trabajo lo han anotado en su lista de pendientes sin que haya llegado a materializarse, lo que les lleva a pensar que en este caso la reforma será superficial. 

El componente 23 del Plan entregado a Bruselas para recibir los fondos europeos recoge entre sus hitos "la mejora del sistema de protección por desempleo, en particular de los desempleados de larga duración y los colectivos más vulnerables". Para ello se dibujan objetivos concretos que pasan por la "racionalización del subsidio no contributivo por desempleo de larga duración" y la implantación de "un nuevo modelo que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas de pobreza extrema y moderada" a través de su inserción laboral. Todo ello está enmarcado en el sistema de protección asistencial que ahora se busca modificar, sin embargo, el carácter abstracto de algunos temas como la "racionalización" deja abierta la posibilidad de que las modificaciones disten de ser estructurales. 

"Somos conscientes de que no es responsabilidad de un solo ministerio", ha apuntado Bravo, haciendo referencia a las posibles resistencias que estaría presentando la cartera de Hacienda y Función Pública para conceder las partidas presupuestarias necesarias para llevar a cabo una reforma de estas características y que estarían impidiendo que el Ministerio de Trabajo fuese "más lejos" en sus propuestas. Por ello, ha apelado a la totalidad del Gobierno a que avance en esta cuestión, que entienden que debe ser aprobada por la vía de real decreto ley a la vista de que apenas queda medio año antes de que se disuelvan las Cortes, pero que el Consejo de Ministros no debe plasmar su sello sin pasar primero por el diálogo social. 

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha sostenido este jueves en rueda de prensa que el Ministerio va a cumplir con esta tarea de manera inminente. "Vamos a cumplir, a simplificar el nivel asistencial, evitar las lagunas de cobertura que este sistema provoca, que haya un sistema de reconocimiento más ágil y menos pesado para los trabajadores que tengan que hacer uso de él", ha asegurado. En consecuencia, Reyes ha descartado que esta reforma vaya a ser descafeinada y ha apuntado a que hablarán con los agentes sociales cuando tengan el texto definitivo.

Desde el sindicato proponen dos vías para cubrir ese aumento de gasto en los subsidios asistenciales. La primera tiene que ver con la reforma fiscal que la cartera coordinada por María Jesús Montero lleva preparando más de doce meses, año en el que se ha alcanzado una recaudación récord en el último año. Mientras que la segunda se refiere a usar los ingresos obtenidos a través de las cotizaciones de los trabajadores, que sobren tras hacer frente al gasto de las prestaciones contributivas. Según los datos aportados por el SEPE, esta cantidad ascendía a 11.771 millones de euros en 2022, mientras que el promedio de los últimos veinte años es de 3.059 millones de euros. Unos ingresos que actualmente se destinan a abonar las subvenciones asistenciales y otras partidas de las prestaciones por desempleo, por lo que el cambio sería mínimo. 

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