Madrid.- Comisiones Obreras ha interpuesto una querella criminal contra el consejero de Transportes e Infraestructuras, José Ignacio Echeverría, por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación y de coacciones al decretar los servicios mínimos para la huelga de Metro del pasado mes de junio.
Según ha informado hoy el sindicato, la querella se ha presentado al entender que Echeverría cometió esos delitos al dictar las órdenes de 22 de junio de 2010 por las que se establecían los servicios mínimos y de mantenimiento en relación con la huelga convocada para los días 28, 29 y 30 de junio en Metro de Madrid.
Los días 29 y 30 de junio los trabajadores no respetaron los servicios mínimos al considerarlos abusivos y la Comunidad decidió cerrar el suburbano, lo que afectó a 3,5 millones de ciudadanos.
Por este motivo Metro interpuso un conflicto colectivo contra los sindicatos con representación en Metro, el comité de huelga y el comité de empresa, y recientemente el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid declaró ilegal la huelga esos dos días.
Ahora Comisiones Obreras ha interpuesto una querella criminal contra Echeverría en la que se afirma que "en el momento de dictar dichas órdenes, el querellado tiene plena conciencia de su arbitrariedad e impone tales servicios con un único objeto, cual es limitar o vulnerar el derecho de huelga".
"Estamos ante órdenes respecto de las cuales don José Ignacio Echeverría Echániz tiene la absoluta certeza de su injusta naturaleza y de su arbitrariedad, siendo fruto del mero capricho y tendentes a conculcar o impedir el ejercicio del derecho de huelga", añade.
En la querella se afirma que las órdenes firmadas por Echevarría imponían unos servicios mínimos prácticamente idénticos a los fijados en los paros convocados los días 24, 26 y 30 de marzo y 1 de abril de 2009, que fueron anulados por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia dictada el 21 de enero de 2010, que además declaraba que se vulneraba el derecho de huelga amparado en la Constitución Española, ha precisado CCOO.
Se sostiene asimismo que el consejero actuó como juez y parte, al ostentar la condición de empresario de Metro de Madrid, por la adscripción de Metro al Consorcio Regional de Transportes, dependiente a su vez de la Consejería que dirige, "lo que en la práctica se tradujo en que fuera el propio empresario quien limitara el ejercicio del derecho de huelga", lo que para Comisiones Obreras es "una manifiesta ilegalidad".
En la querella se añade que Echeverría "recurrió a un método 'tradicional' de presionar a los trabajadores, consistente en el denominado cierre patronal", que se materializó el 29 de junio cuando la dirección de Metro, "siguiendo instrucciones del querellado", dio la orden de cerrar el suburbano, lo que para CCOO constituye un delito de coacciones.
En la querella se solicitan una serie de diligencias, incluida la declaración judicial de Echeverría.
Comisiones Obreras ha explicado que con la querella se pretenden depurar las responsabilidades penales en las que haya podido incurrir la Comunidad de Madrid, "en lo que viene siendo una práctica ilegal que se viene realizando con total impunidad".
Esta práctica consiste según el sindicato en la fijación "unilateral, arbitraria, inmotivada y abusiva" de unas limitaciones al ejercicio del derecho de huelga a través de la imposición de servicios mínimos que vienen siendo anulados reiteradamente por los tribunales, siempre en años posteriores, por lo que "el daño está hecho".
Eso permite "un ejercicio abusivo y prevaricador de la potestad de fijar servicios mínimos con el único objetivo de limitar el ejercicio del derecho de huelga", ha añadido.
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