Madrid, 22 mar.- Los sindicatos CCOO y UGT de Madrid han criticado hoy que Hacienda "persiga a los trabajadores" del Teatro Real para que devuelvan un millón de euros -entre 3.000 y 6.000 euros cada funcionario- porque no se les aplicó la rebaja del 5 % en el sueldo fijada por el Gobierno en 2010.
El secretario general de UGT de Madrid, José Ricardo Martínez, ha manifestado hoy, en una rueda de prensa sobre la reforma laboral, su "radical desacuerdo con que los trabajadores del Teatro tengan que devolver esta cantidad".
"Si ha habido un error en la aplicación de lo que dice la ley, que lo pague el gerente", ha agregado Martínez.
El conflicto se ha producido porque Hacienda reclama al Teatro Real la liquidación de un millón de euros percibido por sus empleados, ya que el coliseo firmó un convenio colectivo que contravenía el Decreto Ley de 2010 por el que se rebajaba el sueldo a todos los empleados públicos.
El Comité de Empresa del teatro atribuye esta situación a una "nefasta gestión de la dirección", y ha advertido de movilizaciones y huelgas que pueden poner en peligro el estreno de las próximas óperas.
Para el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, lo que está ocurriendo en el Teatro Real es "una muestra evidente del diferente trato fiscal que da el Gobierno a los trabajadores".
Tras recordar que "el 90% de la recaudación del IRPF procede del bolsillo de los trabajadores españoles", López ha lamentado que si ha habido "un error de carácter administrativo en la gerencia de una empresa y se aplican unos descuentos en el IRPF que no son los legalmente establecidos, tengan que ser estos trabajadores los que devuelvan estas cantidades".
López ha opinado que "la misma diligencia deberían darse en perseguir el abrumador fraude fiscal que alcanza los 96.000 millones de euros" en España.
Por su parte, el director general del Real, Miguel Muñiz, explicó a Efe que, "efectivamente", a pesar de lo que ordenaba el Decreto Ley de 20 mayo de 2010, aplicable también al Real, entendieron en la negociación del convenio colectivo de aquel tiempo que el acuerdo al que habían llegado dirección y trabajadores "satisfacía el propósito de la ley".
"Estaríamos encantados de no tenerlo que hacer, pero es una ley y hay que cumplirla. Es un mandato y debemos hacerlo obligatoriamente. No podemos hacer nada y si deciden llevar a cabo movilizaciones, será una patada pero quien tiene que responder es el legislador", añadió.
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