Bruselas, 9 abr.- La Comisión Europea (CE) propuso hoy normas que obligarían a las empresas cotizadas en bolsas europeas a someter cada tres años su política de remuneración para los directivos a la votación vinculante de los accionistas.
La iniciativa presentada hoy por el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, forma parte de la propuesta de revisión de la directiva sobre derechos de los accionista de las aproximadamente 10.000 compañías que cotizan en bolsas europeas.
La CE considera que la transparencia sobre las políticas de remuneración son todavía insuficientes en la Unión Europea (UE), donde solo 13 estados miembros conceden a los accionistas el derecho de opinar sobre salarios, a través del voto sobre la política de remuneración o sobre el informe sobre los sueldos.
La propuesta de Barnier tiene una doble vertiente: por un lado aumentar la transparencia sobre los salarios de los ejecutivos de las cotizadas y por otro otorgar a los accionistas el derecho de aprobar -o rechazar- cada tres años la política de remuneración y cada año como voto consultivo el informe correspondiente.
Las compañías tendrán que someter así a voto la remuneración de sus ejecutivos y ésta debe incluir un monto máximo total.
Eso no quiere decir que la CE proponga un tope, sino que serán las empresas las que decidan el límite y para nuevos fichajes podrán desviarse, pero solo si los accionistas lo aprueban a priori o posteriormente con efecto retroactivo.
La Comisión afirma que en muchas ocasiones existe un vínculo insuficiente entre los salarios y el rendimiento de las empresas, sin que los accionistas puedan decidir.
En Francia y Austria, donde los accionistas no pueden opinar sobre los sueldos de los ejecutivos, la remuneración media de los mismos entre 2006 y 2012 aumentó un 94 % y un 27 %, respectivamente, mientras que el precio medio de las acciones de empresas cotizadas cayeron un 34 % y un 46 %.
En Italia y en España, antes de la introducción de un voto consultivo en 2011, el precio medio de las acciones entre 2006 y 2011 disminuyó un 130 % y un 40 %, respectivamente, al tiempo que la remuneración media de los directores de las cotizadas se incrementó un 29 % y un 26 %.
Tras la adopción de la ley el precio medio de los títulos de empresas cotizadas ha aumentado un 10 % y un 5 %, respectivamente, pero la remuneración de los directivos también ha aumentado un 1 % y descendido un 10 %, en cada caso.
La propuesta también incluye otras medidas para mejorar el gobierno corporativo de las cotizadas y cuyos elementos principales son endurecer los requisitos de transparencia para inversores institucionales y gestores de activos sobre su inversión y políticas con las empresas en las que invierten.
También incluye un marco que facilite la identificación de los accionistas para que puedan ejercer su derecho de voto, especialmente en casos transfronterizos, dado que el 44 % de los accionistas son de otro Estado miembro o de otros países.
Las firmas que asesoran el voto de accionistas también tendrán que ser más transparentes sobre las metodologías que emplean para preparar sus consejos y sobre cómo gestionan conflictos de interés.
Por último, Barnier propone una directiva de Sociedades Unipersonales a fin de eliminar los obstáculos a los que se enfrentan las pymes, tanto por costes como por otras trabas, a la hora de hacer negocios transfronterizos.
Solo el 2 % de las pymes invierte y establece subsidiarias en el extranjero y con la propuesta se estandarizarían los requisitos para la creación de empresas con un único accionista en la UE.
Además, se establecería solo un requisito de capital mínimo de 1 euro, protecciones adecuadas para los acreedores a través de pruebas de los balances y una declaración de solvencia, y la posibilidad de registro en línea.
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