CE urge a España a aplicar un nuevo sistema de detección de irregularidades

Bruselas, 29 sep.- La Comisión Europea (CE) ha pedido hoy a España y Francia que apliquen un nuevo sistema de detección e información de irregularidades en la aplicación de fondos europeos, ya que son, junto a Irlanda, los únicos países que no lo utilizan.

España y Francia tienen un nivel de detección de casos muy inferior si se compara proporcionalmente con sus socios comunitarios debido a que no utilizan este sistema, ha declarado en una rueda de prensa el director de Políticas, Legislación y Recursos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Nicholas Ilett.

Ilett ha asegurado que los estados miembros de la Unión Europea usan un nuevo sistema por internet que "da a la Comisión mejor acceso y más datos" sobre las irregularidades que le comunican los gobiernos nacionales.

El número de irregularidades detectadas en la aplicación de fondos europeos aumentó de las 7.769 en 2009 hasta las 10.332 el año pasado debido, según el representante de OLAF, a un cambio en el sistema de control que permite a los gobiernos nacionales detectar más casos.

Según el informe anual de la Comisión Europea (CE) sobre protección de intereses financieros presentado hoy, los fondos de cohesión y los fondos de pre-acceso a la UE son los fondos europeos en los que se detectaron más casos de irregularidad.

En concreto, en las políticas de cohesión se detectaron 7.062 casos de irregularidades en 2010, lo que supone que 3,15 % de las asignaciones en este ámbito y un impacto económico de 1.550 millones de euros, de los que 364 millones fueron en casos de posible fraude.

En 2009 se detectaron 4.737 irregularidades en este ámbito, lo que supone un aumento de casi el 50 % debido a que en 2010 aumentaron los proyectos de cohesión, que se ejecutan de manera cíclica.

En el caso de los fondos de pre-acceso, que se dan a aquellos países candidatos a adherirse en un futuro a la UE, se detectaron irregularidades en el 5,26 % de las asignaciones, es decir, en 424 casos con un impacto de 83 millones de euros.

En un 2,60% de las asignaciones se detectaron posibles fraudes, con un impacto económico de 41 millones.

En otros ámbitos, como la agricultura, el gasto directo o los recursos propios de las instituciones europeas el porcentaje de irregularidades no alcanzó el 2 % en ningún caso.